inicia sesión o regístrate.
El Instituto Provincial de Viviendas (IPV), con más de 40 años de actividad en Salta, se fue consolidando como un organismo neurálgico en las políticas públicas de los distintos gobiernos salteños.
El carácter social de su función, junto a una creciente necesidad dentro de la crisis habitacional, lo posiciona como una institución de alta demanda.
Dentro del ciclo “Desarrollos Urbanos” organizado por el diario El Tribuno, el IPV fue ponderado como la herramienta indispensable para ordenar el crecimiento y direccionar las políticas de vivienda en la provincia, a partir de un consenso entre el sector público y privado.
Su presidente Gustavo Carrizo, junto al coordinador técnico, Ignacio Pancetti y a la secretaria de Planificación del Ministerio de Infraestructura, Laura Caballero conforman la mesa donde se concentra la ejecución de planes y programas que en el último año lograron programar 5200 unidades habitacionales en toda la provincia, la mayoría de las cuales están en construcción o bajo los procesos licitatorios.
Modelo digital de las casas que el IPV construye en Seclantás
Los tres funcionarios participaron del ciclo organizado por este medio y a partir de las diversas ponencias, dieron su visión concluyente sobre los desafíos en materia habitacional.
Para el titular del IPV, no existe una sola respuesta para dar solución a los múltiples problemas de vivienda en la provincia. La disponibilidad y costo del suelo, los procesos de infraestructura, materiales y plazos de construcción son solo algunos de los inconvenientes que se deben contemplar en las políticas habitacionales, aunque “el sistema financiero sigue siendo la clave” aseguró Carrizo. Este punto resulta el más comprometedor para el acceso a la vivienda, frente al avance de las urbanizaciones.
Para los funcionarios existe un “fenómeno de empuje” que tiene a los loteadores como operadores que cumplen una función natural de la propia demanda.
Modelo de residencia para la tercera edad
“El loteador vende accesible y financiado, un terreno que no le ofrece ni el Estado y mucho menos un banco. Entonces hay un problema de financiamiento. Los desarrolladores que trabajan con los loteos, vienen a cumplir una función que ya no debería ser ni siquiera del Estado, sino del sistema financiero. Hay un bache entre el Estado y los privados y el financiamiento está en el medio y no cumple con las expectativas. Un desarrollador vende un lote en Campo Quijano porque la gente no tiene muchas alternativas. Vas al banco para pedir un crédito y es casi imposible acceder. Un importante segmento de la población que tendría la capacidad para estar dentro del paraguas financiero, hoy solo tiene la posibilidad de que la operatoria bancaria le ofrece crédito para comprar un celular. Esto es una vergüenza. Entonces el Estado sufre un estres porque tiene que darle respuesta a toda una masa crítica que no encuentra salida en otras vías. El sistema financiero debe responder también a las necesidades de la comunidad. Un organismo como el IPV se ve colapsado por la presión y la demanda para dar respuesta a un enorme segmento poblacional que hoy no tiene cabida y no tiene respuesta”, consideraron los funcionarios.
Costos y salarios
El excesivo costo de la tierra en Salta es otro tema que fue analizado por los funcionarios como un factor negativo para el desarrollo urbanístico armónico, junto al poder adquisitivo de los salarios. “En Salta pasamos de estar por debajo del costo de un inmueble en Córdoba, a estar por arriba de uno en la ciudad de Buenos Aires, en lugares como Núñez o Caballito y con un nivel de ingreso por abajo del promedio en el país. El salteño gana un 40 por ciento menos que alguien en Buenos Aries, pero una propiedad le sale lo mismo que en CABA. Entonces esto es inviable para el desarrollo urbanístico”.