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En una nota anterior mostré los datos sobre empleo y condiciones de trabajo en la Salta de 2019. Esa información certifica la magnitud de los problemas que ocuparán la atención del nuevo equipo gobernante que, en sus primeros 100 días, ha de mostrar que conoce tales problemas y cuenta con las ideas y equipos necesarios. En breves días el señor Gustavo Sáenz tendría que explicar cómo logrará que la Salta de 2023 sea más justa y productiva que la de 2019.
Pronto sabremos si el flamante gobernador tiene las ideas, la voluntad y la capacidad para dejar atrás el pastiche económico que pergeñó su antecesor, o si sucumbe a las rutinas y cede a los embates de la coalición de intereses del statu quo.
Amargos han sido los frutos del anterior esquema económico basado en el trabajo indecente, baja productividad, impuestos depredadores, y en el sometimiento a los vértices de Buenos Aires. Señalo tres de estos frutos: en la década anterior nuestra producción de petróleo y gas cayó un 70% (BCRA); la de biocombustibles sufrió las consecuencias de malas políticas y de la irrelevancia de Salta en la escena nacional; la crisis del Ingenio San Isidro, del tabaco, la leche o del cuero han sido y son mal atendidas.
Cambios imprescindibles
Existe consenso en el sentido de que la creación de empleo decente, la lucha contra la pobreza y las desigualdades dependen, en buena medida, de la evolución del contexto económico (que es local pero también global), así como de determinadas intervenciones del Estado tanto en la economía como en las relaciones laborales y ambientales y en la asistencia social.
Para contribuir al debate, esbozo algunas acciones sociolaborales prioritarias:
a) Bajar la presión tributaria: aprovechando las previsiones de la Ley 27.430/17 para restaurar las escalas regionalmente diferenciadas en materia de cargas sociales. En esta misma línea, se impone rebajar el impuesto a las actividades económicas (IAE) en función de la creación de empleo registrado y de las dimensiones de la empresa.
b) Enlace con la Nación: falta una Unidad de enlace con el Ministerio de Trabajo de la Nación que abogue por nuestras necesidades en materia de empleo y capacitación. Una Unidad que, dejando atrás un tiempo de negligencias, logre que Salta aproveche los programas que define y financia la Nación.
c) Reformar normas provinciales: en el ámbito institucional, una de las prioridades es, a mi modo de ver, la adecuación de las normas provinciales a los tratados internacionales y a la reforma constitucional de 1994. Hay demasiadas reglas predemocráticas y vetustas.
El Código Procesal Laboral, por ejemplo, ignora los avances registrados en las provincias más desarrolladas. Necesitamos cambiarlo en procura de una justicia justa, rápida y ceñida a los principios del derecho del trabajo, que abandone la deriva civilista que enamora a jueces y daña a los trabajadores. Esta reforma tendría que ser acompañado por nuevos programas de formación de magistrados y abogados. Sin ánimo de agotar la agenda legislativa para una Salta más equitativa y moderna, señalo la necesidad de revisar la pomposa y tardía Ley 8.086/18 de promoción y estabilidad fiscal para la generación de empleo, incluida su extravagante adhesión a la ley de riesgos del trabajo, así como la de reformar el régimen del empleo púbico municipal.
d) Trabajo agrario: sería prudente asegurar el protagonismo de los actores sociales salteños en las comisiones tripartitas de trabajo rural, teniendo en cuenta que el sector es nuestro principal empleador con cerca de 25.000 trabajadores.
e) Consejo Asesor de Empleo y Condiciones de Trabajo. Para terminar con la improvisación, Salta precisa abrir un ámbito de participación ad honorem de actores sociales, expertos y universidades. Que mire al mundo, a la región y hacia nuestro interior a la hora de estudiar y aconsejar políticas de empleo y registración.
f) Reponer el Ministerio de Trabajo de la Provincia: la autoridad administrativa, rencontrándose con su mejor pasado, debería dejar de ser la garante del trabajo indecente. Para lo cual hace falta reestructurar sus agencias de relaciones colectivas y de inspección; reconstruir la demolida oficina de medicina legal, higiene, seguridad y sanidad del trabajo; y transformar la Oficina de Estadísticas para que asuma la materia informática, facilite la digitalización de documentos y tramites, y apoye la liquidación de sueldos y salarios en las pequeñas y microempresas.
g) Reducir la mora judicial: a través de un plan de choque que obligue a los jueces a cumplir los plazos procesales, trace un calendario y provea los recursos para poner al día a los juzgados del trabajo de la provincia.
Registración del empleo
Actuar contra el trabajo en negro es una prioridad. Que bien podría atenderse creando una agencia para apoyar a las pequeñas y microempresas que, como se sabe, suman el 85% de nuestras unidades productivas. Sería este el proyecto de mayor envergadura para incentivar el empleo y la registración de relaciones de trabajo.
La idea es que los trabajadores no registrados y los desocupados que encuentren empleo tengan cobertura de salud y de riesgos del trabajo financiada por la provincia, a través de una obra social y de una ART a seleccionar.
De esta manera los trabajadores quedarían automáticamente registrados, con solo depositar copia del contrato en la oficina correspondiente. En este marco, la provincia brindaría salud y seguro de accidentes a los beneficiarios, y se haría cargo de los aportes y contribuciones solo de los desocupados con especiales dificultades para encontrar un trabajo.
Reformas estructurales y mentales
Por supuesto, siempre desde mi punto de vista, el éxito de estas iniciativas en borrador reclama una estrategia federalista y regional que cambie los modos como Salta se relaciona con la Nación en lo económico, impositivo y sociolaboral.
Es bueno recordar aquí que no habrá una Salta razonablemente equitativa sin instituciones republicanas, eficaces y transparentes; sin gobernantes con mentes abiertas.
Tampoco la habrá si las nuevas autoridades conservan el pastiche económico que heredan y no se atreven a fijar las reglas y los incentivos para que las riquezas salteñas (los vectores de desarrollo de los que habla Fernando de San Román) se aprovechen de modo social y ambientalmente sustentable. Con trabajo indecente o con depredación ambiental no hay ingreso al comercio internacional ni a las inversiones productivas de fuente extranjera.
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