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Por Ing. Agr. Jorge Adámoli (*)
En primer lugar, hago llegar mi solidaridad a las víctimas directas del COVID y a sus familiares, así como a quienes han perdido su trabajo y a quienes sufren pérdidas parciales o totales en sus actividades. Me sumo a la esperanza de la humanidad en la llegada de las vacunas. Las vacunas presentan una interesante paradoja, ya que históricamente han consistido en inyectar una dosis del agente que provoca la enfermedad, para generar anticuerpos.
Algo similar a lo de las vacunas ocurre con la forma de encarar la preocupación instalada acerca de los desmontes para producción agropecuaria, para lo cual la herramienta es el ordenamiento Ttrritorial (OT), donde se establecen criterios para autorizar desmontes en determinadas áreas y condiciones. La idea no debería pasar por la prohibición total e indiscriminada, sino por promover un OT que incluya, entre otras medidas, una adecuada zonificación para potenciar la conectividad ambiental de los bosques remanentes mediante corredores de conservación.
Por este camino sería posible que las políticas ambientales y productivas estén fuertemente integradas, que sean complementarias, teniendo en cuenta intereses diversos.
Sin dudas un grave problema ambiental en el mundo es el cambio climático, lo que requiere de medidas urgentes para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), medidas que deberían enfocarse en las grandes fuentes de emisión, particularmente el consumo de energía en el Hemisferio Norte.
Las imágenes satelitales nocturnas muestran eso muy claramente, aunque sólo aparece la iluminación, pero faltan el consumo hogareño, la industria y el transporte. Los datos muestran diferencias obscenas: el consumo mundial de millones de barriles de petróleo por día es de 100,7, en EEUU 22,4 y en Argentina 0,7. En tanto, el consumo mundial eléctrico de MWh/año es de 16.830, en EEUU 5.216 y en Argentina 89. Varias organizaciones ambientalistas dejan de lado este tema central, y hacen foco en los desmontes de Argentina, Brasil y pocos países más. Una fuerte campaña para reducir en forma inmediata al menos en 50% la circulación de automóviles particulares, tendría un efecto notable, pero obviamente no despertaría la adhesión de los habitantes urbanos.
Un caso: la fuerte caída en la circulación de vehículos como consecuencia de la COVID-19 está documentada en impactantes imágenes de sensores remotos. China y EEUU encabezan la lista de emisores con 40% del total. Los países del G20, es decir las potencias económicas del mundo emiten 78%. Esos mismos países encabezan el consumo mundial de agua potable, de Nitrógeno, Fósforo, pesticidas y ganadería confinada.
La Argentina ocupa el lugar 28 con 0,6% de las emisiones mundiales. Un 10% de las emisiones de GEI de la Argentina son producidas por la deforestación para fines agropecuarios, lo que representa el 0,06% de las emisiones mundiales.
Sin embargo, en vez de poner el foco en el centro del problema, en numerosos foros se presenta a la Argentina y a la región chaqueña por su responsabilidad, indicando que es uno de los países con mayor deforestación.
En esas listas no aparecen entre otros Holanda, Francia, Alemania, Italia, por la sencilla razón de que desde hace 1.000-
2.000 años o más cortaron casi todos los bosques que estaban en lugares con suelos o climas aptos para la agricultura.
Grandes áreas protegidas como CompiŠgne o Cevennes en Francia, la Selva Negra en Alemania o Doñana en España, están atravesadas por numerosas rutas, y tienen gran cantidad de tierras cultivadas e incluso áreas urbanas.
Hoy esos países tienen admirables políticas ambientales, pero resulta inaudito que se establezcan barreras para-
arancelarias a productos argentinos por causa de los desmontes. Para 2020 la superficie transformada para fines agropecuarios representa 28% de toda la región chaqueña, muy lejos de los escenarios de catástrofes o emergencias que se suelen presentar.
