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La polémica por las tierras de Pulares, en el departamento Chicoana, tiene otro capítulo con la respuesta por parte de Santos Jesús Vilte, el puestero de la zona a quien acusan de usurpar tierras y pretender ampliar su territorio a través de juicios de prescripción adquisitiva. A través de su abogado, Víctor Jiménez, Vilte invocó derechos de expresión y aseguró que todas las acusaciones en su contra vertidas por el emprendedor Román Velardes (propietario de la firma Truchas de Pulares) y Adriana Soria, abogada patrocinadora de una familia del lugar, "carecen de todo sustento legal y de documentación" y mostró documentos que obran en los expedientes abiertos en juzgados y fiscalías.
En primer lugar Vilte rechazó terminantemente que tenga intenciones de emprendimientos inmobiliarios en la zona, y aseguró que el juicio establecido es sobre 240 hectáreas que corresponden a la matrícula 2750 en el paraje denominado Potrero de Tilián, en el departamento Chicoana. "Mi defendido está ocupando esa propiedad desde hace más de 40 años, ya que toda esa finca correspondía a sus suegros", aseguró el abogado.
"Tenemos la certificación, actas de nacimiento y actas escolares que demuestran la pertenencia al lugar, como así también una serie de documentación, como el pago de impuestos, que está incorporada al expediente. Todo esto se aportó en la causa penal y civil y demuestra que la familia ocupa el lugar hace 40 años", señaló el letrado en referencia al tiempo que Vilte lleva en el lugar.
Uno de los aspectos que llama la atención en el proceso, que comenzó en 2007 cuando Vilte inició un juicio de prescripción por 61 hectáreas, es que 5 años después, en 2012, Vilte presentó un segundo plano visado por Inmuebles donde amplía esa superficie a 240 hectáreas.
Consultado al respecto de esta pretensión, el abogado Jiménez expresó: "Yo tomé intervención ya iniciado el trámite judicial. Pero independientemente si Vilte inició un trámite sobre 60 o 240 hectáreas, eso no afecta para nada a la propiedad ni los derechos de los vecinos, ya sea de Velardes o de la familia Vale, y tenemos los planos para corroborar esto", expresó.
Jiménez aseguró que el plano de prescripción que hizo en Inmueble deja afuera a la fracción que le corresponde a Velardes, cuya propiedad está bien identificada, y "solo abarca dos hectáreas y media, pese a que se expandió y tomó parte de la fracción propiedad de Vilte y por eso se hizo la denuncia en la fiscalía".
"Después de varias denuncias se estableció la orden de no innovar. Se cruzaron los datos de Inmuebles e imágenes aéreas que determinaron la veracidad de la denuncia; es decir que había una expansión sobre la propiedad de Vilte y por eso surgió la orden de no innovar. Pese a ello Velardes siguió ampliando su criadero sobre la propiedad de Vilte, y como infringió la medida, hace unos días la Justicia lo imputó por desobediencia judicial", aseguró Jiménez.
Al respecto, el abogado fue consultado por una de las denuncias contra su defendido que hace referencia a que, pese a esta medida de no innovar, Vilte está avanzando en las tierras con trabajos nocturnos de alambrado y cercado, con la tala de vegetación autóctona.
"Se está trabajando sobre la propiedad de Vilte con el cambio de postes sobre alambrados y cercos ya existentes. Son alambrados que ya estaban y se están reemplazando los postes viejos. Pero nos interesa clarificar que la fracción de Velardes ni de Vale en ningún momento fueron violentadas", aseguró.
Respecto del daño ambiental y tala de los cerros, otra de las denuncias contra Vilte, Jiménez reiteró que su defendido no busca un desarrollo inmobiliario en la zona y que es un pequeño productor agrícola y ganadero. "El trabajo que desarrolla tiene que ver con el uso de la vegetación para construir cercos para delimitar la propiedad y evitar que el ganado se salga del lugar", expresó.
Desestimiento de la primera acción
Otra de las dudas que surge en el proceso es que Vilte ya había efectuado desestimiento de una primera acción, tras lo cual se presentó en otro juicio por prescripción en una superficie mucho más amplia. "El primer trámite es de otro abogado y, por una cuestión procesal, lo que hice fue recomendar a Vilte de desistir de esa acción e iniciar una nueva", explicó Jiménez.
"No se trata de pretender ocultar nada, sino de un proceso legal. Cuando un trámite de prescripción se encuentra paralizado, sin impulso por mas de 6 meses, cualquier persona puede presentarse y hacer lo que se llama caducidad de instancia, porque justamente el expediente no tuvo movilidad", señaló el letrado que patrocina a Vilte.
"La ley entiende que al haber una paralización del trámite una persona no tiene interés en el proceso. Pero muchas veces esto es desconocido por la gente y tiene más que ver con la responsabilidad de los abogados" indicó Jiménez.
El abogado reconoció que su colega Adriana Soria, patrocinante de la familia Vale, se presentó en ese expediente pidiendo la caducidad de la instancia, pero advirtió que no pudo demostrar el interés legítimo de la familia Vale, por lo cual el juez en primera instancia la rechazó y posteriormente la Cámara también lo hizo.
Atentado, armas y título
Sobre la advertencia de Velardes acerca de un riesgo de contaminación para el emprendimiento de truchas que tiene en el lugar por el accionar de Vilte, el abogado dijo que ese riesgo no existe y que "son suposiciones del señor Velardes", expresó.
"Al igual que decir que mi cliente anda armado; esa es otra barbaridad, ya que hay denuncias en contra de Velardes y se hicieron allanamientos en su casa, de donde secuestraron armas. Hay denuncias corroboradas por veterinarios que dan cuenta de ataques con armas de fuego al ganado de mi cliente", sostuvo.
Al respecto de los títulos sobre la propiedad que reclama Vilte, el abogado Jiménez admitió que nunca se pudo materializar en una escritura pública y por ese inició el trámite de prescripción. Para un juicio de prescripción se tiene que acreditar la ocupación de forma contínua e ininterrumpida por 20 años que asiste al derecho posesorio. Hasta tanto no se obtenga la sentencia judicial se acreditan pagos de impuestos (inmobiliario rural), documentos de marcas y señales ganaderas de los abuelos de la esposa de Vilte, planos de prescripción y hasta interdictos de retener la posesión contra cualquier ocupante por turbación de la posesión y prohibición de innovar", indicó.