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El tormentoso y poco previsible escenario financiero que atraviesa nuestro país, potenciado por la incertidumbre sobre si se podrá o no contar con los 5.400 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional debería (o al menos eso espera el Gobierno) desembolsar en las próximas dos semanas, impulsó al presidente Mauricio Macri a disponer, a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), la prórroga del pago de títulos de vencimientos en el corto plazo (Letes, Lecaps, Lecer y Leliq), medidas consideradas para garantizar la estabilidad cambiaria hasta el fin de mandato del presidente.
El Gobierno también envió al Congreso un proyecto de ley para modificar los vencimientos de los bonos emitidos con jurisdicción nacional e internacional, y el presidente Macri se ocupó de dejar en claro que ninguna solución unilateral va a funcionar de aquí al 10 de diciembre.
"Es imposible superar la encrucijada sin un acuerdo entre los actores", dijo el mandatario.
El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, evitó hablar de "reestructuración" y denominó a la medida con un neologismo: un "reperfilamiento" de la deuda en manos de inversores institucionales, con el objetivo de tranquilizar a los mercados para terminar con la volatilidad cambiaria.
Durante una conferencia de prensa en la que abundó en detalles técnicos, se cuidó de explicar que la Comisión Nacional de Valores (CNV) va a aclarar que las "personas humanas" que invirtieron en Fondos Comunes de Inversión o que son titulares de títulos públicos, no serán alcanzados por el diferimiento de pagos que dispuso el Gobierno.
El ministro anticipó que también se adelantará el dialogo para "reperfilar" los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional. La consultora Standard & Poor's califica a esta decisión como "default selectivo", aunque minimizó el alcance de la "palabra maldita" (default) dando a entender que será una calificación transitoria.
El reperfilamiento de corto plazo anunciado por Lacunza contempla que en cada vencimiento se pagará el 15%, un 25% a los tres meses y el 60% a los 6 meses, aclarando que cada título devengara su tasa de interés sin ninguna quita correspondiente hasta la fecha de pago; para el caso de las Lecap que venzan a partir del 2020 solo se extenderán 3 meses de plazo.
En esa oportunidad, Lacunza anunció que mientras se realizaba en nuestro país la misión del FMI "se le ha propuesto y fue una de las sugerencias de la oposición iniciar el dialogo para reperfilar los vencimientos de la deuda con ese organismo internacional"
La diferencia
Para poder entender la diferencia que existe entre refinanciación, reperfilamiento y reestructuración, definimos a cada una de ellas:
* Refinanciación: es la operación más común, a la que recurre la mayoría de los países en el mundo; consiste en emitir deuda a determinado plazo y pagar intereses normalmente. Cuando llega el vencimiento del capital, se emite un nuevo título para saldar ese vencimiento y seguir pagando intereses, siempre y cuando el mercado acompañe porque las cuentas funcionan bien y el país tiene credibilidad; en este caso la refinanciación podrá hacerse tomando deuda a tasas más bajas que la deuda que se cancela.
* Reperfilamiento: ocurre cuando la situación del país empieza a complicarse; por temor a que no se pueda acceder a la rutina de la refinanciación, se recurre al reperfilamiento. También puede funcionar en sentido inverso, cuando mejoran las condiciones del país o del mundo, se aprovecha para rescatar lo que se conoce como "deuda cara" y canjearla por una más larga con intereses más bajos.
También puede darse el caso de "reperfilar" la deuda por moneda, es decir, cuando la deuda está en dólares, se la rescata y entregar a cambio deuda en moneda local, por ejemplo.
* Reestructuración: es la instancia que se llega cuando no hay posibilidad ni de refinanciar ni de reperfilar, en este caso se suspende el pago de los compromisos y se convoca a los acreedores a renegociar nuevas condiciones, nuestro país lo hizo varias veces.
No se cumplió
Muchos analistas y economistas consideran a las medidas anunciadas recientemente como un "default", ya que no se cumplió en tiempo con los compromisos contraídos. Claro que los funcionarios del Gobierno (por una instrucción al Gabinete y para no arrojar leña al fuego en el marco tan frágil de la situación de las finanzas) eluden incluir esta "palabra maldita" en los debates.
Nuestra historia económica, que es un entramado de episodios de alto impacto, una historia tambaleante por la cantidad de defaults padecidos (nueve, tres de ellos desde 2001) y lo perjudiciales que resultaron.
Aparentemente, salvo algunos chisporroteos, el candidato a presidente más votado en las pasadas PASO, Alberto Fernández, se llamó a silencio ante las medidas adoptadas recientemente por el presidente Macri para aportar a la estabilidad del dólar y poder darle credibilidad a la economía. Si dan resultado, por cierto, quien gane el 27 de octubre se verá beneficiado.
Pero hay un tema que aún tiene un pliegue político-electoral, ya que muchos especialistas en finanzas opinan que los anuncios y las medidas implementadas deberían ir acompañadas con algunas restricciones a la compra de dólares, especialmente las destinadas a turismo o atesoramiento.
El Presidente es reticente, y se lo comprende, ya que uno de sus méritos es haber levantado el cepo cambiario durante la gestión del ministro Alfonso Prat Gay.
No solo sería una contradicción con una decisión tomada, sino que le causaría hasta dolor ya que es una de sus banderas que se le cae, pareciéndose al kirchnerismo que adoptó, con el cepo, una de las políticas más reprochables de su gestión.
Quizá, la solución ante los pedidos de los analistas de que se intervenga y se limiten estas operaciones que sacrifican reservas, sería que Alberto Fernández se lo pidiera. Sabemos es una preocupación para cualquier gobierno consiste en controlar el volumen de reservas del país.
Cuando todo indica que se están terminando, el miedo alimenta una especulación que resulta muy muy cara para todos.
Respecto a la oposición política, en este período electoral los obliga a analizar el escenario de inmediato, mediano y largo plazo, y a esforzarse en las negociaciones buscando la mejor en el Congreso.
No creo que puedan pedir nada al oficialismo porque nada tienen para dar, tendrán que decidir si quedan como destituyentes o se muestran dispuestos a colaborar ya que la situación es muy delicada.
Pero no olvidemos, en medio de esta vorágine, la cuestión central: mientras alimentemos la contradicción y la frivolidad, mientras no seamos capaces de brindar seguridad jurídica y seriedad política, no vamos a crear las condiciones para incentivar las inversiones, generar riquezas y fuentes de trabajo, y sobre todo, construir una nación más justa, más equitativa y más pacífica.