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La justicia federal solicitó 4 años de prisión efectiva para Carla Cordero, ex directora de la Diversidad durante la gestión de Mario Mimessi, actual ministro de Desarrollo Social. El fiscal federal Marcos Romero pidió la elevación a juicio de la causa en la que Cordero está imputada por el delito de defraudación contra la administración pública. Además, solicitó la misma pena de prisión efectiva para los otros imputados: su ex secretaria Sandra Domínguez, Lautaro Tomás Hurtado (hijo de Domínguez), y Celeste Abigail Robles, empleada de la misma dirección.
Los hechos investigados
La investigación se remonta al año 2021, cuando algunas mujeres denunciaron que Cordero y su equipo las persuadían para formular denuncias falsas como víctimas de violencia de género. Estas mujeres, al ser aceptadas en el programa nacional Acompañar -del cual Cordero era responsable en la zona-, debían entregar un porcentaje del dinero recibido mensualmente bajo la amenaza de ser excluidas del beneficio.
La maniobra fue destapada cuando varias mujeres, aunque no quisieron dar sus nombres, compartieron sus testimonios en medios locales. Tres ex concejales -el electo diputado provincial Nicolás Arce, el actual secretario de Gobierno Ernesto Restom y la dirigente social Elba Rodas-, con la asistencia legal del penalista Alexis Rambert Ríos, presentaron la denuncia formal en el Escuadrón 52 de Gendarmería Nacional en Tartagal. Pocos meses después, Grecia Nahir del Milagro Arias, una beneficiaria del programa, se negó a seguir compartiendo el beneficio. A mediados de noviembre, formalizó la denuncia en la Comisaría 45 de Tartagal. A su denuncia se sumó la titular del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Ayelén Mazzina Guiñazú, quien actuó como querellante en el caso.
Elevación a juicio y nuevas revelaciones
El pasado 30 de junio, el fiscal Romero pidió la elevación a juicio y la imposición de 4 años de prisión efectiva para Cordero, quien además está relacionada sentimentalmente con Farid Obeid, Director General de Articulación y Promoción del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y ex vocal del Tribunal de Cuentas Municipal durante la gestión Mimessi.
La importancia de denunciar la corrupción
Alexis Rambert Ríos, abogado que asesoró a los ex concejales en este caso, destacó la relevancia de la denuncia: "Es importante que tres ediles se hayan animado a formalizar una denuncia, aunque ninguno de ellos quiso constituirse como querellante. Estas funcionarias inventaban denuncias para que las mujeres que contactaban pudieran recibir los beneficios, pero a cambio de una parte del subsidio. Además, ellas mismas gestionaban el programa Acompañar. Ahora se sabrá cuántas mujeres fueron inducidas por Cordero a mentir sobre ser víctimas de violencia de género, lo cual es una actitud incalificable de alguien que estaba a cargo de un área tan sensible como la de la mujer."
El segundo caso de corrupción en la administración Mimessi
Cordero es la segunda funcionaria de la gestión Mimessi en enfrentar cargos por corrupción relacionada con la ayuda social. La primera fue la ex concejal Alejandra Paola Díaz, quien fue hallada culpable junto a su hermana Rosa Díaz de vender la ayuda destinada a comunidades originarias del Chaco Salteño, que llegaba a través de fundaciones de otras provincias. En ese caso, la denuncia fue presentada por una hermana mayor de ambas mujeres. Al igual que en el caso de Cordero, la administración Mimessi nunca cuestionó a Díaz, quien, a pesar de estar detenida, continuó en su cargo gracias al apoyo de la bancada radical hasta el final de su mandato.
En este caso, la fiscalía penal solicitó que Cordero y los demás imputados enfrenten 4 años de prisión efectiva por el delito de concusión agravada, de acuerdo con los artículos 266 y 268 del Código Penal. Además, pidió su inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos y una multa equivalente a cuatro veces el monto del daño causado a las arcas del Estado Nacional.