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Deben convivir con una pulsera electrónica por el resto de sus vidas o al menos hasta que la Justicia determine que ya no la necesitan. Sello que deben tener por haber sido víctimas o victimarios de alguna atrocidad enmarcada en la violencia de género. Desde marzo del año pasado el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Seguridad, decidió otorgar 27 pulseras a personas víctimas del maltrato machista y los imputados. Según informaron desde esa cartera, en las últimas semanas registraron casos donde los usuarios no utilizaron de la mejor manera la herramienta tecnológica prevista para evitar nuevos casos de femicidios.
Frente a un contexto sumamente violento en contra de la mujer, el año pasado las víctimas por violencia de género casi se duplicaron respecto al año anterior, pasaron de ser 11 en 2016 a 21 en 2017, la utilización de esta herramienta parecería resultar indispensable para prevenir más hechos de este tipo. Sin embargo, y teniendo en cuenta la multiplicidad de estos graves delitos, resulta extraño y al menos llamativo su mala utilización.
Justamente por la gravedad de la situación es que Salta fue elegida junto a otras cuatro provincias por el Ministerio de Justicia de la Nación para poner en funcionamiento este sistema que permite el control de personas violentas a través de dispositivos tecnológicos.
Las 24 horas, los 365 días del año, las 27 pulseras que se activaron en la provincia son controladas desde el Centro de Coordinación Operativa del Ministerio de Seguridad provincial. En cuanto a la utilización, que desde el mismo Gobierno anunciaron sería una prueba piloto, destacan los beneficios que dicho objeto genera a raíz de su utilización, dado que de forma inmediata detecta acciones sospechosas del imputado por violencia de género, la reacción en ese sentido de las fuerzas de seguridad es inmediata, entre otros buenos resultados. Sin embargo, la mala utilización detectada durante las últimas semanas preocupa a funcionarios de distintas áreas.
Casos detectados
Hace unos días la señora Alvarado, víctima de violencia de género, radicó una denuncia en una comisaría de la zona sur de la ciudad donde expuso que mientras caminaba en la vía pública se cruzó con su agresor sintiéndose "amenazada" por la presencia de quien la maltrató. La mujer fue consultada por el oficial de turno por el rastreador que debería haber tenido en ese momento -tienen que usarlo las 24 horas- y la señora sostuvo que se lo había olvidado en su casa. Es uno de los casos donde queda al descubierto el mal uso del dispositivo, artefacto que podría salvar la vida de una persona.
El rastreador que utilizan las personas seleccionadas por el Gobierno al estar activado detecta la movilidad de las personas. En otro de los casos de mala utilización de la pulsera electrónica una mujer de apellido Lobo dejaba el elemento para poder trasladarse y juntarse con el hombre sindicado como su agresor. Durante varios días el rastreador no emitió ningún tipo de desplazamiento desde el domicilio de la víctima. Tras averiguaciones descubrieron que la mujer se había desligado del mismo poniendo seriamente en riesgo su vida.
Según un informe del CCO, de las 27 pulseras de los usuarios, seis de las víctimas reporta de manera constante el aparato en las casas de las usuarias, lo que describe también la mala utilización del elemento. También se registraron casos donde el "violento" intentó en varias ocasiones desligarse de la pulsera tirándola en ríos, canales o baldíos, entre otros lugares. Situación que fue monitoreada desde el Sistema de Emergencias 911 desde donde se pone en funcionamiento un protocolo especializado para esos hechos.
La situación expone la falta de conciencia de los actores. Durante los últimos meses el sistema reportó cerca de 950 activaciones relacionadas al acercamiento del agresor en la zona prohibida. Las advertencias se activan 4 veces por día.