La ley y las trampas
La ley de bosques (26.331) presenta aciertos destacables, como resaltar la importancia de la conservación de los bosques nativos, haber fortalecido a los organismos nacionales y provinciales de bosques, y haber instalado en la agenda política al ordenamiento territorial (OT). Pero este tema ha sido erróneamente instalado, ya que sólo toma a una capa temática (los bosques), dejando de lado a pastizales, humedales y otros ambientes.
El OT además de la conservación de los bosques, debería integrar a todos los actores legítimos y necesarios, entre los cuales agricultores, ganaderos, aborígenes, productores pequeños, medianos y grandes.
Para poder contemplar legítimos intereses de las partes, vale la imagen de la manta corta. No se puede tirar demasiado para un solo lado. Cada uno debe ceder un poco para que todos puedan quedar cubiertos: en este caso, los Estados provinciales deben cumplir esa función arbitral.
Un problema grave que tiene la ley de bosques, es la rigidez dogmática de los artículos que instalan la irreversibilidad de la asignación de superficies a las categorías de mayor conservación (roja y amarilla).
Como respuesta a esto, los OT de varias provincias han hecho lo que comúnmente se denomina "sacarle el trasero a la jeringa", ya que colocan en rojo (máxima categoría de conservación), solamente a tierras no aptas para la agricultura por ser inundables, fuertemente salinas o montañosas es decir, hacen mapas de aptitud de uso al revés.
Otro problema surgió cuando se incorporaron las compensaciones económicas concebidas como incentivos a los productores para promover la conservación de bosques en los predios. Lo lógico hubiera sido que las compensaciones se orientaran básicamente hacia las provincias con bosques más amenazados por tener condiciones de suelos y climas aptos para la expansión agropecuaria, pero no se hizo así.
Al margen de su belleza y de su importante biodiversidad, los bosques andino-patagónicos no están amenazados por la expansión, por estar en zonas montañosas con fuerte pendiente, varios meses cubiertos de nieve y casi sin periodo libre de heladas. Obviamente esa expansión tampoco es imaginable en ambientes desérticos con vegetación arbustiva.
Errores en Salta
La implementación del OT de Salta ha generado controversias y cuestionamientos tanto desde sectores ambientalistas como de la producción. Comparto las críticas ambientalistas a los desmontes sin autorización, que deberían ser sancionados como cualquier otra actividad no legal. También comparto las críticas del sector productivo por las restricciones a la producción ganadera en las áreas amarillas.
Por la ley de bosques se promovieron los sistemas Silvo Pastoriles, pese a que en mi opinión son desmontes encubiertos, ligeramente diferidos en el tiempo. Actualmente se promueve el MBGI (manejo del bosque con ganadería integrada), lo que implica que el ganado está gran parte del año dentro de los bosques, los que además son fuertemente fragmentados para la formación de pasturas.
Desde los años 50, los trabajos de Morello y Saravia Toledo y posteriores demostraron los efectos negativos del ganado para el bosque. Si bien en Salta se han presentado propuestas alternativas para conservar los bosques en 50% de la superficie predial, sin presencia del ganado, y desarrollar en el otro 50% sistemas productivos de alta eficiencia, hasta el momento no han sido tenidas en cuenta.
Para concluir, me remito al título de este artículo, porque estoy convencido de que la sustentabilidad como mínimo debe tener tres patas igualmente sólidas: la económico-productiva, la ambiental y la social, y hacia eso deberían dirigirse las políticas públicas. Para ello, deben confluir: en lo productivo el conjunto de buenas prácticas (agrícolas, ganaderas, forestales), nociones de avanzada como los cultivos de cobertura o de servicios, en lo ambiental las normas más avanzadas de la biología de la conservación, de la conservación de suelos y de la prevención de la contaminación, y en lo social condiciones laborales y salariales avanzadas, y fuertes mecanismos de articulación con la sociedad.
(*) Ecólogo, Profesor Consulto Fac.
Cs. Exactas y Naturales-UBA.