¿Derrota política?

 He leído varios comentarios que han calificado como “severa derrota política”, supuestamente infligida por la oposición al oficialismo, al aprobarse el proyecto que impone la disminución de las tarifas de los servicios públicos.

Si gobernar es una palabra derivada del latín, cuyo significado es la tarea impuesta al timonel de conducir el barco a buen puerto, trasladada la expresión a la función de dirigir una nación, el timonel son los integrantes de los poderes del Estado, en particular el Ejecutivo y el Legislativo, encargados de dictar las normas y adoptar las medidas necesarias para dirigir ese navío.

¿Y es posible pensar razonablemente, que quienes aprobaron la ley, han obrado movidos por el interés de conducir el país, al puerto de su progreso y bienestar?

Al tratar de responderme a esa pregunta, me basta comprobar su estado económico calamitoso, para deducir que alguna motivación que nada tiene que ver con el bienestar general, ha movilizado a esos legisladores, ya que la consecuencia de la aplicación de la ley es el incremento del déficit en la colosal cifra de 170.000 millones de pesos, además de desalentar una inversión que el gobierno procura resueltamente.

En todo caso, el derrotado con su decisión sería al país porque, aunque para disimular sus verdaderas intenciones, hayan enarbolado los estandartes de la justicia social y la defensa de los más humildes, no asumieron la responsabilidad de proyectar los fondos para cubrir tal erogación.

Pero el ciudadano bien informado, ha de de concluir, que los ha movido una clarísima intención de hacer una demostración de caudillaje, para recobrar alguna porción de liderazgo político, por una decadencia que postergaba su expectativa electoral.

Baste para probarlo, las consultas efectuadas por un peronismo disperso, carente de conductor, tras sorpresivas derrotas electorales. Las encuestas encargadas señalaban, por un lado, una opinión pública opuesta al aumento de las tarifas y, por otro, la caída en la imagen positiva del gobierno de Cambiemos.

Ya desde diversos círculos, se venía atizando la idea de deteriorar el prestigio del gobierno, y aunque no todos apostaran al bautizado “club del helicóptero”, algunos comenzaron a endilgarle su “fracaso”, con lo que desconocían algún acierto en la gestión.

La conclusión que extrae gran parte de la población, ante esa empecinada decisión, de aprobar una ley que conducía a un agravamiento del tremendo déficit, es que la intención de la oposición, no fue movida por el interés general, sino por una camarilla corporativa, que encontró la ocasión de cohabitar efímeramente, para aprovechar una ocasión de abogar por el fracaso del gobierno y su desprestigio, ante una sociedad agobiada por más de una década de dilapidación y saqueo de los fondos públicos, que ellos mismos habían provocado, unos apropiándoselos y otros convalidado el latrocinio. El justicialismo vio la debilidad y abrió sus fauces.

¿Constituyó entonces, esa maniobra una “severa derrota política?

Si para gobernar, dirigir este navío del país, surcando mares borrascosos, es necesario que el timonel esté dotado de condiciones como la responsabilidad, la mirada puesta en el interés general, la convicción, la verdad y la firmeza, podría concluirse que esa afirmación sobre una supuesta derrota política del gobierno, es una opinión absolutamente equivocada. Porque, ¿a quién corresponde asignarle tales atributos en la coyuntura legislativa, a la oposición o al oficialismo?

Si hablamos de responsabilidad, ella está directamente relacionada con la actitud de hacerse cargo, juiciosa y sensatamente, de remediar la situación financiera de un país arrasado y su armonización con las dificultades económicas de una gran parte de la población, sujeta a la escasez o una pobreza extrema. ¿Y ha sido responsable el justicialismo, que se une interesada y ocasionalmente, para imponer una medida a todas luces demagógica, que mientras exhibe un halago al pueblo, pone al gobierno ante el trance de recrudecer la subordinación a un estado de deuda insostenible?

El gobierno propuso alivianar esa carga, disminuyendo el IVA, rechazado por los gobernadores, con alguna excepción, que después de calificar de “mamarracho” el proyecto al presidente, ordenaron a sus senadores aprobarlo.

Si hablamos del interés general, no asumir los costos de las tarifas, o no proyectar los ingresos necesarios para hacer frente a ellos, pareciera que quien lo tuvo en cuenta ha sido el gobierno y no esa componenda de mero interés político partidario.

La convicción que debe ser atributo del timonel, para fijar y mantener el rumbo trazado, sin duda que podemos encontrarla en el propósito ya demostrado por el presidente Macri, de acabar con la cultura populista que ha venido degradando al país, desde un nivel equiparable a los primeros del mundo, hasta envilecerlo política, social, económica y culturalmente, en medio de una riqueza natural y demográfica envidiable. No parece ser condición de un peronismo, que no sólo se encuentra en el desconcierto de la pérdida del poder, sino que carece absolutamente de programa de gobierno, e incluso partidario.

La política, como medio de conducir al propósito constitucional de promover el bienestar general, sólo puede ser productiva cuando se basa en la verdad. En la cuestión de las tarifas, el gobierno no ha hecho más que presentar ante los ciudadanos, esa realidad cruel de un país que recibió endeudado, con recursos escasos, una carga tributaria ya insoportable, con infraestructura destruida, y un sistema energético colapsado, que exigen un sacrificio temporario de todos los habitantes sin excepción, pero contemplando a quienes están en peores condiciones, como se propuso a través de la tarifa social, la disminución del IVA y la eliminación de carga tributaria sobre las tarifas.

Y, por último, gobernar es asumir el riesgo del costo político, que puede resultar temerario frente a un cercano proceso electoral, de modo que la decisión diligente, si no audaz del presidente, de vetar de inmediato una ley dañosa para el país, constituye la prueba de una firmeza en la toma de decisiones, que reafirma esas otras condiciones mencionadas, atributos de un gobernante que quiere asumir la categoría del estadista.

Todo lo dicho, no es óbice para señalar errores del gobierno, que han contribuido por un lado a la incomprensión y la impaciencia justificada de la población, por falta de una información oportuna y diáfana sobre el estado de deterioro en que recibió la administración, y por otro por la inconexa administración de las finanzas y la economía, agravada por un optimismo ajeno a la realidad, que se exterioriza en promesas y fijación de metas de dificultoso cumplimiento, y que no se neutraliza con una honrada autocrítica.

Pero no menos criticable es la actuación del justicialismo que, diezmado por un kirchnerismo que se le enancó, aparentando un peronismo progresista que lo disoció, no ha encontrado mejor camino para soñar con alguna posibilidad de expectativa electoral, que apostar al desprestigio del gobierno, aprovechando su caída en la valoración de su gestión. Su meta no es, entonces, el destino del país, sino la de recobrar el poder. Sin duda lo ha de acosar la idea que, si Cambiemos logra sacar al país del pantano, no sólo no tendrá posibilidades en 2019, sino quizás, nunca más.