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Hace poco más de 50 años era secuestrado de su departamento de Buenos Aires, el Gral. Pedro Eugenio Aramburu, presidente de facto de la revolución que derrocó al Gral. Perón en 1955. Trasladado a más de 400 km, a la estancia La Celma, cerca del pueblo de Timote, partido de Carlos Tejedor, fue sometido a "juicio popular", condenado y asesinado, el 1§ de junio de 1970.
El atentado en sí
Por el hecho se hizo conocer Montoneros, la banda terrorista integrada, entre otros, por Fernando Abal Medina, Emilio Maza, Mario Eduardo Firmenich, Ignacio Vélez, Carlos Ramus y Norma Arrostito. De clase media o media alta, provenían de sectores diversos: la resistencia peronista, nacionalistas católicos posconciliares, universitarios radicalizados, el grupo ultranacionalista Tacuara y marxistas. Devenidos en guevaristas y socialistas, confluyeron en la violencia armada. Algunos con entrenamiento militar en Cuba.
Fue un crimen, porque las acciones delictivas estaban entonces -y están ahora- tipificadas en el Código Penal, sin importar las motivaciones. Es poco conocido el juicio en el cual resultaron condenados, en diciembre de 1970, Carlos Maguid, Ignacio Vélez y el padre Alberto Carbone y absueltas Nélida Arrostito y Ana María Portnoy. Los otros autores estaban muertos o prófugos.
Resulta imposible abordar el complejo de aspectos relevantes del contexto histórico. Resumiré la situación nacional del momento, los hechos imputados, y las insoslayables consecuencias posteriores.
El país y los generales
Eran tiempos agitados, pero no de violencia cotidiana instalada, sino más bien en incubación. El triunfo de la revolución cubana, la muerte y mitificación del Che en el 67, el Mayo Francés del 68, el Cordobazo de mayo del 69, y el asesinato del dirigente sindical Augusto T. Vandor, en junio de ese año, fueron desgastando la dictadura del presidente Juan C. Onganía. Intentos guerrilleros habían fracasado o carecieron de repercusión.
La situación económica era preocupante. El comandante del Ejército Gral. Alejandro Lanusse convocó a una reunión de Onganía con los altos mandos, desarrollada en Olivos el 28 de mayo de 1970. El resultado de la exposición no pudo ser más desastroso, y más aún cuando el presidente, respondiendo a una pregunta, señaló que los objetivos eran a largo plazo, y que no se obtendrían "en menos de 10 o 20 años". El desconcierto ante la irrealidad y la desazón fueron absolutos. Nadie quería otro Franco autóctono. Al día siguiente, al conmemorarse el Día del Ejército, el presidente le preguntó a Lanusse cuál había sido su parecer. La respuesta fue rotunda: "Las conclusiones que sacaron los generales fueron, por supuesto, variadas, pero puedo ubicar, dentro de la amplia gama de puntos de vista, a dos sectores: el sector de los generales que no entendieron lo que usted quiso decir y el sector de los generales que están en total desacuerdo con lo que usted dijo". Mientras era secuestrado Aramburu, la suerte del Onganía presidente estaba echada.
En una entrevista que la revista Esquiú había hecho a Aramburu en días previos, y que salió publicada el 31 de mayo, estando ya cautivo, consultado acerca del futuro político, expresó: "Hay que buscar una salida democrática que devuelva el poder al pueblo; el poder debe descansar en la soberanía popular". El diálogo continuó: "¿Sin exclusiones?" "Exacto" "¿Incluso los peronistas?" "También ellos deben participar" "¿Y si triunfan?" "Se les entrega el poder...".
Era un Aramburu moderado, que habría comprendido que el peronismo inexorablemente no podía quedar excluido del sistema. Para Natalio Botana, "en esos años difíciles, cuando fue víctima del ataque de los Montoneros, Aramburu tenía una visión más abarcadora y generosa de lo que debía ser la democracia. Estaba tendiendo la mano y buscaba una reconciliación con el sector al que había enfrentado...".
