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Rubén Arenas
La maquinaria del juicio al exjuez federal de Orán, Raúl Juan Reynoso, entrará en acción a partir de mañana lunes con el desfile de los primeros testigos de una lista de 176 personas citadas para este proceso. Los motores ya se calentaron en la audiencia anterior con la declaración del hombre que durante 11 años piloteó el estratégico juzgado norteño y que está acusado liderar una asociación ilícita que dedicaba a la concesión de resoluciones judiciales para favorecer la narcocriminalidad cambio de dinero y/o dádivas.
El juicio ha concitado la atención de todo el país por tratarse de un caso de inusitada gravedad institucional y que puso a la justicia federal estado de shock. Reynoso era el responsable de combatir el narcotráfico y el contrabando en la caliente frontera con Bolivia. De acuerdo con la acusación a partir 2010 este abogado campechano, de 58 años de edad, montó una aceitada maquinaria para lucrar con el cargo que ostentaba. Según la investigación fiscal, desde su rol de estratega, Reynoso era el que distribuía las funciones a los integrantes de la organización criminal, cuyos principales sostenes eran los abogados Ramón Antonio Valor, María Elena Esper, Eladio Arsenio Gaona y René Alberto Gómez. Se determinó que estos letrados gestionaban e interactuaban en el dictado de las resoluciones y el cobro de los sobornos a sus clientes, utilizando como excusa el ejercicio de su actividad profesional.
El accionar delictivo se complementaba con el aporte de Miguel Ángel Saavedra y César Julio Aparicio, dos experimentados sumariantes del Juzgado Federal. Al primero se le atribuye la confección del cóctel de resoluciones para justificar las sospechosas libertades que Reynoso otorgaba a narcotraficantes acusados del transporte, acopio y comercialización de cocaína en gran escala, valuada en sumas millonarias. En tanto que Aparicio está sindicado como la persona que recaudaba el dinero o las dádivas y, en algunos casos, de realizar operaciones comerciales tendientes a traspasar los bienes malhabido a nombre de otras personas con el propósito de impedir la detección de sus anteriores titulares. En medio de estas oscuras negociaciones apareció involucrada una hermana de este imputado, Rosalía Candelaria Aparicio, una jubilada de 65 años, quien actuó como prestanombre de una finca que un detenido habría entregado a la organización a cambio de su libertad.
En su descargo Reynoso sostuvo que todas las resoluciones se ajustaron a derecho y que dispuso las excarcelaciones por falta de pruebas o por cuestiones de salud de los imputados. Para darle más sustento a su proceder refirió que en muchas oportunidades tuvo que liberar a narcotraficantes porque en su jurisdicción no contaba con una cárcel para alojar a presos federales. Sin embargo, para el Ministerio Público Fiscal los nueve casos por los que fue investigado, en esta primera etapa, no se pueden sostener desde el punto de vista jurídico ni de la lógica.
Caso testigo
Lo que más compromete a Reynoso es el caso del poderoso empresario boliviano José Luis Sejas Rosales, quien fue detenido el 31 de marzo de 2015, acusado de "contrabando agravado de estupefacientes (cocaína), en concurso real con contrabando doblemente agravado por tratarse de sustancia peligrosa para la salud (tolueno) y por la presentación de documentos adulterados o falsos ante el servicio aduanero, en calidad de autor". El 23 de abril la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) radicó una denuncia penal ante Reynoso solicitando la acumulación de otras causas contra Sejas Rosales, al que le imputó el carácter de "jefe de una asociación ilícita criminal dedicada al tráfico transnacional de cocaína desde el Estado Plurinacional de Bolivia". El organismo, creado en 2013 para combatir el crimen organizado en el país, había aportado las pruebas pertinentes respecto de las maniobras desplegadas por el imputado, en forma sistemática, en al menos ocho hechos. Reportó que la organización criminal que lideraba Sejas Rosales estaba integrada por familiares directo y por los distintos choferes que conducían sus camiones cisterna en los que se ingresaba la droga al país. Al día siguiente de esta presentación Reynoso no solo modificó la carátula original y desacreditó la denuncia de la Procunar, sino que le otorgó la libertad al empresario al haberle adjudicado el rol de partícipe secundario de los hechos que se investigaban. En su declaración del lunes pasado el exjuez argumentó que cuando indagó al chofer del camión que transportaba 600 litros de droga en estado químico y a Sejas Rosales, ambos manifestaron que no se conocían y con este simple descargo liberó al empresario, sin siquiera tomar en cuenta que era el propietario del vehículo.
Un detalle que no dejó de llamar la atención a los investigadores de la fiscalía federal de Salta y de la Procunar fue el hecho de que Sejas Rosales eligió como defensor al abogado Ramón Antonio Valor quien, paradójicamente, había tenido participación en el expediente como juez subrogante del Juzgado Federal de Orán. El abogado David Arnaldo Leiva, uno de los denunciantes en esta causa, declaró que tomó conocimiento a través de un preso que por la libertad de Sejas Rosales se pagaron 350.000 dólares, de los cuales 50 mil fueron a los bolsillos de Valor.