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El ciudadano Marcos Alberto Molina, con el patrocinio del abogado Luis Fernández, presentó ante el Juzgado Federal con competencia electoral de Salta un pedido para que se investigue si la publicidad que recibe una radio no constituye una forma de financiamiento indirecto e ilegal de la campaña electoral de su propietario.
La presentación se refiere explícitamente a los avisos de empresas privadas como Banco Macro, Edesa, Agrotécnica Fueguina, Coca Cola; y organismos públicos como Gobierno de la Nación, Gobierno de la Provincia, Municipalidad de Salta y otros municpios que se transmiten a través de la emisora de la que es propietario el precandidato de Cambiemos, Martín Grande. "No es una denuncia sino ejercicio ciudadano de derecho a la información, ya que si así fuera, esta publicidad otorgaría a este precandidato una ventaja con respecto a los que no son propietarios de medios de comunicación", dice el escrito.
Cabe señalar que Martín Grande suspendió su actividad periodística para dedicarse de lleno a la campaña.
Molina hace referencia a que la ley electoral prohíbe que los candidatos reciban fondos de empresas y organismos estatales, concesionarias del estado o administradoras de juegos de azar, además de los previstos y regulados. Las compañías y organismos que menciona en su escrito son los habituales clientes de las radios y otros medios salteños.
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