inicia sesión o regístrate.
La intervención de la Corte Suprema, esta semana, al solicitar el expediente de 58 cuerpos de la causa por irregularidades en obras viales durante el gobierno anterior, resultó bochornosa. Todo parecía indicar que el juicio oral que debe comenzar este martes y que tiene como principal imputada a la expresidenta se iba a suspender.
En esas circunstancias se instaló la sospecha de un “pacto de impunidad”.
La reacción posterior, con una devolución llamativamente acelerada de ese expediente, no hizo más que incrementar las dudas acerca de las verdaderas intenciones del máximo tribunal al realizar el sorprendente pedido.
En medio de estas idas y venidas, el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández -a quien Cristina Fernández de Kirchner anunció ayer como candidato a presidente de una fórmula que llevará a ella como vice- amenazó a los jueces que investigan a la exmandataria: “Algún día Ercolini, Bonadio, Irurzun, Hornos y Gemignani van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno”, dijo.
Con un duro comunicado, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional calificó esas expresiones como “impropias dentro de un Estado de Derecho”.
Los juicios por casos de corrupción tocan los puntos más sensibles de la ética pública y no deberían ser utilizados como prenda electoral ni por quienes los impulsan ni por los acusados y sus eventuales compañeros de ruta. Y quienes desempeñan un rol político decisivo no tienen ningún derecho a amenazar a los jueces.
Vivimos en una sociedad descreída de la Justicia y las instituciones.
El sistema jurídico es el marco indispensable para regir la convivencia de las personas. La función esencial de la ley es la de orientar y delimitar las conductas; la sanción es la consecuencia punitiva. Pero si la ley y los jueces aparecen impregnados de parcialidad o venalidad, su autoridad se desdibuja.
La Argentina es un país donde resulta sencillo eludir las normas. La sociedad observa, con asombro y temor, la facilidad con que muchos delincuentes actúan en la mayor impunidad, en parte por la fragilidad de los procedimientos, y en parte, también, por el abuso de recursos o “chicanas” que demoran en extremo la sanción.
A esto se suma la disolución de las facultades punitivas del Estado, al amparo de filosofías diletantes que tienden a convertir al delincuente en víctima y a la víctima en culpable.
En los casos de juicios por delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, resultan exasperantes las condenas que se producen después de 25 o 30 años, así como la habilitación electoral de personas condenadas, a las que se les permite presentarse como candidatos para recuperar fueros e impunidad.
La parsimonia de los juicios y las chicanas de los letrados llevan a que se produzca una superposición inevitable con los cronogramas electorales.
La Asociación de Magistrados también fue muy severa con el jefe de Gabinete Marcos Peña, quien opinó sobre la decisión de la Corte de retirar el expediente soslayando que el Ejecutivo y el Judicial son dos poderes independientes. O deberían serlo.
El fondo de todos estos conflictos es que muchas veces se olvida o se soslaya que “república” es un término muy preciso, que describe al Estado regido por la ley, y no por la mera voluntad del monarca, y que a esa ley deben someterse el parlamento, el gobierno y los jueces.
En la práctica política, muchas veces, casi con naturalidad, se observa que el gobernante no se diferencia del Gobierno como institución, y los intereses del partido son confundidos con los del Estado.
Así, la “cosa pública” pasa a convertirse en propiedad privada del gobernante. Y los juicios, en objeto de especulaciones, críticas y diatribas por parte de personas que ignoran su contenido. Ningún escándalo es bueno para la democracia.
Es mucho lo que está en juego y el pueblo de nuestra Nación no se merece quedar sometido al capricho de las élites dirigentes.