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La segunda jornada de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa se enfocó en los informes sobre los atropellos que padece el periodismo en el continente.
La muerte de 29 periodistas y la desaparición de un fotorreportero llevaron al secretario de Libertad de Prensa, el mexicano Roberto Rock, a calificar a este año como "funesto".
La muerte es la violencia extrema. No solo las dictaduras se han ensañado con los hombres de prensa. Los seis muertos en EEUU fueron víctimas, aparentemente, de maniáticos. Los once mexicanos fueron asesinados en diversas regiones del país, a manos del crimen organizado.
Otras violencias
Matar, encarcelar o presionar a un periodista o a un medio en razón de la información que brinda es cercenar un derecho básico en la "sociedad del conocimiento". El informe de la SIP fue mostrando ayer las mordazas que se registran en cada país. Más allá de los autoritarismos irracionales de Nicolás Maduro y Daniel Ortega, las tensiones continúan en todos lados.
El problema es si se acalla o no a la prensa, si se tolera un despliegue inteligente de lo que ocurre o si el discurso oficial (que es generalmente expresión de deseos) no resiste la mirada profesional.
En Costa Rica, en El Salvador, en Colombia, las coberturas de protestas suelen dejar a los hombres y mujeres de prensa en medio de los garrotes policiales y los cascotes de los activistas. Pero en Chile, donde la violencia política parece un mal recuerdo, existen proyectos de ley que si se llegan a sancionar, podrían convertirse en una nueva forma de censura. Tal vez, encubierta. Por ejemplo, el de la Ley de Olvido, que obligaría a borrar de los registros digitales hechos de orden público que concluyeron con el sobreseimiento del acusado. Lo mismo ocurre con las informaciones sobre menores de edad o la publicación de criterios que podrían ser interpreta- dos como estereotipos femeninos negativos. Son criterios que dejan demasiado espacio a la discrecionalidad.
En todas partes, la denegación de información oficial, la proscripción de determinados periodistas en las conferencias de prensa, la presión con la publicidad oficial y la coacción con los inspectores de entes recaudadores son un síntoma de lo mismo: la incomodidad del poder frente a los medios.
El caso cubano
El informe referido a Cuba fue redactado por el periodista Henry Constantín. Pero lo leyó Carlos Jornet, de La Voz del Interior. A Constantín el régimen no lo dejó viajar.
La ausencia habla por sí sola. El nuevo presidente de la isla, Miguel Díaz Canel, no viste uniforme, pero se comporta como un burócrata del viejo cuño soviético.
Una grabación clandestina, no validada pero creíble, permite escuchar a Díaz Canel cuando califica de "subversiva" cualquier publicación que cuestione al régimen; justifica la censura en nombre de una "guerra cultural", y define que la libertad de expresión "debe ajustarse a la ley" socialista; afirma que los medios "son propiedad del pueblo" y que deben estar al servicio del "interés del pueblo", es decir, del gobierno de La Habana.
Para desilusión de nuestras feministas pero sin desentonar con la muy "patriarcal" historia de la revolución cubana, todos los periodistas sufren hostigamiento, pero las mujeres soportan las peores condiciones de detención, incluidos abusos y manoseos.
Es simple: hace 31 años, un embajador cubano dijo a El Tribuno: "No podemos tener prensa libre, porque estamos a 106 millas de Florida.