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Un centenar de pobladores de la localidad de Rivadavia Banda Norte (Morillo) se expresaron en la mañana de ayer en la Ciudad Judicial de Tartagal, reclamando celeridad al juez Nelso Aramayo en la resolución de las causas que involucran a Atta Gerala (PJ), quien en diciembre asumirá por quinta vez como intendente de esa comuna.
Los manifestantes pedían ser atendidos por Aramayo, pero el magistrado se negó a recibirlos por lo que después de dos horas los manifestantes, nucleados en una asociación de campesinos y comunidades indígenas, además de dirigentes barriales de Coronel Juan Solá, se retiraron pacíficamente. "Reiteramos nuestro pedido de justicia", expresaron y consideraron que "con el procesamiento de este personaje nefasto se impedirá que vuelva a poner en práctica la vieja política del apriete, el clientelismo y el abuso de autoridad que hizo durante los 16 años que estuvo al frente del municipio".
Denuncias de cuatro años
Los pobladores pretendían conocer de boca del propio juez las razones de las demoras en la resolución de las denuncias penales que desde hace cuatro años hizo la Municipalidad de Rivadavia contra el exintendente y actual diputado provincial, Atta Gerala, quien en las últimas elecciones se impuso por 30 votos a la actual intendenta Marcela Carabajal.
Es que en ese municipio, durante la cuatro gestiones de Gerala, sucedieron hechos que rayan lo insólito. Solo basta recordar el acta que el 11 de diciembre de 2011, cuando ya había asumido la actual intendenta Carabajal, presentaron varios exfuncionarios para dejar claramente establecido y detallado de qué manera el exintendente había retirado fondos. Según el acta firmada por el contador Juan Lopresti, un abogado y otros funcionarios de la gestión que finalizaba, fue el propio Gerala quien el día 7 de diciembre se llevó la suma de $1.120.000 que nunca ingresó a las arcas municipales.
Otras irregularidades
Si bien ese fue el hecho más escandaloso, no fue el único. Después de la denuncia penal, la Justicia le exigió a Gerala que rindiera el dinero retirado, por lo que presentó facturas que resultaron ser apócrifas y que pertenecían a una supuesta empresa de provisión de áridos y materiales de construcción que no figura como proveedora del municipio, y que no tributa bajo ningún concepto, ni siquiera como monotributista. También se recuerda la sorpresiva quema de registros contables que se produjo en la comuna y que también motivó denuncias.
Los pobladores de ese municipio tampoco desconocen que en el año 2009, cuando la Provincia entregó camionetas doble tracción a la totalidad de los municipios salteños, el entonces intendente de Morillo pidió que le entregaran el dinero en lugar del rodado. Es que no necesitaba una nueva ya que alquilaba sus propias camionetas al municipio y cobraba para su propia empresa.
Pasados cuatro años, los pobladores llegaron por segunda vez a Tartagal para hablar con el juez Aramayo que, como era previsible, no los atendió. El Tribuno trató, mediante la oficina de prensa del Distrito Judicial del Norte, tener la palabra del magistrado pero tampoco hubo respuesta al requerimiento periodístico.
Los manifestantes pedían ser atendidos por Aramayo, pero el magistrado se negó a recibirlos por lo que después de dos horas los manifestantes, nucleados en una asociación de campesinos y comunidades indígenas, además de dirigentes barriales de Coronel Juan Solá, se retiraron pacíficamente. "Reiteramos nuestro pedido de justicia", expresaron y consideraron que "con el procesamiento de este personaje nefasto se impedirá que vuelva a poner en práctica la vieja política del apriete, el clientelismo y el abuso de autoridad que hizo durante los 16 años que estuvo al frente del municipio".
Denuncias de cuatro años
Los pobladores pretendían conocer de boca del propio juez las razones de las demoras en la resolución de las denuncias penales que desde hace cuatro años hizo la Municipalidad de Rivadavia contra el exintendente y actual diputado provincial, Atta Gerala, quien en las últimas elecciones se impuso por 30 votos a la actual intendenta Marcela Carabajal.
Es que en ese municipio, durante la cuatro gestiones de Gerala, sucedieron hechos que rayan lo insólito. Solo basta recordar el acta que el 11 de diciembre de 2011, cuando ya había asumido la actual intendenta Carabajal, presentaron varios exfuncionarios para dejar claramente establecido y detallado de qué manera el exintendente había retirado fondos. Según el acta firmada por el contador Juan Lopresti, un abogado y otros funcionarios de la gestión que finalizaba, fue el propio Gerala quien el día 7 de diciembre se llevó la suma de $1.120.000 que nunca ingresó a las arcas municipales.
Otras irregularidades
Si bien ese fue el hecho más escandaloso, no fue el único. Después de la denuncia penal, la Justicia le exigió a Gerala que rindiera el dinero retirado, por lo que presentó facturas que resultaron ser apócrifas y que pertenecían a una supuesta empresa de provisión de áridos y materiales de construcción que no figura como proveedora del municipio, y que no tributa bajo ningún concepto, ni siquiera como monotributista. También se recuerda la sorpresiva quema de registros contables que se produjo en la comuna y que también motivó denuncias.
Los pobladores de ese municipio tampoco desconocen que en el año 2009, cuando la Provincia entregó camionetas doble tracción a la totalidad de los municipios salteños, el entonces intendente de Morillo pidió que le entregaran el dinero en lugar del rodado. Es que no necesitaba una nueva ya que alquilaba sus propias camionetas al municipio y cobraba para su propia empresa.
Pasados cuatro años, los pobladores llegaron por segunda vez a Tartagal para hablar con el juez Aramayo que, como era previsible, no los atendió. El Tribuno trató, mediante la oficina de prensa del Distrito Judicial del Norte, tener la palabra del magistrado pero tampoco hubo respuesta al requerimiento periodístico.
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