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El máximo tribunal se expidió en diciembre en la causa que iniciaron la Defensoría del Pueblo de Salta, el Comité de Defensa del Consumidor, la organización El Consumidor en Acción Civil (ECEA), la Cámara de Minería, la Unión Industrial de Salta y la Asociación de Tabacaleros, pero la resolución se conoció días atrás.
De los 170.000 clientes de Gasnor en la provincia, un 30% tiene saldos correspondientes al cargo del gas importado, precisaron fuentes de esa empresa distribuidora.
Según se supo, la prestataria aún no fue notificada de la sentencia. Tampoco recibió instrucciones de cómo proceder al cobro del cargo que adeudan cerca más de 50 mil clientes.
El defensor del Pueblo de Salta, Nicolas Zenteno, dijo a El Tribuno que hará las gestiones necesarias para que "el pago de la deuda de los usuarios sea en cómodas y largas cuotas". Además se buscará que no haya cortes de servicio.
Zenteno señaló un fallo en provincia de Buenos Aires que prohibió restringir el suministro por incumplimientos en los pagos. Adelantó que invocarán ese precedente para proteger a los usuarios.
Lo cierto es que por ahora hay incertidumbre sobre la situación y la deuda que acarrean miles de salteños. El cargo del gas importado, que elevó a montos siderales las facturas hace más de siete años, fue impuesto por el Gobierno nacional ante una infrenable crisis energética que aún persiste.
Gasnor, recordemos, solo actúa como organismo recaudador del plus que se transfiere a la Nación para saldar la importación de hidrocarburos.
En oposición a lo que había resuelto la Cámara Federal de Apelaciones de Salta en 2010, los ministros de la Corte Elena Highton de Nolasco y Carlos Fayt y el entonces juez Eugenio Zaffaroni determinaron que el cargo establecido por el decreto 2067/08 no constituye un impuesto sino que forma parte de la tarifa.
Cada vez más caro
A partir de 2008 muchas familias no pudieron hacer frente al importe total que figuraba en las boletas. En Salta tenían la opción de no pagar el recargo por la importación del recurso.
Ese plus se hizo cada vez más caro, de acuerdo a las distintas resoluciones que el Enargas emitió desde ese entonces, aunque ese organismo instrumentó algunos subsidios al consumo ante el marcado descontento social.
En los primeros tiempos, las categorías R1 y R2, que representan un 61% del universo de conexiones gasíferas residenciales, no estaban alcanzados por el decreto 2067. Para los usuarios agrupados en la categoría R3-2 se estableció en $0,13 el valor unitario del cargo de gas importado por cada metro cúbico consumido y en $0,27 para las familias aglutinadas en la franja R3-4.
Desde la vigencia de la resolución 1982/11 del Enargas, el plus para los R3-2 subió a $0,47 por cada metro cúbico y a $0,94 para los R3-4. Además de esa actualización, el Gobierno nacional decidió que el cargo también abarcara a los usuarios R1 y R2. Para el primer grupo se fijó en $0,08 el valor del recargo por cada metro cúbico y para el segundo, en $0,10.
Para menguar el impacto en el bolsillo de los argentinos, Enargas creó, a su vez, el subsidio al consumo e implementó adicionalmente una subvención para el invierno. En esa estación del año, a los usuarios R3-1 y R3- 2 se le subsidia un 100% en el periodo mayo - septiembre, mientras que ese porcentaje cubre a los clientes R3-3 y R3- 4 solo en el bimestre junio-julio y baja a 70% para agosto y septiembre.
No obstante, el 27 de marzo de 2014, el ministro de Economía Axel Kicillof y su par de Planificación Federal, Julio De Vido, anunciaron una quita de subsidios a los clientes que no ahorren un 20% de gas con respecto al mismo bimestre del año anterior. Con esa nueva imposición, las facturas llegaron con subas de hasta un 600% en Salta.