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La grave acusación fue realizada por referentes de dos cooperativas, quienes días pasados ya habían denunciado que, por trabajos realizados en un complejo habitacional, el Gobierno provincial aún les adeuda unos 500 mil pesos.
Ahora, Diego Roldán y Mario Cáceres, de la Cooperativa Emanuel y de Fundatrad, respectivamente, aseguran que "hay connivencia de los funcionarios que deben certificar las obras, con los empresarios de la construcción afines al Gobierno, sumado al silencio de la UOCRA y la mala calidad de las viviendas que entrega el Instituto Provincial de Vivienda".
La semana pasada, Roldán y Cáceres reclamaron el pago de haberes por la construcción del nuevo barrio de Tartagal denominado 100 de Viviendas Santa María. El complejo fue entregado a fines del año pasado y según aseguran los cooperativistas, que trabajaron durante un año, "la calidad de las viviendas es muy mala. Cuando estábamos en plena obra no podíamos dejar ni una bolsa de cemento porque los techos se llovían y por eso, cuando hicieron la entrega, les colocaron una membrana. Había 5 casas que debían demolerse porque estaban cruzadas, y los inspectores del IPV saben que esto es cierto. Ellos hicieron los controles para certificar el avance de obra y la calidad de los trabajos", contaron.
Dádivas en los controles
Tanto Roldán como Cáceres, junto a otros desocupados, explicaron que "cuando ingresamos a la obra, la estructura básica de las viviendas ya estaba construida. A nosotros nos tocó la mampostería, revoques, colocación de aberturas, revestimientos y pisos. La estructura de las casas era mala, pero quienes venían a certificar no solo el avance sino la buena calidad de los trabajos, eran inspectores del IPV. Un ingeniero venía desde Salta cada 15 días y la empresa Garín (adjudicataria original de los trabajos que fue subadjudicada a los cooperativistas) le pagaba combustible y estadía, pese a que el IPV lo manda con todos los gastos pagos. Al finalizar la obra de ese barrio, la empresa le regaló a ese inspector una camioneta Amarok 4x4. Ese inspector tendría que explicar en calidad de qué le hicieron ese regalito".
"Nos exigen de todo para contratarnos, pero nos pagan la mitad de las certificaciones. Como no hay más trabajo nos tenemos que conformar", Mario Cáceres, dirigente Fundatrad
Ahora, Diego Roldán y Mario Cáceres, de la Cooperativa Emanuel y de Fundatrad, respectivamente, aseguran que "hay connivencia de los funcionarios que deben certificar las obras, con los empresarios de la construcción afines al Gobierno, sumado al silencio de la UOCRA y la mala calidad de las viviendas que entrega el Instituto Provincial de Vivienda".
La semana pasada, Roldán y Cáceres reclamaron el pago de haberes por la construcción del nuevo barrio de Tartagal denominado 100 de Viviendas Santa María. El complejo fue entregado a fines del año pasado y según aseguran los cooperativistas, que trabajaron durante un año, "la calidad de las viviendas es muy mala. Cuando estábamos en plena obra no podíamos dejar ni una bolsa de cemento porque los techos se llovían y por eso, cuando hicieron la entrega, les colocaron una membrana. Había 5 casas que debían demolerse porque estaban cruzadas, y los inspectores del IPV saben que esto es cierto. Ellos hicieron los controles para certificar el avance de obra y la calidad de los trabajos", contaron.
Dádivas en los controles
Tanto Roldán como Cáceres, junto a otros desocupados, explicaron que "cuando ingresamos a la obra, la estructura básica de las viviendas ya estaba construida. A nosotros nos tocó la mampostería, revoques, colocación de aberturas, revestimientos y pisos. La estructura de las casas era mala, pero quienes venían a certificar no solo el avance sino la buena calidad de los trabajos, eran inspectores del IPV. Un ingeniero venía desde Salta cada 15 días y la empresa Garín (adjudicataria original de los trabajos que fue subadjudicada a los cooperativistas) le pagaba combustible y estadía, pese a que el IPV lo manda con todos los gastos pagos. Al finalizar la obra de ese barrio, la empresa le regaló a ese inspector una camioneta Amarok 4x4. Ese inspector tendría que explicar en calidad de qué le hicieron ese regalito".
"Nos exigen de todo para contratarnos, pero nos pagan la mitad de las certificaciones. Como no hay más trabajo nos tenemos que conformar", Mario Cáceres, dirigente Fundatrad
Más sospechas
Ambos dirigentes dicen tener sospechas de que "las empresas que ganan todas las licitaciones están integradas por funcionarios, esto hay que decirlo con todas las letras. En realidad, lo que sabemos es que uno de los accionistas es un funcionario del más alto nivel. Eso lo comentan los mismos funcionarios del IPV y los dueños de las otras empresas constructoras que no consiguen obras en la zona. Pero a nosotros no nos interesa quienes son los dueños, sino que se nos pague por el trabajo que hemos hecho y no "negrear'' a la gente. Aquí los trabajadores no ven dinero porque se les entregan vales para un supermercado, para un corralón y así los arreglan. Vamos a ir a la justicia a reclamar y nuestro abogado, Sergio Heredia, se comprometió a acompañarnos hasta las últimas consecuencias, porque no le vamos a regalar nuestro trabajo a nadie", aseguraron.
Ambos dirigentes dicen tener sospechas de que "las empresas que ganan todas las licitaciones están integradas por funcionarios, esto hay que decirlo con todas las letras. En realidad, lo que sabemos es que uno de los accionistas es un funcionario del más alto nivel. Eso lo comentan los mismos funcionarios del IPV y los dueños de las otras empresas constructoras que no consiguen obras en la zona. Pero a nosotros no nos interesa quienes son los dueños, sino que se nos pague por el trabajo que hemos hecho y no "negrear'' a la gente. Aquí los trabajadores no ven dinero porque se les entregan vales para un supermercado, para un corralón y así los arreglan. Vamos a ir a la justicia a reclamar y nuestro abogado, Sergio Heredia, se comprometió a acompañarnos hasta las últimas consecuencias, porque no le vamos a regalar nuestro trabajo a nadie", aseguraron.
La Uocra en silencio
Tanto Mario Cáceres como Diego Roldán, quienes tomaron la decisión de revelar la situación por la que atraviesan los desocupados de Mosconi y Tartagal, consideraron que "los trabajadores de la construcción del departamento San Martín no tienen quién los defienda", y apuntaron contra el gremio del área al señalar que "la Uocra está en connivencia con los empresarios y con el Gobierno. Si algún trabajador va al gremio a reclamar por la falta de pago de certificaciones u otra irregularidad, no solo no lo escuchan sino que lo mandan al frente con la patronal y, en la siguiente quincena, quedan sin trabajo".
Ambos trabajadores van más allá y lanzaron el interrogante sobre el destino del dinero: "¿A dónde va la plata que se le descuenta a cada trabajador del departamento? La sede de Uocra en Tartagal es un pocilga que no tiene ni baño. Los empleados de comercio, los afiliados de ATE, los petroleros, todos tienen sedes con salones y consultorios médicos. En cambio en la Uocra nos atienden en una pieza que se cae. Nos da mucha impotencia ver de qué manera los que se dicen representantes no pueden ni explicar qué hacen con el aporte de los cientos de trabajadores de la construcción que perciben mensualmente".
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