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Por Sofía Lanusse y Emilio Cornejo Costas
No es necesario acudir al derecho comparado para darse cuenta de que nuestro país es una maraña normativa incierta e imprevisible; el acoso regulatorio es inmanejable y alimenta la burocracia. Ser empresario o emprendedor requiere conocimiento o asesoramiento en temas tributarios (no menos de 100 impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales), cambiarios, aduaneros, bancarios, laborales, etc., y atrás de cada una de estas normas, resoluciones, etc., se esconde un organismo que espera detectar cualquier incumplimiento (sea doloso o culposo), para poder cobrar, sumariar y eventualmente sancionar. En cierto modo, ningún empresario en la Argentina, aunque actúe de buena fe, está exento de algún problema judicial.
Ahora bien, es tal la confusión y, sobre todo, la incongruencia de nuestro ordenamiento jurídico que el empresario o inversor debe saber, bajo apercibimiento de ser castigado con penas de prisión, que la AFIP y el BCRA difieren abruptamente acerca del concepto de “exportación de servicios”, ya que -sorprendentemente- una única prestación de servicios puede ser calificada como exportación en materia cambiaria mas no en materia impositiva.
En efecto, en materia tributaria, el artículo 10, apartado 2) inciso c) de la ley 22415 (Código Aduanero) no define directamente el concepto de “exportación de servicios” de su lectura puede extraerse que se calificará de tal modo a las prestaciones que sean realizadas en el país, y utilizadas o explotadas efectivamente en el exterior. Se ha dicho que para determinar la efectiva utilización económica resultaría necesario considerar el lugar de aplicación inmediata, y no los efectos potenciales o remotos de los servicios exportados.
Por el contrario, una exportación de servicios en materia cambiaria es aquella prestación que, aun cuando se preste y se utilice en territorio nacional, se brinda a un “no residente”. Es decir, lo relevante no es el lugar en donde se presta el servicio o donde se utilice económicamente el mismo, sino la condición del sujeto que lo recibe y que el contravalor sea en moneda extranjera. A modo de ejemplo: un cirujano que realice una intervención en Argentina a un sujeto español, no residente, está exportando un servicio a criterio del Banco Central y, por ende, si factura y cobra en dólares, tiene la obligación de ingresar y liquidar esas divisas en el Mercado de Cambios a cambio oficial dentro de los 5 días de percibidas. O bien quién presta un servicio a una empresa minera extranjera en Argentina, aunque la prestación no tenga efectos fuera de nuestro país, está exportando un servicio a criterio del BCRA cuando el precio pactado sea en moneda extranjera.
Como se podrá observar, el alcance cambiario es mucho mayor al tributario-aduanero, ya que, bajo esta última perspectiva sólo habrá que analizar cuáles de las prestaciones de servicio son utilizadas en una jurisdicción extranjera para concluir que existe exportación. Por el contrario, las obligaciones cambiaras alcanzan a todo aquel que preste servicios a un extranjero percibiendo por ello divisas extranjeras. En ese orden de ideas, el decreto 609/2019 el que establece que “el contravalor de la exportación de bienes y servicios deberá ingresarse al país en divisas y/o negociarse en el mercado de cambios ”, y es la reglamentación de dicho decreto la que establece que: “los cobros por la prestación de servicios por parte de residentes a no residentes deberán ser ingresados y liquidados en el mercado de cambios en un plazo no mayor a los 5 días hábiles a partir de la fecha de su percepción en el exterior o en el país o de su acreditación en cuentas del exterior”.
Lo más grave de esta contradicción que ciertamente produce confusión, es que el régimen cambiario vigente en la Argentina tiene connotaciones penales y, por lo tanto, cualquier incumplimiento o infracción cambiaria es pasible de resultar en la apertura de un sumario penal cambiario que tramitará ante el Banco Central, lo que luego resultará analizado por un Juzgado Penal a los efectos de determinar si se cometió o no algún delito. El incumplimiento es, entonces, aún más gravoso de lo que cualquier empresario pensaría.
Toda esta parafernalia normativa, burocracia administrativa y desborde sancionatorio. trae aparejado mayores costos, imprevisibilidad e inseguridad jurídica y por ende reticencia a invertir o emprender. En un país con una alta presión tributaria, sin reglas claras y previsibles y con poco o nulo incentivo a la inversión, la economía informal y los índices de desempleo serán cada vez más altos.