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El presidente Alberto Fernández, refiriéndose a la situación de desigualdad y distorsión económica y social entre las zonas ricas y las provincias del norte empobrecidas, que expulsan a sus habitantes que se amontonan en el Conurbano y la Capital Federal (el AMBA), en un acto realizado en La Plata el 26 de mayo dijo que “si somos dignos no podemos permitir la desigualdad” y que este es un momento histórico para redefinir el federalismo.
Compartimos y resaltamos este enunciado que desde aquí, el Norte Grande, muchos de nosotros venimos pregonando desde hace muchísimos años en seminarios, ponencias en congresos, proyectos y diversos artículos. Porque el Norte Grande es uno de los grandes consensos regionales, apoyado con entusiasmo en diez provincias, aplaudido en discursos y soslayado en el momento de las grandes decisiones.
Ahora bien, esta concentración de la riqueza, esta distorsión estructural de nuestra Argentina “macrocefálica” se debe a diversas causas políticas, económicas, crediticias, financieras sociales, tributarias, etc., que por razones de concisión no desarrollaremos pormenorizadamente en esta nota. Pero sí podemos referirnos a algunas de estas materias que son fundamentales para “redefinir el federalismo” como lo quiere el presidente.
En tiempo propio el ministro de Economía Guzmán dijo (Clarín del 03.04.2020): “Nosotros apuntamos a cambiar las condiciones monetarias y financieras para permitir que la economía argentina tenga instrumentos seguros. Ponemos énfasis en el desarrollo del mercado de deuda en pesos...”, “...Argentina necesita desarrollar instrumentos de ahorro para que se pueda ahorrar e invertir en pesos”.
¿Cuál es el alcance de este concepto de “cambiar las condiciones monetarias y financieras”?
Lo monetario (emisión, circulación monetaria, valor dólar, inflación, etc.) lo dejó para otra oportunidad. Me detengo aquí en el aspecto financiero, en la política crediticia, fundamental para el desarrollo equilibrado del país federal. El funcionario propone “desarrollar instrumentos de ahorro para que se pueda ahorrar e invertir en pesos...”.
La función de los bancos
¿De dónde se obtienen fondos para otorgar créditos?
En términos acotados y sencillos el ahorro de los ciudadanos se deposita en los bancos y estos dan préstamos u otorgan créditos a los que invierten en pesos.
La ley de entidades financieras dice en su art. 1ro.: “Quedan comprendidas en esta ley... las entidades privadas o públicas oficiales o mixtas que realicen intermediación habitual entre oferta y demanda de recursos financieros”.
La actividad financiera comprende también, entre otras, la colocación de deudas o toma de créditos a través de la emisión de títulos valores, bonos, obligaciones negociables, etc.-
El uso de estos recursos financieros resulta apreciable y lícito cuando se aplican a estimular la actividad económica, bienes y servicio que generan riquezas. Obviamente, los bancos que intermedian cobran por ello y tienen una ganancia que en la jerga se denomina “spread”, que sería el margen que existe entre los tipos de interés que paga el banco a los depositantes y el que cobra a los que les otorga créditos. Ello además de lo que ganan con los múltiples servicios que en la actualidad prestan.
La justificación legal y moral de la actividad financiera la encontramos en estos conceptos: intermediar entre el que ahorra y el que toma créditos para producir, bienes, trabajo -producción y distribución de riquezas- que hacen al desarrollo y bienestar equitativo de una comunidad. No para enriquecerse indebidamente!
La carta orgánica del Banco de la Nación Argentina en su Art. 3ro. señala con precisión la razón de ser de esta actividad, dice: “El banco tiene por objeto primordial prestar asistencia financiera a las micro, pequeñas y medianas empresas.
En tal sentido deberá:
A) apoyar la producción agropecuaria, facilitar el establecimiento y arraigo del productor rural y su acceso a la propiedad de la tierra.
B) Atender las necesidades del comercio, industria, minería, turismo, cooperativas, servicios y demás actividades económicas.
C) Promover un equilibrado desarrollo regional, teniendo en consideración el espíritu del artículo 75 de la Constitución Nacional.
D) Idénticos propósitos tienen los bancos públicos provinciales que hoy operan. En definitiva, la acción financiera legítima estimula y posibilita la asignación óptima de los recursos escasos al mejor logro de un fin determinado.
Actividad financiera espuria
La especulación financiera que posibilita ganar dinero con solo tener dinero, comprar un bono a 100 y venderlo a 150 pocos días después, es pues una actividad espuria.
No entraré en el análisis técnico del porqué, en un momento determinado, el Estado emite bonos para tomar deuda o para sustraer circulante y controlar la inflación. Lo que debe quedar claro es que no puede permitirse un enriquecimiento, un desplazamiento de la riqueza de un sector a otro por un simple pase especulativo de un activo financiero artificioso.
La política monetaria, cambiaria y el control de la actividad financiera la tiene el Banco Central, concebido y conformado unitariamente, sin que las provincias tengan participación alguna.
Los grandes operadores financieros que se enriquecen ilegítimamente están en la Capital Federal, que deberían ser controlados por la entidad nombrada. Esta es una de las grandes causas de la concentración de la riqueza del país macrocefálico y, por ende, el empobrecimiento de las provincias.
Del anhelo a la realidad
Si realmente queremos rediseñar un país federal se debe también formular, verbigracia, una política presupuestaria que destine los recursos necesarios para que la obra pública principal y estratégica para el crecimiento se realice en las provincias; una política tributaria que prevea incentivos de radicación de la actividad económica en el interior empobrecido. Que se concrete la manda del Art.124 de la Carta Magna y que las jurisdicciones provinciales tengan efectiva participación en organismos clave como Anses, el Banco Central y el Nación, cuyas decisiones deben descentralizarse geográficamente, etc. De esto se trata si queremos en serio un país federal y superar este drama que tanto nos avergüenza y abruma.
Pero además debemos tener en claro determinados principios que definen nuestro ser y deber ser humanitario. En definitiva desde esta temática que nos ocupa, compartiendo las palabras del Presidente “si somos dignos no podemos permitir la desigualdad”, concordamos que la comunidad organizada, que por imperio de un orden objetivo debe asegurar el bien común, es el ente repartidor supremo, en cuyo accionar deberá estar implícito el absoluto respeto por las disparidades que cualifican a sus miembros, que derivan de un sinnúmero de desemejanzas fortuitas psicofísicas, económicas, intelectuales, etc.
Comprender bien estos conceptos, también desde una perspectiva federal, nos lleva a sostener que en las sociedades autosuficientes se genera un proceso de realimentación y de integración entre el bien general y el bien particular. El crecimiento del primero se proyecta en el bien particular y este a su vez se revierte sobre aquel. El bien común nunca podrá obtenerse, sino tomando en cuenta la variedad de condiciones de los individuos componentes (Bidart Campos). La comunidad organizada sujeto activo del reparto facilita recursos normativos, institucionales, económicos y demás que contribuyen a forjar condiciones de perfección para los componentes sociales. El principio supremo de la Justicia estatuye la libertad del desarrollo de la personalidad (Warner Goldschmidt).