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"Recursos Naturales de la Provincia de Salta sabe que en los montes fiscales se dilapidó toda la riqueza forestal pero siguen dándoles guías forestales a los aborígenes, quienes no tienen mejor idea que ingresar a nuestras fincas y robarnos camiones repletos de madera valiosa, que terminan vendiendo por dos pesos. Después todos se quejan de los desastres ambientales que vemos", denunció el abogado tartagalense Juan Carlos Sánchez, propietario de una pequeña finca ubicada en el kilómetro 18 al este de Tartagal sobre la ruta nacional 86.
Describió la situación que se vive en el norte del departamento San Martín, mientras señalaba en los mapas de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación que se trata de áreas pintadas en amarillo y rojo, lo que indica que nadie, ni los propietarios, pueden hacer uso de la riqueza forestal de esas áreas que se están quedando sin especies valiosas como el palo santo, la quina, el lapacho y el algarrobo.
Sin embargo, los aborígenes que residen en esta zona del departamento San Martín, reciben semanalmente desde la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, guías forestales para explotar la riqueza del único monte fiscal existente, también limitado en su explotación con el color amarillo. Se trata del Lote fiscal 4 ubicado a más de 60 kilómetros de distancia al este de Tartagal y conformado por 20.000 hectáreas.
La maniobra es por todos conocida, en especial por los responsables de cuidar los recursos naturales de una de las zonas de mayor sensibilidad ambiental y donde se produjeron eventos catastróficos como el alud que se abatió sobre Tartagal en 2009; las últimas inundaciones si bien se produjeron por la crecida del río Pilcomayo tiene como otro de los factores determinantes la falta de árboles autóctonos que décadas antes operaban como el mejor sustento de las capas superiores de la tierra; actualmente el agua corre sin control por decenas de kilómetros arrasando todo a su paso, sin un solo freno forestal.
Robo y amenazas
Semanas atrás, un grupo de aborígenes cortaron la ruta nacional 86 exigiendo la libertad de un tractorista y de varios changarines que habían sido detenidos en momentos en que sustraían madera de la finca del abogado Juan Carlos Sánchez. Pero el letrado de Tartagal no es la única víctima de esta maniobra que comienza quizás sin intención en la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia y que termina beneficiando económicamente a grandes empresarios madereros de la zona, que compran la riqueza forestal a precios irrisorios. "Yo tengo una finca de 400 hectáreas en el kilómetro 18 y varios vecinos tienen otros establecimientos similares o más chicos. Una familia de Mosconi, de apellido Paz, es propietaria de la finca que colinda con la mía y semanas atrás, cuando una de las hijas sorprendió a un grupo de personas talando madera, llamó a la policía y los aborígenes la mantuvieron a ella y al efectivo secuestrados durante 12 horas. Ocurre que cuando los sorprendieron, les advirtieron que los iban a denunciar y a detener", recordó Sánchez para quien "la primera responsabilidad es del Gobierno de la Provincia. Es la Secretaría de Medio Ambiente la que les da las guías forestales a los aborígenes sabiendo que los montes fiscales están diezmados".