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El caso del empleado municipal que está detenido, imputado por el delito de estafar en nombre del Tribunal de Faltas, será evaluado a partir de hoy por el procurador general de la Municipalidad de Salta, Ramiro Angulo.
Ayer se conoció que la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, imputó provisionalmente a Ramiro Gustavo Rivero, acusado del delito de estafa y falsificación de instrumento público, todo en concurso real, y requirió que el empleado de la comuna permanezca detenido.
Además, se supo que un allanamiento realizado en el domicilio del imputado permitió el secuestro de documentación valiosa para la causa.
Consultado por El Tribuno, Angulo admitió que no tenía información al respecto pero que hoy iba a evaluar la causa penal.
De acuerdo a la información difundida ayer por el Ministerio Público Fiscal, surge del decreto de imputación que el acusado invocó tener contactos en el Tribunal de Faltas y requirió al denunciante una suma de dinero para "solucionar" la infracción que tenía por un accidente de tránsito en que estuvo involucrado su rodado, por lo que el damnificado abonó la suma solicitada y recibió un oficio para retirar el rodado del organismo municipal.
30 mil pesos era el monto que tenía que pagar el supuesto estafado para retirar su vehículo del canchón municipal.
El instrumento resultó ser falso y fue rechazado por el Tribunal Administrativo de Faltas interviniente, al advertir que los sellos y firmas no se correspondían con los verdaderos.
La intervención de la Unidad de Delitos Económicos Complejos se produjo tras la denuncia radicada por Lucía Inés Zapata Usandivaras, quien en ese momento se desempeñaba como jueza de Faltas de Tercera Nominación y subrogante de Cuarta Nominación. En la denuncia, Zapata refirió que todo comenzó cuando escuchó a una sumariante decir: "¿Se siguen dando oficios a los particulares para que retiren vehículos de los canchones?", lo cual le llamó mucho la atención y la llamó inmediatamente.
Al chequear el documento se dio con que las firmas y sellos impresos en el mismo no eran los reales e hizo constar que el oficio en cuestión tenía el número perteneciente a un levantamiento de secuestro otorgado el 9 de diciembre de 2019 y que, al corroborar en el sistema con el número de acta, observó que pertenecía al Juzgado de Primera Nominación y que no tenía resolución.
En diálogo con este diario, Zapata recordó cómo ocurrieron los hechos y reveló incluso que la firma falsificada en el documento era la suya. "Me llamó la atención que le estén por entregar un oficio de liberación a un particular porque no es la vía", advirtió, y explicó: "La vía para este trámite es que firmaba el juez de Faltas, luego se entregaba el oficio al inspector de Tránsito que los llevaba a la sede de calle Santa Fe para liberar los autos, el trámite seguía una vía oficial".
"Tomé el papel y advertí que era un oficio trucho y que me habían falsificado la firma, por lo que me fui directo a la Fiscalía para hacer la denuncia que generó la investigación. La persona me acompañó e hizo su denuncia como damnificado", manifestó Zapata.
Antecedentes
Zapata afirmó que este hecho no es el primero que ocurre sino que "hubo casos anteriores". Indicó que "en su momento, el Dr. (Carlos) Caruso hizo una denuncia y se logró dar con el responsable y la Justicia Penal actuó en consecuencia".
"El año pasado también hubo otro caso de firmas de jueces de faltas falsificadas en los que se hicieron denuncias. No es la primera vez y por suerte la Justicia Penal actúa y atrapa a los responsables. Se trabaja bien", aseguró.
El otro denunciante indicó que es personal del área de Infantería de la Municipalidad y que el 18 de enero, en inmediaciones del pasaje Zorrilla y Juramento de la ciudad de Salta, su vehículo colisionó con otro, por lo que personal de Tránsito dispuso que el rodado quedara secuestrado en el predio de la Municipalidad, ubicado en avenida Paraguay, a disposición del Tribunal de Faltas.
El denunciante sostuvo que el 23 de enero se presentó ante ese organismo, donde le informaron que su deuda era de unos 30 mil pesos. Fue entonces que se comunicó con el imputado, que se desempeña en el Centro Cívico Municipal, para consultarle los pasos a seguir para poder retirar su vehículo y si tenía conocimiento sobre la existencia de planes o descuentos por pago voluntario.
Entonces, -según el denunciante-, el imputado le comunicó que tenía un compañero en el Tribunal y que podía realizar todos los trámites por el monto de 5.500 pesos y que podría retirar el vehículo en dos semanas.
El hombre aceptó la propuesta y entregó el efectivo y documentación para hacer el trámite. Posteriormente, recibió un mensaje del acusado, quien le expresó que los papeles estaban listos y lo citó para entregarle un oficio donde se indicaba que su vehículo estaba en condiciones de ser liberado. Le explicó que debía ver a un "motorista" para que se encargara del trámite pero que, cuando consultó, se dio con la novedad de que el oficio que le habían entregado no existía en la base de datos del Tribunal.
Aseguró que esta situación lo llevó a presentarse ante la magistrada interviniente, Lucía Zapata Usandivaras, para explicarle lo ocurrido. El hombre afirmó que fue víctima de una estafa y que actuó con desconocimiento de cómo se maneja el área administrativa.