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Como parte de su estrategia reeleccionista, Donald Trump lidera una cruzada política contra el aborto en Estados Unidos.
Su expresión más acabada fue la sanción en Alabama de una ley, votada por una mayoría de legisladores exclusivamente hombres, blancos y republicanos, que prohibe la interrupción voluntaria del embarazo, aún en los casos de incesto y violación, y establece penas de prisión de entre 10 y 99 años para los médicos que la practiquen.
Los senadores estatales frustraron un intento de introducir una enmienda para los casos de incesto y violación, que fue rechazada por 21 votos contra 11.
Un punto de inflexión
La ley de Alabama fue un punto de inflexión de esa ofensiva de la Casa Blanca, cuyo avance despierta una virulenta movilización de las organizaciones feministas y de los sectores progresistas del Partido Demócrata.
El objetivo final de esa cruzada es la búsqueda de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que revise la doctrina sentada por el fallo "Roe vs. Wade" de 1973, en el que por siete votos contra dos el máximo tribunal despenalizó el aborto inducido y estableció que "el aborto debe ser permitido a la mujer, por cualquier razón, hasta el momento en que el feto se transforme en "viable", es decir sea capaz de vivir fuera del útero materno, sin ayuda artificial".
Esa viabilidad se coloca cerca de las 28 semanas del embarazo pero puede ocurrir antes, incluso en 24 semanas. El vicegobernador de Alabama, Wil Ainswoth, señaló que "Roe debe ser desafiada y estoy orgulloso de que Alabama marque el camino".
El caso de Alabama es emblemático porque se trata del estado más conservador y religioso de Estados Unidos. Esa condición suele convertirlo en un foco de atención y escándalo nacional. Fue, por ejemplo, el último en mantener la segregación racial en las escuelas.
En 1965, George Wallace, un legendario exgobernador demócrata, abiertamente racista, obligó al presidente Lyndon Johnson a enviar tropas federales para garantizar el cumplimiento de la ley de derechos civiles para los afroamericanos.
La legislación estadual establece la castración química de los violadores e instruye a los docentes a realizar una condena expresa a la homosexualidad y a recomendar la práctica de la castidad.
Kentucky, Mississippi y Georgia aprobaron recientemente normas que prohiben el aborto una vez que se detecta el latido fetal, algo que suele ocurrir alrededor de la sexta semana de gestación. En total en 16 estados, entre ellos Texas y Florida, se analizan proyectos tendientes a imponer nuevas restricciones al aborto.
Entre los que ya tienen esas normas y los que pretenden sancionarlas, sumarían 28 estados "antiaborto" de los cincuenta existentes en Estados Unidos.
El caso contrario es Nueva York, un estado demócrata por excelencia, que acaba de aprobar una nueva Ley de Salud Reproductiva que elimina buena parte de las restricciones al aborto impuestas por la legislación anterior. La sanción tuvo el caluroso respaldo de los grupos feministas y desencadenó una virulenta reacción del movimiento evangélico. Dave Watson, titular del Centro de Estudios Bíblicos de Nueva York, advirtió: "Nueva York es la capital del aborto en América. Estas leyes progresistas hacen que la gente quiera votar a Donald Trump. Aunque no nos guste, es sabido que él va a dar batalla".
La grieta cultural
Tarde o temprano, la batalla decisiva en este conflicto se dirimirá en la Corte Suprema de Justicia estadounidense, donde Trump, pese a la enconada resistencia de los demócratas en el Senado, logró designar a dos jueces conservadores, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, cuya presencia en el tribunal configura una mayoría de cinco magistrados de esa tendencia entre los nueve que integran el tribunal.
Trump, que no es un fanático religioso sino un pragmático hombre de negocios amante de los golpes de efecto, quiere anotarse en esta disputa de valores una victoria decisiva que, a su juicio, podría allanarle el camino a la reelección al posicionarse como el abanderado conservador de una "guerra cultural" contra el "progresismo" encarnado por sus rivales demócratas.
Whit Ayres, un reputado encuestador republicano, explica que "ambas partes están apostando por el segmento reducido de votantes de acuerdo con sus posiciones extremas y esperan que los votantes que están más cerca del centro en la cuestión del aborto tomen su decisión de votar en base a otros temas".
Algunos analistas políticos estadounidenses comparan esa estrategia de Trump con la aplicada exitosamente en 2004 por el jefe de campaña republicano Karl Rove en las elecciones presidenciales, que consagraron la reelección de George Washington Bush, cuando el entonces primer mandatario, cuya imagen se había desgastado sensiblemente por la evolución de la guerra de Irak, triunfó abrazado a las banderas del conservadorismo cultural. En esa oportunidad, Rove infringió una regla tradicional del marketing político: los candidatos presidenciales tienen que posicionarse en el centro, para atraer a los indecisos. En consecuencia, colocó a Bush en una posición nítidamente conservadora. Esa decisión estaba motivada en que el carácter voluntario del voto en Estados Unidos requería, en esa ocasión, impulsar la movilización del electorado evangélico, que en la anterior elección presidencial había tenido un alto porcentaje de ausentismo. Ese masivo concurrencismo confesional le permitió a Bush derrotar a su competidor demócrata, John Kerry.
Significativamente, republicanos y demócratas comparten esta vez esa estrategia de Rove. Los republicanos agitan las consignas conservadoras para consolidar el voto evangélico. Los demócratas enfatizan su perfil “progresista” para llevar a votar a millones de jóvenes desencantados que no concurren a las urnas. El resultado es una confrontación abierta, en la que ambas partes apelan a las “minorías intensas” por sobre las mayorías silenciosas. La dinámica de esta confrontación tiende a modificar el escenario electoral estadounidense. Ambos partidos enfatizan sus propios postulados ideológicos. Las restricciones a la inmigración, la desregulación de la economía y el desmantelamiento de los últimos restos del “Estado de Bienestar”. Los demócratas desentierran sus posiciones “progresistas”, en algunos casos tímidamente izquierdizantes, como la defensa de los derechos de las minorías (negros, hispanos y la comunidad LGTB), la paridad de género, la reimplantación de las regulaciones sobre las industrias contaminantes y la protección estatal a los sectores sociales más vulnerables. Esto hace que, por efecto de esa polarización cultural, las elecciones presidenciales de 2020 sean una de las más importantes de la historia estadounidense de las últimas décadas.