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El oficialismo de la Cámara de Diputados estudia la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias en la segunda mitad de febrero, cuando podría ponerse en agenda la postergada reforma laboral, resistida por un importante arco gremial y político opositor.
La alternativa de convocar a sesiones extraordinarias en febrero dependerá de los acuerdos a los que se puedan alcanzar con los bloques opositores, ya que el oficialismo quiere evitar a toda costa que se reediten condiciones de alta tensión política como las que se vivieron a fines de este año en el Congreso.
“Quedaron resquebrajadas las relaciones pero se puede encauzar. El Congreso se abre si hay consenso. Sino no”, afirmaron fuentes del oficialismo parlamentario.
En este marco, se analiza la posibilidad de desdoblar la reforma laboral en dos proyectos, de modo tal de suavizar el impacto político, teniendo en cuenta que algunos aspectos de la iniciativa que modifica la ley de Contrato de Trabajo generan escozor en sectores sindicales.
Además de la reforma laboral, será prioridad del Gobierno durante el año parlamentario 2018 reflotar la reforma política, con la incorporación del voto electrónico (y sin tocar el sistema de las PASO), y la reforma del Ministerio Público Fiscal.
En la hoja de ruta aparece el retorno de las sesiones ordinarias, luego de un 2017 totalmente huérfano de ese tipo de convocatorias.
Dentro del esquema de poder que tiene en mente el oficialismo, la idea sería ocupar tres comisiones más de las 18 que actualmente posee: en el reparto, una sería para el PRO, otra para la UCR y la restante para la Coalición Cívica.
Si bien se especulaba con que parte del botín incluía arrebatarle al petrolero Alberto Roberti (Bloque Justicialista) la presidencia de la comisión de Legislación del Trabajo, finalmente esa opción fue dejada de lado para no desgastar el vínculo con la bancada que se perfila como principal socio parlamentario de Cambiemos en los próximos dos años.
Luego del agrietado debate que se dio en el Congreso durante diciembre y que levantó la temperatura entre los integrantes de la Cámara baja, la idea del oficialismo es bajar los decibeles y recuperar el diálogo político con el massismo, que solía ser un socio parlamentario pero que en el último tiempo eligió replegarse junto a la oposición más dura.
Las fuentes consultadas aseguraron que buscarán ‘recomponer las relaciones‘ con el Frente Renovador, bloque que en las últimas elecciones sacrificó a su jefe político Sergio Massa, que se quedó sin banca, y ahora busca acomodarse en el tablero institucional con una fuerza significativamente más modesta, con 17 diputados.
A la hora de encaminar leyes, la primera fila en la interlocución del Gobierno ya no será ocupada por representantes del Congreso como sucedía hasta este año con el exmandamás de Tigre como máximo exponente, sino que el oficialismo negociará directamente los votos con los gobernadores, con predicamento sobre el grupo de diputados de Argentina Federal (con base en el bloque Justicialista).
Así y todo, desde Cambiemos admitieron que Argentina Federal no es un interbloque tan compacto y que el sistema de lealtades que varios de sus diputados tributan a los gobernadores no está tan aceitado como para confiar ciegamente en un comportamiento uniforme y sin fisuras, como evidenciaron las diferencias internas en la votación de la reforma previsional.
“Conceptualmente representan a la gente. Por eso hubo rebeldías. Fue muy difícil ordenar al conjunto. Me alegra que en la última sesión (Presupuesto y Reforma Tributaria) se hayan ordenado”, señalaron.