Los cargos imputados
Según contaron los secuestradores, en el "juicio revolucionario" Aramburu fue acusado, sobre todo, por los fusilamientos del Gral. Juan José Valle y otros militares y civiles sublevados en junio de 1956, y por la desaparición del cadáver de Eva Duarte de Perón.
Eran, con el Alte. Isaac F. Rojas, los paradigmas del "gorilismo". No obstante, es preciso recordar que fue un "hombre-soldado, honesto y valiente", como lo definen Rosendo Fraga y Rodolfo Pandolfi, en "Aramburu, la biografía". Como tal, tuvo la misión de "desperonizar" el país, y lo hizo sin rehuir su responsabilidad. Con muchísimas medidas extremas, como la proscripción del partido (no participó de las elecciones de constituyentes en 1957, ni en las presidenciales de 1958), y la intervención de la CGT, entre otras. Son hechos irrefutables, que deben analizarse con la óptica del momento.
En los fusilamientos no se escondió para firmar la orden respectiva, ni endilgó culpas a otros. Aunque sin ser atenuante, hay una carta de Perón a John W. Cooke donde condena el alzamiento, no muestra ninguna compasión y critica el apresuramiento e imprudencia de los militares rebeldes. Dijo que "sólo la ira por haber sufrido el retiro involuntario los habría motivado a actuar".
Respecto del cadáver embalsamado de Evita, primeramente había sido escondido, siendo objeto de golpes y ultrajes imperdonables, sobre todo por efectivos de la Marina, la fuerza más fanatizada. Enterado, y para evitar más profanaciones, Aramburu encargó al Cnel. Héctor Cabanillas un operativo de traslado a Italia, con ayuda de la Iglesia.
Ello, con el objeto de que recibiera cristiana sepultura, y que fuera devuelto a su familia cuando las aguas se calmaran, lo que se cumplió en la presidencia de Lanusse.
Era un país irreconciliable, profundamente dividido entre peronistas y antiperonistas, con sectores llenos de odio de uno y otro lado.
Gobernó, entre noviembre de 1955 y mayo de 1958, con una Junta Consultiva y amplió apoyo de dirigentes de partidos y sectores no peronistas. Era conocida su afinidad con Alfredo Palacios.
Tuvo que lidiar con los más duros y vengativos, que querían un peronismo sepultado o incinerado. Ese antagonismo quedaría expuesto en el enfrentamiento entre “azules” y “colorados”, en 1962 y 1963.
Consecuencias graves
El hecho marcó un antes y un después, porque trajo aparejada una escalada de violencia incontrolada y produjo un baño de sangre como nunca antes habían vivido los argentinos. No se trata de reivindicar a una persona olvidada y demonizada, a quien sólo Dios y la historia juzgarán. Sí que la muerte de Aramburu en 1970, año en el que también surgió el ERP-PRT, abrió la puerta a una etapa de ferocidad y salvajismo que duró más de una década.
Los asesinatos, secuestros, desapariciones, tormentos, atentados y amenazas se volvieron algo corriente, y las diferencias se zanjaban por las armas, incivilizadamente y al margen de las instituciones. Garín, La Calera, Alonso, Ezeiza, Rucci, los empresarios, los ataques a cuarteles, el golpe del 76 y la última dictadura militar, son parte de una interminable y dolorosa lista. Años después, Firmenich se negó a deponer las armas en democracia y declaró: “el poder político brota de la boca del fusil”.
Además de los daños irreparables en vidas perdidas y familias devastadas, en lo económico sobrevino un impensado desastre por la huida de empresas y capitales de inversiones, por valores incalculables, en busca de horizontes más tranquilos y seguros.
Fue, para Botana, un “penoso proceso de violencia, que estalló a comienzos de 1970 y desembocó en una espiral que los argentinos jamás habían imaginado, alentada por un terrorismo de Estado como instrumento para dilucidar los conflictos y las discusiones políticas”. Ninguna vida vale más que otra, pero un crimen puede tener efectos más tremendos que otro; pensemos en el asesinato en Sarajevo del archiduque austrohúngaro Francisco Fernando en 1914.
Ojalá la muerte de Aramburu no haya sido en vano y los argentinos hayamos aprendido la lección para siempre.