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En el debate abierto en el Congreso por una eventual modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar, la situación de Salta aparece diferenciada respecto de otras provincias mineras cordilleranas. En el territorio salteño no se registran proyectos mineros en ejecución o en etapa avanzada que se encuentren emplazados cercanos a glaciares ni sobre estructuras glaciares que condicionen su desarrollo. Aunque, claro, esto podría cambiar en futuros yacimientos de minerales a descubrirse.
La localización de los proyectos mineros, sumada a las características de las geoformas relevadas en la provincia, explica por qué el impacto concreto de la normativa vigente actualmente resulta limitado. Esta realidad fue ratificada tanto por los resultados del Inventario Nacional de Glaciares como por las definiciones expresadas desde la Cámara de la Minería de Salta (CMS), que de todas maneras apoya la modificación que impulsa Nación a la ley de glaciares, pero con algunas aclaraciones.
Inventario nacional
El Inventario Nacional de Glaciares, cuya primera etapa finalizó en 2018, identificó en Salta un total de 646 glaciares, distribuidos en distintos sectores de la Cordillera Oriental y la Puna, con una superficie total estimada de 31 kilómetros cuadrados. El relevamiento, al que accedió El Tribuno, fue realizado en un período de cinco años por el Ministerio de Ambiente de la Nación junto al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), en cumplimiento de lo establecido por la ley de glaciares, sancionada en 2010.
A diferencia de los grandes glaciares de hielo expuesto que caracterizan a otras regiones del país, como el Perito Moreno, por ejemplo, la mayoría de los cuerpos identificados en Salta corresponden a glaciares de escombros. Se trata de geoformas compuestas por una mezcla de roca, hielo y suelo, asociadas a ambientes de "permafrost" o suelo permanentemente congelado, que no presentan hielo visible en superficie y que suelen confundirse con el paisaje árido de alta montaña.
Estas estructuras se concentran en al menos seis zonas de la provincia y cumplen un rol relevante en la regulación del ciclo hídrico, al actuar como reservorios de agua congelada. De acuerdo con el inventario, son el origen de cuencas que alimentan ríos como el Bermejo, el Calchaquí, el Rosario y el Pescado. Entre los puntos donde se identificaron este tipo de glaciares se encuentran el Nevado de Cachi y el volcán Llullaillaco.
El propio inventario nacional señala que el porcentaje de hielo contenido en los glaciares de escombros puede variar entre el 40% y el 60%, lo que explica su importancia hidrológica, aun cuando no se manifiesten como cuerpos de hielo visibles.
Estudiar el tamaño y la influencia en los recursos hídricos de estos glaciares resulta fundamental para definir dónde se puede hacer minería. Ese es uno de los pedidos de quienes quieren cambios en la ley vigente.
Proyectos mineros
En diálogo con El Tribuno el presidente de la Cámara de la Minería de Salta (CMS), Juan Martín Gilly, sostuvo que la presencia de glaciares en la provincia no se traduce en una afectación directa a los proyectos mineros locales. "En Salta no hay proyectos afectados por glaciares o por la actual definición de la ley. El fuerte es para los proyectos de cobre de San Juan", afirmó.
Gilly explicó que el debate sobre la ley de glaciares tiene mayor incidencia en provincias donde los proyectos se desarrollan en zonas de alta montaña con presencia de glaciares claramente definidos. "Salta no tiene proyectos afectados por glaciares o por la actual definición de la ley. El único podría ser El Quevar (de plata), pero es muy dudoso", señaló.
En relación con Taca Taca, el principal proyecto de cobre de la provincia, descartó cualquier superposición con áreas glaciares. "No, no hay ningún glaciar cerca", afirmó.
Discusión normativa
El eje del planteo del sector minero no está puesto en modificar el objetivo central de la ley, sino en precisar algunos de sus conceptos técnicos. Según explicó Gilly, "nadie está promoviendo una ley en donde se pretenda hacer minería sobre glaciares".
En ese sentido, indicó que la discusión se centra en la definición del ambiente periglaciar, que en la redacción vigente aparece como amplia y ambigua.
"Lo que se está intentando es aclarar la definición de periglaciar, que hoy es amplia y es ambigua, y que esa definición genera inseguridad jurídica a los inversores", sostuvo.
De acuerdo con su análisis, la falta de precisión puede derivar en incertidumbre respecto de la aprobación de los estudios de impacto ambiental, aún en zonas donde no existen glaciares que cumplan una función estratégica desde el punto de vista hídrico.
Gilly agregó que la propuesta de modificación apunta a reforzar la intervención de las provincias en los procesos de determinación de la existencia de glaciares.
"Se dispone que las provincias, como dueñas de los recursos, tengan más intervención en la aprobación de los estudios de impacto ambiental y en la verificación de la inexistencia de glaciares", explicó.