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El asesinato del ingeniero Miguel Yadón y las graves heridas que sufrió el diputado nacional Héctor Olivares, frente al Congreso de la Nación, detonaron una polémica que pone en evidencia la vulnerabilidad de la sociedad argentina frente a los criminales. El ataque se produjo en un área que se supone dotada de gran seguridad y las víctimas son dos personas vinculadas a la actividad política.
Pareció, en todo momento, que mientras los funcionarios intentaban sobreactuar eficiencia para esclarecer el caso y detener a los homicidas, la oposición se esmeraba en mostrarse como severa examinadora de la responsabilidad del Gobierno. La politización de un atentado no contribuye a esclarecerlo.
Las especulaciones eclipsaron el problema central: todos los sondeos y los análisis estadísticos coinciden en que, en los últimos doce meses, un tercio de los hogares argentinos han sufrido algún robo, ataque externo o violencia de algún tipo; unos 7 de cada 10 argentinos consideran que la inseguridad es un problema grave o muy grave y manifiestan temor de ser víctimas de los delincuentes.
Salta y el NOA comparten el liderazgo del registro nacional en materia de violencia de género, robos violentos y homicidios. Sin embargo, la mayor incidencia de la criminalidad se encuentra en el conurbano bonaerense.
Todos los expertos coinciden en que las cifras precisas de homicidios, robos y violaciones, y de delincuencia en general requerirían un trabajo estadístico mucho más responsable de parte del Estado argentino. Muchas víctimas omiten hacer la denuncia, por desconfianza en el Estado, y los casos de homicidios son registrados con criterios equívocos.
De acuerdo a cifras oficiales informadas a la Organización Mundial de la Salud, en 2015 hubo 2.253 homicidios, a razón de 5.1 casos por cada 100,000 habitantes. En el mismo lapso, hubo una tasa de 25/100.000 en Brasil, 22/100.000 en México y 25/100.000 en Colombia.
El especialista Marcelo Bergman, de la Universidad de Tres de Febrero señala que en nuestro país cada año mueren unas 20.000 personas por acciones violentas. Unas 10.000 son producto de accidentes, otras 2.300 por homicidios, y unas 3.100 por suicidio. Cerca de 5000 personas mueren todos los años por causas violentas e indeterminadas. Esas muertes por causas "indeterminadas" advierten que puede haber muchos más homicidios de los que se reconocen.
A esta falencia estadística debemos añadir la ausencia de una perspectiva atinada sobre la incidencia de la crisis social en la crisis de inseguridad. El avance del paco así como la complicidad entre las mafias y las fuerzas de seguridad son decisivos en este escenario violento. Aunque víctimas y victimarios pertenecen a todas las clases del espectro social, es verificable que los sectores de menores ingresos son especialmente vulnerables, ya que sus hogares no cuentan con los dispositivos del Estado en igual proporción que el resto de la sociedad. Además, tal como señala un informe del Observatorio de la Deuda Social, el deterioro del empleo, la educación y los ingresos ha generado, en cuatro décadas, nichos de marginalidad donde muchos jóvenes pobres, no sienten esperanza y no creen que vayan a disponer del tiempo necesario para planificar y consolidar sus vidas.
Hoy, nuestro país asigna el 3% de su PBI a financiar organismos de seguridad y servicios penitenciarios. Sin embargo, desde 1983, la inseguridad sigue siendo tema y bandera del discurso político, que aumenta sensiblemente en períodos electorales. Pero no se vislumbra una estrategia global que convierta al crimen en una excepción, y no en una norma. La inseguridad es un problema social real, que alimenta la xenofobia y el clasismo, enfrenta a la comunidad y desafía al espíritu de la democracia. Probablemente, una mayor profesionalización de policías, gendarmes y penitenciarios y, al mismo tiempo, una decisión del Estado -no solo de un gobierno- dirigida sin equívocos a la generación de empleo y a la capacitación laboral sería el camino inclusivo más idóneo y acorde con las expectativas de desarrollo humano y calidad de vida de todos los argentinos.