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Hasta ayer los abogados de este diario no habían podido acceder al expediente, que desde el mismo día en que se dispuso el embargo fue entregado "a préstamo" a uno de los asesores legales de Parodi, quien aún no lo devolvió.
La medida, que obstaculiza la liquidación de sueldos al personal de este diario, los pagos a proveedores y la cobertura de cheques librados a terceros, tiene curiosos ribetes que parecen inclinados a afectar el funcionamiento económico de este medio y amordazar su labor informativa sobre el desempeño de las funciones estatales y el uso de los fondos públicos.
Los hechos
El pasado viernes 31, a las 14, al cierre de la jornada bancaria, la administración del complejo de Limache fue informada por el Macro sobre un embargo de $1.800.000 dispuesto sobre la cuenta de Horizontes SA, la empresa editora de El Tribuno, en esa entidad financiera.
El oficio, que Araníbar firmó como magistrado interino del Juzgado Civil y Comercial de Primera Nominación, había sido notificado a ese banco a las 10.40. Apenas antes había ingresado a la cuenta de Horizontes una liquidación de la Secretaría de Hacienda, por $558.696, en pago por varios meses atrasados de publicidad oficial. Coincidencia más que curiosa, ya que Parodi, como ministro de Economía, tenía pleno conocimiento y dominio sobre ese pago que fue inmediatamente inmovilizado y llevado a una cuenta judicial.
El lunes último entraron a la misma cuenta otros pagos de anunciantes que elevaron los montos trabados a El Tribuno a casi 1.100.000 pesos.
Las cosas no terminaron ahí, ya que Araníbar cesó en su interinato el pasado lunes dejando tras de sí iguales oficios que extendieron los embargos a las cuentas de Horizontes en los bancos Francés, HSBC y Masventas, por $1.800.000, en cada caso.
Con estos inauditos embargos consumados se encontró el flamante juez Civil y Comercial de Primera Nominación, Tomás Méndez Curutchet, cuando asumió el lunes. Aunque hasta ahora no se pudo tener acceso al expediente judicial y conocer las razones que llevaron a Araníbar a bloquear todas las cuentas de El Tribuno, caben algunas consideraciones, con el respeto que la investidura de los jueces merece.
Habría que buscar en Salta antecedentes de tan inusual medida, ya que los jueces se muestran renuentes a otorgar embargos judiciales, sobre fondos depositados en bancos, incluso en juicios que tienen sentencias favorables en primera instancia.
¿Pensó Araníbar que podía disponer el embargo sobre bienes de la empresa, que los tiene, y no afectar a toda la planta editorial de Limache y a sus trabajadores con semejante perjuicio económico?