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El crimen cometido por el músico Cristian “Pity” Álvarez, quien asesinó a un conocido suyo con cuatro disparos, conmocionó desde el jueves a la opinión pública. Se trata de una figura que se hizo popular por su participación en los grupos Viejas Locas e Intoxicados, pero cuya imagen lo identifica como una suerte de paradigma negativo de la adicción a la droga y la violencia.
El allanamiento de su domicilio mostró también una intimidad sórdida de abandono personal. Criminal o víctima, Álvarez es, ciertamente, un caso dramático y resonante de la tragedia que viven miles de personas, anónimas y, muchas veces, sin recursos, en un país como el nuestro, donde el narcotráfico fue definido como uno de los grandes flagelos, hace ya cuatro décadas, pero que desde entonces no ha dejado de crecer.
Según información oficial, anualmente, en la Argentina, se consumen en promedio 13.341 kilos de cocaína y 184.991 kilos de marihuana. Para los narcotraficantes, se trata de un negocio de US$ 1.080 millones de dólares. El nuestro es el país de la región con mayor consumo de cocaína per capita, y segundo, después de Chile, en el consumo de marihuana.
El Estado argentino se muestra impotente para frenar el ingreso, la industrialización y el mercadeo clandestino de drogas, pero también para crear un sistema profesional que brinde contención a los adictos de todos los niveles sociales.
La drogadicción, cualquiera sea la calidad del producto, es destructiva. Daña al organismo del adicto, no solo por el efecto nefasto sobre el sistema neurológico, sino también por la inducción al abandono personal que deriva en daños irreversibles en la salud física y mental. Sin embargo, el adicto suele terminar a la deriva, especialmente si proviene de hogares de bajos ingresos.
La crónica diaria abunda en casos de crímenes ejecutados por menores que actúan bajo los efectos de la “droga de los pobres”, el paco.
Según el Barómetro del Narcotráfico, de la Universidad Católica Argentina, un estudio a escala nacional, que incluyó a 5.700 hogares, el 48,5% de las familias percibían claramente la venta de drogas en los barrios. Los valores más altos en el registro corresponden a las regiones áreas urbanas del Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba y, también, el norte del país. En las villas y asentamientos, 8 de cada 10 personas informan que observan venta de droga.
El avance del narcomenudeo genera estructuras clientelares de las que muchas veces participan los punteros políticos y las fuerzas policiales. El paco se convirtió en fuente de ingresos en sectores castigados por el desempleo, actividad que a su vez facilita al adicto el acceso a la droga para su consumo. De allí, la violencia que caracteriza a estos crímenes. La irracionalidad de la adicción se traduce en desesperación. En los casos de muchos “pibes chorros”, la droga los lleva al delito, pero ellos son, antes, víctimas de la exclusión del trabajo y de la educación, que los sumerge en la adicción.
El narcotráfico es un flagelo continental, que riega de sangre las grandes ciudades. En nuestro país, su presencia es cada vez más avasallante. Los crímenes a manos de sicarios proliferan sin que haya decisiones políticas eficaces. En el norte salteño, los carteles muestran un poder creciente a lo largo de las últimas décadas, con avances territoriales notables que facilitan mercadeo local y el tráfico de cocaína hacia otros destinos.
Se trata de un punto estratégico para las políticas de seguridad. Sin embargo, a pesar de las declamaciones, no solo no se ha logrado desarticular el entramado de este negocio ilícito, sino que tampoco se desarrolló un sistema eficaz de contención y tratamiento del adicto, que en muchas ocasiones termina convertido en delincuente.
El caso de “Pity” Álvarez, que hoy ocupa la atención de todos, es un llamado de alerta. Además de ser un gigantesco negocio ilícito y una fuente de corrupción, el narcotráfico destruye a sus víctimas y por eso pone a la Argentina frente a uno de los grandes desafíos históricos para el Estado y para la sociedad.