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El país ha recibido otro cachetazo de la realidad. Las estadísticas oficiales dan cuenta de que, en 2018, la pobreza trepó al 32% y que, tras la profunda crisis macroeconómica que se desencadenó en abril pasado, unas 2.700.000 personas cayeron por debajo de la línea de la canasta familiar.
En el segundo semestre del año anterior se registraron casi 13 millones de pobres urbanos; si se proyectan los relevamientos al área rural, la cifra se eleva a 14 millones de pobres. Y los indigentes, cuyos ingresos se encuentran por debajo de la canasta básica alimentaria, se aproximan a los tres millones.
En Salta, la pobreza llegó al 37,7% de la población.
Es importante advertir que, hoy, gracias a la normalización del Indec, podemos conocer y reconocer los problemas, que antes se ocultaban.
La pobreza en aumento es la expresión de la frustración de un gobierno que se propuso derrotarla pobreza.
Desde hace tres décadas, las estimaciones de pobreza oscilan entre el 20 y el 30% de la población, con tendencia creciente. No sólo el ahora creíble Indec; otras prestigiosas organizaciones, como la Universidad Católica Argentina y el Instituto de Estudios Económicos y de Desarrollo Económico (Ielde - UNSa) vienen advirtiendo sobre este declive social, para el cual resulta engañosa cualquier solución inspirada en una fórmula facilista.
Para evaluar la pobreza es necesario observar un cúmulo de factores, que incluyen el poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones, pensiones o planes sociales.
La megadevaluación y los tarifazos de 2018, sumados al desmesurado aumento de las tasas de interés y las marchas y contramarchas en las políticas monetaria y cambiaria derivaron en un espiral inflacionario y recesivo, una combinación letal para cualquier economía.
En esas condiciones, era previsible la paralización de las pymes y la destrucción de miles de empleos.
Pero la pobreza de ingresos se recupera cuando se logra la normalización productiva. La pobreza estructural es la imposibilidad del acceso a niveles suficientes de calidad educativa y a servicios de salud, la escasa aptitud para acceder a empleos estables y decentes, la pérdida de hábitos de trabajo, la maternidad precoz, la desnutrición y la carencia de vivienda digna, con servicios de luz, agua y cloacas. Esa pobreza afecta hoy, según las consultoras, a alrededor del 20% de los argentinos.
La contracara de la pobreza argentina es una agobiante presión fiscal, que parece insoslayable para afrontar un gasto público que pasó del 24% del PBI, al 44% en la última década, y para administrar un país en el que los ingresos de casi el 50% de la población dependen de las arcas públicas.
Apenas conocidas las estadísticas del Indec, el ministro de la Producción, Dante Sica, ratificó el rumbo económico.
La realidad indica que más allá de lo acertado o no de ese rumbo económico, las decisiones tomadas especialmente en 2018 muestran desconexión entre el gabinete y el ciudadano común.
La sociedad en su conjunto está haciendo sacrificios, que resultan mucho mayores para el 32 % de argentinos pobres. Hoy, los argentinos percibimos que, si bien las circunstancias son difíciles, falta una clara conducción económica y el gobierno parece incomunicado en su gestión política.
La macroeconomía da malas señales. El año electoral no ayuda, porque el país ha tenido cambios espasmódicos y una eventual discontinuidad genera incertidumbre.
La Argentina tuvo tres etapas de prosperidad en las últimas décadas: el Plan Austral, efímero, de los '80; el crecimiento que siguió a la Convertibilidad, en los '90, y la reactivación generada por el precio internacional de la soja, en la década anterior. Las tres terminaron mal, y luego de cada crisis, aumentó la pobreza.
Hoy no se puede pedir más sacrificios a la gente y los actuales problemas, ciertamente, se pueden multiplicar. Es hora de que el Gobierno haga autocrítica y que la dirigencia, en general, asuma una realidad muy compleja, que castiga especialmente a los más vulnerables.