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En los últimos días se conoció que la Auditoría General de la Provincia aprobó un informe que evita mirar dónde más debía hacerlo. El relevamiento sobre la gestión de la exintendenta y actual diputada nacional Yolanda Vega terminó siendo un trámite complaciente que deja bajo sospecha el cierre de su gobierno en Cerrillos. El organismo fijó como fecha de corte el 30 de septiembre de 2023, dos meses antes del cambio de mando, excluyendo el período donde suelen concentrarse las maniobras más sensibles: endeudamientos, contrataciones directas, ventas de bienes municipales y aumentos de gastos corrientes.
El presidente de la Auditoría General de la Provincia, Gustavo Ferraris, reconoció en una entrevista en un medio capitalino que no compartió los alcances del relevamiento, al que calificó como "incorrectamente planificado". Confirmó además que el informe fue elaborado por el contador Javier "Chamano" Cancinos, quien mantenía una relación personal y de amistad con Vega, situación que derivó en su apartamiento recién en agosto pasado. La exintendenta y actual diputada nacional es madrina de casamiento de Cancinos.
Según el presidente del organismo, el caso de Cerrillos se trató de una "auditoría de transición" que no debió haber sido realizada por quien tenía un vínculo directo con la funcionaria saliente. En palabras de Ferraris, esa auditoría se firmó bajo el área de Cancinos y luego fue objeto de su disidencia formal: "No comparto los alcances del trabajo; fue incorrectamente planificado", señaló.
El informe no detecta irregularidades
El informe aprobado no detecta irregularidades relevantes, omite los meses finales del mandato y presenta graves inconsistencias patrimoniales. En síntesis, certifica la corrección de una gestión que nunca fue revisada por completo.
Mientras tanto, los datos de la nueva administración son contundentes. Al asumir en diciembre de 2023, el intendente Enrique Borelli encontró un municipio sin maquinaria operativa, con una deuda millonaria, expedientes desordenados, obras mal ejecutadas y más de 80 loteos irregulares autorizados durante la gestión Vega. A esto se suman las denuncias recientes de la contadora Gabriela Juárez, titular de Rentas, quien descubrió más de 100 comercios con habilitaciones falsas y cobros clandestinos que nunca ingresaron a las arcas municipales.
Ferraris fue claro: Cancinos no debió haber intervenido en la auditoría de transición. Pero lo hizo, actuando como juez y parte en un proceso que debía garantizar transparencia. Esa irregularidad deja abierta una pregunta que en Cerrillos sigue sin respuesta: ¿Dónde está el dinero que faltaba cuando Borelli asumió el municipio? La Auditoría, lejos de denunciar, convalidó un informe a medida. Y en plena campaña electoral, Cerrillos vuelve a ser el espejo de una práctica enquistada en la política salteña: el control entre amigos y la impunidad institucionalizada.
Según la normativa de la Auditoría General de la Provincia de Salta (AGPS), existe un procedimiento especial denominado "Relevamiento de Información para la Transición Institucional Municipal", previsto por la Resolución AGPS Nº 16/15. Este relevamiento se aplica cuando cambia la autoridad municipal, con el objetivo de brindar información para la transferencia ordenada entre la gestión saliente y la entrante. Es importante aclarar que este procedimiento es complementario al sistema general de auditoría y no lo sustituye.
La AGPS es un ente autárquico creado por la Ley N.º 7.103, encargada de controlar, fiscalizar y auditar el uso de los recursos públicos provinciales y municipales.