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Entre los decretos de designación de personal en los distintos estamentos de la Provincia que aparecen publicados en el Boletín Oficial, uno llamó la atención el jueves pasado. El contador Daniel Martín Tolaba fue nombrado como director de la sociedad del Estado Tomografía Computada en reemplazo del doctor Francisco Ryan.
Tolaba fue gerente de la clausurada Clínica del Neurodiagnóstico cuando la Justicia Federal inició una investigación por supuesto fraude al PAMI. La escandalosa causa contra el centro médico privado, cuyo propietario es Emilio Benítez, se inició a fines de 2018 y todavía no está cerrada, según confirmaron fuentes judiciales a este diario.
En ese caso también están bajo la lupa los funcionarios de la delegación local de la obra social de los jubilados que tenían que certificar las facturas que emitía la clínica ubicada en Jujuy 144. En ese momento, Josefina Medrano era coordinadora Ejecutiva local del PAMI, la segunda en el mando de la institución. Dos años después, la actual ministra de Salud de la Provincia fue la que firmó el decreto de nombramiento de Tolaba.
El expediente
La malversación a las arcas públicas que se denuncia tiene tres ejes y con consecuencias que habrían derivado en atenciones deficientes a pacientes e incluso en víctimas fatales.
Por un lado, la investigación que lleva adelante el juez federal N§ 1, Julio Leonardo Bavio, junto al fiscal federal N§ 2, Eduardo Villalba, trata de establecer la veracidad de una supuesta sobrefacturación por internaciones. Según la denuncia que inició la causa, presentada por una extrabajadora jerárquica de la clínica, se habrían aumentado de manera apócrifa la cantidad de días en que los pacientes permanecían en la unidad de terapia intensiva (UTI) al fin de incrementar la facturación.
De acuerdo a los expedientes del caso, se denunció que de manera sistemática se habrían falsificado datos de internados, para sumar entre tres y cuatro días el tiempo que estaban en la UTI, cuando en realidad ya habían sido trasladados a una área con menor complejidad.
Un informe publicado en El Tribuno el 17 diciembre de 2018 reveló que la clínica de Benítez recibió $34 millones durante dos años por parte del PAMI y esos son los fondos que perita ahora la Justicia.
La otra línea investigativa tiene que ver con la supuesta adulteración de las facturaciones por medicamentos a la obra social. Se acusó a los responsables de la Clínica del Neurodiagnóstico de comprar solo el 40% de la provisión necesaria de remedios, pero se habría facturado a la obra social nacional como si se hubiera administrado el 100% de los insumos a los afiliados atendidos.
Se sostuvo, además, que el establecimiento no tenía la farmacia habilitada, por lo que no podría adquirir psicofármacos y que estos serían obtenidos, según la denuncia, de manera ilegal e incluso supuestamente robados al hospital San Bernardo. De la última denuncia no hubo ningún avance.
El tercer frente de la causa es que la clínica no cumplía con los requisitos de higiene y seguridad del Programa de Fiscalización y Control de Calidad de los Servicios de Salud (Proficcssa) para poder funcionar. Eso fue comprobado y el centro sanitario terminó por ser clausurado. Hasta el día de hoy Benítez sigue batallando en la Municipalidad para lograr reabrir su emprendimiento médico.
En la denuncia inicial que formuló ante la Justicia Federal la extrabajadora de la Clínica del Neurodiagnóstico por la posible estafa al PAMI, sostuvo que el desfalco tuvo que haber tenido complicidades en altos cargos de la obra social. La actual ministra de Salud, Josefina Medrano -remarcaron médicos que advirtieron a este medio sobre la designación de Tolaba- era la coordinadora Ejecutiva del PAMI. Ahora, es jefa de Tolaba.