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El fallo que dictó la Corte Suprema en favor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires es significante. Por lo que dice, pero mucho más por lo que no dice. Es una sentencia esencialmente sugerente, que establece las coordenadas futuras sobre uno de los déficits mayores de nuestra organización nacional, el federalismo.
La verdad sea dicha: nunca hemos tenido un verdadero cuerpo de doctrina al respecto. Por dos grandes razones. Una condena geográfica, caracterizada por fuerzas centrípetas que llevan a concentrar todo en el puerto; y un dueto de errores constitucionales que profundizaron la debilidad de origen en 1994: la eliminación del colegio electoral, que terminó de asegurar el desarrollo de un mamarracho demográfico (i.e. el conurbano bonaerense), y el tercer senador por provincia, premio consuelo que reforzó un federalismo sumiso, de muchos que responden a los intereses de Dios sabe quién, y no al de sus Provincias. Claro, esto viene de largo. Desde el principio fuimos por el lado de un federalismo folklórico y mal entendido, dónde primó el amor a las espuelas y no a la autonomía y la responsabilidad de cada provincia como tal.
Con este trasfondo histórico, el caso ante la Corte es simple. En esa línea de federalismo de vasallaje, la Nación detrajo un porcentaje de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires en 2020. Tenía que ver con un traspaso previo de funciones de seguridad, por mutuo acuerdo, que siempre van acompañados de las partidas correspondientes. La Ciudad se opuso a la quita y pidió una medida cautelar, que le fue concedida.
Como con cualquier medida precautoria, la Corte ponderó la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, los dos grandes requisitos para su procedencia.
Y aquí los grandes mensajes.
Por unanimidad, el tribunal dijo que cualquier decisión relacionada con la coparticipación debe ser consensual y nunca unilateral. Dejó así en claro que el federalismo es búsqueda de armonía y compatibilización, nunca sometimiento.
Lo otro: que la Ciudad había diseñado un presupuesto en base a esta previsión, sobre un servicio público esencial como la seguridad, que se vio gravemente afectado por este cambio súbito. Cambio de reglas de juego, que impactó gravemente en su autarcía (la autonomía financiera).
Vaya mensajes. De un lado, lo que está promoviendo es el federalismo de concertación, como dispositivo para propender a la unidad en la diversidad. Del otro, la autarcía: tiempo de que las provincias dejen de lado el argumento de la inviabilidad y empiecen a hacerse cargo, responsables plenas de sus recursos y de sus responsabilidades. Es, en definitiva, la habilitación de una tendencia sanadora y promisoria, de un auténtico federalismo.
En una sentencia de unas pocas páginas, dos mensajes potentes sobre una de nuestras deudas institucionales más grandes.
Toca pensar con originalidad y audacia: ahí está el concepto de región en la Constitución, para que desde acuerdos interprovinciales sean creadas unidades con mayor potencia. En esta materia, como en tantas, está todo por hacerse. Lo bueno es que las bases están establecidas.