inicia sesión o regístrate.
Tabacaleros de las siete provincias productoras, nucleados en la Federación Argentina de Productores Tabacaleros, reclaman a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ponga fin al recorte de ingresos para el Estado nacional y para los actores de la actividad que se viene dando a partir de medidas cautelares emitidas por la Justicia Federal que autorizan a empresas tabacaleras de distintas zonas del país, entre ellas Salta, a tributar montos por debajo de lo establecido por la ley nacional que regula la actividad.
Esta maniobra de las compañías para abaratar sus costos no es nueva y, en los últimos años, ocasionó pérdidas varias veces millonarias para las arcas del Estado y el consecuente desfinanciamiento del Fondo Especial del Tabaco (FET), creado por ley en 1972 con el objetivo de financiar la reconversión de la producción tabacalera en las provincias, cuya economía tiene una fuerte dependencia de este cultivo y su principal objetivo hoy es brindar una remuneración justa al productor.
El FET se financia con un impuesto del 7% sobre el precio total de venta al público de cada paquete de cigarrillo y sus recursos se vuelcan proporcionalmente entre los tabacaleros de las siete provincias donde se desarrolla la actividad: Salta, Misiones, Jujuy, Corrientes, Chaco, Tucumán y Catamarca.
En este marco, la Federación de Productores Tabacaleros emitió un comunicado en el que advirtió que el Gobierno nacional y las provincias perdieron cuantiosos recursos fiscales en el período 2016-2019, además de los que se estiman para este 2020, producto de las medidas cautelares que la Justicia Federal le otorgó a Tabacalera Sarandí, eximiéndola de pagar el impuesto interno mínimo aprobado por el Congreso Nacional (cuya decisión hoy se debate en la Corte Suprema).
Nuevas exenciones
"Recientemente, otros jueces federales en sorprendentes fallos otorgaron idéntico beneficio judicial a las manufactureras Espert SA (provincia de Buenos Aires) y Tabes SA (provincia de Salta), por lo que este desfinanciamiento se agravará al incrementarse el número de fabricantes con un régimen impositivo de menor tributación y, por ende, diferencial a los de los restantes fabricantes de cigarrillos", cuestionó la institución.
En el caso de Salta se refieren a la decisión del Juzgado Federal N§ 2 que otorgó una medida cautelar a la empresa Tabes SA, que la exime de pagar el impuesto mínimo a los cigarrillos, un monto fijo que hoy se ubica en torno a los 68 pesos por atado, que le fija un piso recaudatorio al producto.
Se trata de la tercera empresa que, mediante una maniobra judicial, logra ser eximida del pago del impuesto mínimo. Esta estrategia conjunta le recortará ingresos al Estado argentino por 47.000 millones de pesos en 2020, es decir que se dejará de percibir dinero básicamente destinado a gastos del Gobierno nacional, gobiernos de las provincias tabacaleras (FET) y fondos de asistencia de la Anses.
"Los fondos afectados por esta medida cautelar impactan directa y sustancialmente en las provincias, las cuales dejan de percibir ingresos en concepto de impuestos internos, IVA, Ingresos Brutos y el FET, sin contar con que también impactará en los recursos de jubilados y beneficios de asignaciones sociales por afectar directamente los ingresos de la Anses", indicó la Federación.
La institución que nuclea a los productores señaló que "la convalidación de las excepciones impositivas por vía del otorgamiento de medidas cautelares podría dejar sin trabajo a miles de personas y desfinanciar a 50.000 productores de tabaco, siete millones de jubilados, cuatro millones de beneficiarios de asignaciones sociales, un millón de trabajadores de la cadena del tabaco y, en definitiva, a millones de habitantes al recortar ingresos esenciales para el Estado nacional. Ello sin considerar el impacto devastador que tendría para los recursos del fisco nacional que se generalice la utilización abusiva de las medidas cautelares para la eximición impositiva de otras actividades productivas".
"Es por lo expuesto que los representantes de las siete provincias argentinas productoras de tabaco solicitamos respetuosamente a la Corte considerar los argumentos aquí expuestos, para poner fin al recorte de ingresos al Estado nacional y a este importante sector productivo, agravando la ya delicada situación fiscal en el marco de esta pandemia", expone el documento.
Finalmente, advirtieron que "la subsistencia de este privilegio, otorgado por fuera del principio de igualdad ante la ley -principio fundamental de nuestro orden jurídico-, exceptuando a estas empresas del cumplimiento de la ley impositiva a través de la utilización abusiva de medidas cautelares -mientras al resto se le reclama apego a la ley, el pago puntual de los tributos y un enorme sacrificio-, constituye una circunstancia que pone en jaque la sustentabilidad de la producción de tabaco en la Argentina y, por ende, la continuidad del millón de puestos de trabajo directos e indirectos y el consecuente impacto social para la economía de las siete provincias del NOA y NEA".
Generador de divisas
El tabaco es un cultivo agroindustrial generador de divisas -ya que se exporta el 80% de la producción de tabaco Virginia producido en el país- y gran generador de mano de obra directa y trabajo indirecto en zonas periféricas del país, lo que da una idea del enorme impacto social que el cultivo tiene en las siete provincias productoras. El documento, que lleva la firma del presidente de la entidad, Pedro Pascuttini, está refrendado por las cámaras y asociaciones que integran la Federación Argentina de Productores Tabacaleros: Cámara del Tabaco de Salta, Cámara del Tabaco de Jujuy, Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones, Cámara del Tabaco de Misiones, Cámara de Tabaco de Tucumán, Asociación de Productores de Tabaco de La Cocha, Asociación de Productores Tabacaleros de Chaco, Cámara de Tabaco de Corrientes y Cooperativa de Tabacaleros Agropecuarios del Tucumán.
Origen del tributo que hoy se “evade”
El impuesto nació en el 2004 para desalentar el consumo.
Tabaco listo para empaquetar.
El impuesto interno mínimo a los cigarrillos tiene como función imponer un piso al precio para incrementar la recaudación y desalentar el consumo.
La Federación de Tabacaleros recordó que “el origen de este gravamen se remonta al año 2004, cuando Néstor Kirchner, y su entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, decretaron la creación del ‘Convenio para mejorar la recaudación y evitar la evasión en el mercado de cigarrillos’”, y que “en 2008, la entonces presidenta Cristina Fernández envió un proyecto al Congreso para darle carácter de ley a la figura del impuesto mínimo que fue aprobada mediante la ley Nº 26.467”.
Lo que vino
“Posteriormente, en 2017, la reforma tributaria impulsada por el gobierno de Mauricio Macri y aprobada por el Congreso (ley 27.430) modificó la forma de cálculo del impuesto mínimo creado en el gobierno de Cristina Kirchner. El nuevo cálculo determinaba un gravamen fijo ajustable por inflación”, señalaron.
.