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La madre, el padre y el abogado de BHV, un niño de casi siete años que padece síndrome de Duchenne, analizan hacer una denuncia penal por desobediencia judicial contra el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) por no acatar el fallo del juez Benjamín Pérez Ruiz, que data del 18 de mayo último. La sentencia del Juzgado en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación condenó a la obra social a cubrir el 100% de los tratamientos y medicamentos que el nene necesita, entre otras cosas. Su padre es empleado público y afiliado forzoso del IPS.
La última intimación para que la obra social cumpliera con la condena fue notificada el viernes pasado -expediente 620.594/1- y el plazo vencerá pasado mañana. Desde el IPS no respondieron a El Tribuno pero se comprometieron a informar sobre el caso.
El magistrado condenó a la obra social "a brindar la cobertura total e integral, conforme los valores fijados en la reglamentación de la ley 24.091", de las prestaciones que necesite el niño, como kinesiología y fisioterapia, equinoterapia, maestra de apoyo, hidroterapia y sesiones de psicopedagogía.
Asimismo, le exigió la cobertura de los gastos de transporte a consultorios y centros de rehabilitación, de transporte escolar al colegio al que asiste y el pago de la prestación educativa. Además, deberá reintegrar el dinero que su mamá y su papá tuvieron que pagar por las prestaciones que no fueron cubiertas o cubiertas en forma parcial durante 2017.
"La verdad, en mis años de práctica, nunca he llegado a una situación de tanta rebeldía", planteó el abogado Gonzalo Guzmán Coraita. "Es la primera vez que llego a una instancia en que un juez los intima y les aplica una multa por no cumplir con la sentencia. Nunca ha llegado a tanto el IPS. Cuando llega la sentencia, apelan y van a la Corte pero cumplen", dijo.
Leyes protectoras
El letrado explicó que el niño, además de estar protegido por la ley de discapacidad 24.901, también lo está por la ley nacional que vela por las enfermedades poco frecuentes y a la que adhirió la Provincia de Salta. "En el IPS nunca les informaron que existe la ley de discapacidad y que tienen obligación de dar a valores nacionales las prestaciones 100% cubiertas por ellos. Tampoco, que existe una ley nacional para promover el bienestar de las personas con enfermedades poco frecuentes", planteó.
Guzmán Coraita lamentó que desde el IPS demoraran en dar a BHV las prestaciones que necesitaba y que, cuando se las daban, lo hacían a valores menores de los que los prestadores cobraban. Los profesionales de la salud fijan sus aranceles de acuerdo con lo que regula el Ministerio de Salud Pública de la Nación, mientras el IPS tiene otros nomencladores -por valores muy inferiores-, y las familias deben pagar las diferencias.
"El IPS tiene el argumento de que es una obra social provincial y tiene facultades para fijar un nomenclador distinto al nacional. La realidad es que la ley provincial y la ley nacional de discapacidad 24.901 establecen que todas las obras sociales tienen la obligación de brindar la cobertura integral de acuerdo con los valores que fija la Nación y que no puede haber valores inferiores a esos", aclaró. Reveló que por este tema hay muchos fallos contra el IPS, que han sido ratificados por la Corte de Salta, que ordenó a la obra social a cubrir de acuerdo con los valores nacionales.
"Una gran lucha"
Viviana Barreto, madre de BHV, lamentó tener que pelear no solo contra la enfermedad de su hijo, que avanza día a día, sino también contra la burocracia del IPS. "Mi hijo fue diagnosticado hace casi tres años y desde ese momento tengo dos luchas: una, contra la enfermedad, y otra gran lucha contra la obra social, que me deja totalmente desamparada porque maneja sus importes y sus valores", relató.
Explicó que, si una terapia tiene un costo, a nivel nacional, de 470 pesos, el IPS paga por ella solo 70 pesos. "O sea, yo tengo que pagar 470 al profesional y el IPS me reintegra 70 pesos". Su hijo tiene alrededor de diez terapias pero el pago de las diferencias generó una gran deuda el año pasado, que lo obligó a suspender algunas. "La plata que tienen que reintegrarnos es para pagar a todos los profesionales que están esperando", señaló.
Ella quiere hacer público su reclamo para animar a otras mamás y papás a que no se queden con los "no" de las obras sociales y exijan por los derechos de sus hijos. "Además de que nos tocó un diagnóstico progresivo y sin cura -aterrador por donde lo mires-, llevamos una lucha continua contra un sistema provincial al que, claramente, no le importa más que su propio interés".
“Una visión humanizada”
Guzmán Coraita manifestó que “el IPS debería tener una conducta más humanizada”, ante casos como el de este nene que tiene una discapacidad y, además, una enfermedad poco frecuente, que tiene una protección legal distinta. “La ley dice que las obras sociales tendrían que tener una conducta de asesoramiento y acompañamiento con los padres y una visión humanizada de su función, que no la está teniendo el IPS”, contó.
“Según mi opinión, (la obra social) tiene que cumplir con el rol que les pide la ley, de acompañar y ser asesores de los padres con respecto a las prestaciones de salud que deben recibir sus hijos. Tiene que colaborar, no ser un obstáculo para los padres”, estimó.
La sentencia del juez Pérez Ruiz condenó al IPS a cubrir la prestación educativa, es decir, a pagar la cuota del colegio privado al que va BHV, a primer grado.
“Su situación es delicada y un tropiezo para él es muy perjudicial”, explicó el abogado. “Lo recomendable es que vaya a cursos con pocos alumnos y en la educación pública eso casi no existe. Entonces, su mamá consiguió un colegio que tiene una política inclusiva”, agregó.