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"La Justicia si es lenta no es justicia", reza una antigua frase que más de un juez o víctima repitió. El martes se conoció la decisión de la Justicia de imputar al exsubsecretario de Defensa Civil, Víctor Ola Castro y a los jefes de los Programas de Brigada Forestal y de Defensa de Ambiente, Roberto Durnelli y Víctor Dagum, por la tragedia de Guachipas en la que cuatro brigadistas fallecieron.
En diálogo con El Tribuno, Carlos Saravia, abogado de los familiares, destacó ayer que las familias Valdez y Vilte se presentarán como querellantes en la causa. "Lo que está claro es que demoraron un año y siete meses en abrir la investigación, y esto habla de un archivo de la causa", cuestionó Saravia. El abogado adelantó que -si bien apoyan este nuevo proceso de investigación- no están de acuerdo con la calificación de las fiscales.
"Para nosotros la investigación debe cubrir la hipótesis de homicidio culposo. Porque consideramos que la muerte de estas cuatro personas en Guachipas tiene como causa la negligencia de los funcionarios. Por lo que vamos a pedir que se revise este encuadre legal", adelantó el letrado.
La muerte de Martín Albarracín, Víctor Ferreyra, Matías Daniel Vilte y Mauricio Valdez se produjo en 28 de octubre de 2014 en el paraje Las Juntas. Luego de una breve investigación, la causa fue archivada por considerarse que no existían responsables por la muerte de los cuatro jóvenes. Posteriormente, a través de El Tribuno se conoció un video que el joven Martín Albarracín -víctima fatal del incendio- filmó con su celular en el momento del siniestro. Esto hizo posible la reapertura de la investigación del caso en agosto de 2015 y recién ahora la causa volvió a tener carátula e imputados.
En diálogo con El Tribuno, Carlos Saravia, abogado de los familiares, destacó ayer que las familias Valdez y Vilte se presentarán como querellantes en la causa. "Lo que está claro es que demoraron un año y siete meses en abrir la investigación, y esto habla de un archivo de la causa", cuestionó Saravia. El abogado adelantó que -si bien apoyan este nuevo proceso de investigación- no están de acuerdo con la calificación de las fiscales.
"Para nosotros la investigación debe cubrir la hipótesis de homicidio culposo. Porque consideramos que la muerte de estas cuatro personas en Guachipas tiene como causa la negligencia de los funcionarios. Por lo que vamos a pedir que se revise este encuadre legal", adelantó el letrado.
La muerte de Martín Albarracín, Víctor Ferreyra, Matías Daniel Vilte y Mauricio Valdez se produjo en 28 de octubre de 2014 en el paraje Las Juntas. Luego de una breve investigación, la causa fue archivada por considerarse que no existían responsables por la muerte de los cuatro jóvenes. Posteriormente, a través de El Tribuno se conoció un video que el joven Martín Albarracín -víctima fatal del incendio- filmó con su celular en el momento del siniestro. Esto hizo posible la reapertura de la investigación del caso en agosto de 2015 y recién ahora la causa volvió a tener carátula e imputados.
Omar Valdez: "Quiero que se investigue quién fue el responsable de mandar a los chicos"
Luego del archivo del caso que realizó el fiscal Penal de Cerrillos, Gabriel Portal, los familiares de las víctimas ya habían presentado todo un informe sobre la precariedad en la que estaban trabajando los brigadistas, la falta de apoyo, la ausencia de relevamiento meteorológico y la falta de previsión de una ruta de escape. "Nosotros creemos que hubo imprevisión de lo que podía ocurrir con estos chicos", dijo.
El abogado de las familiares Valdez y Vilte agregó que también lleva adelante una querella civil y que el pasado lunes recibieron una notificación que les adelantó que finalmente recibirán una copia de lo investigado en este último tiempo. "El grueso de las medidas probatorias las hizo el fiscal Portal, ahora las acciones de los fiscales Mónica Poma y Gabriela Romero Nayar fueron bastante pobres. No hubo un vértigo de investigación, incluso estuvimos presentando varios escritos para que esto se movilice", cuestionó Saravia.
Cansados de esperar
El abogado relató que desde hace seis meses los familiares de Martín Albarracín resolvieron no presentarse ante la Justicia porque sencillamente "ya no creen en ella".
"Esta decisión se da porque se ve que no hay actitud de resolver por parte de los miembros del Poder Judicial. Necesitamos que los gobernantes tengan un mayor nivel de sensibilidad. Nunca hubo un sumario administrativo para quienes tuvieron que ver con este tema. Los muchachos que murieron habían sido contratados para trabajo de desmalezado y los colocaron en una brigada contra incendios sin preparación", contó Saravia.
Al expediente se sumaron los informes de Defensa Civil y del 911, que tienen relación directa con las declaraciones de los vecinos, los supuestos relevamientos aéreos y los llamados denunciando el fuego en los 11 días que este estuvo activo, y las filmaciones de Albarracín.
Luego del archivo del caso que realizó el fiscal Penal de Cerrillos, Gabriel Portal, los familiares de las víctimas ya habían presentado todo un informe sobre la precariedad en la que estaban trabajando los brigadistas, la falta de apoyo, la ausencia de relevamiento meteorológico y la falta de previsión de una ruta de escape. "Nosotros creemos que hubo imprevisión de lo que podía ocurrir con estos chicos", dijo.
El abogado de las familiares Valdez y Vilte agregó que también lleva adelante una querella civil y que el pasado lunes recibieron una notificación que les adelantó que finalmente recibirán una copia de lo investigado en este último tiempo. "El grueso de las medidas probatorias las hizo el fiscal Portal, ahora las acciones de los fiscales Mónica Poma y Gabriela Romero Nayar fueron bastante pobres. No hubo un vértigo de investigación, incluso estuvimos presentando varios escritos para que esto se movilice", cuestionó Saravia.
Cansados de esperar
El abogado relató que desde hace seis meses los familiares de Martín Albarracín resolvieron no presentarse ante la Justicia porque sencillamente "ya no creen en ella".
"Esta decisión se da porque se ve que no hay actitud de resolver por parte de los miembros del Poder Judicial. Necesitamos que los gobernantes tengan un mayor nivel de sensibilidad. Nunca hubo un sumario administrativo para quienes tuvieron que ver con este tema. Los muchachos que murieron habían sido contratados para trabajo de desmalezado y los colocaron en una brigada contra incendios sin preparación", contó Saravia.
Al expediente se sumaron los informes de Defensa Civil y del 911, que tienen relación directa con las declaraciones de los vecinos, los supuestos relevamientos aéreos y los llamados denunciando el fuego en los 11 días que este estuvo activo, y las filmaciones de Albarracín.
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