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La detención del gobernador de Santa Cruz de la Sierra, Luis Fernando Camacho, acusado de promover el levantamiento que en noviembre de 2019 desencadenó la renuncia del presidente Evo Morales, marcó un salto cualitativo en la crisis política que atraviesa Bolivia. La captura de Camacho es parte de un proceso judicial que ya llevó a la cárcel a la expresidenta interina Jeanine Áñez. Pero el episodio reabre también la histórica confrontación entre el gobierno central de La Paz y el Oriente boliviano y reaviva los fantasmas separatistas de esa región.
Previamente, una ola de movilizaciones de protesta, originadas en Santa Cruz de la Sierra pero extendidas a nivel nacional, exigió al gobierno de Luis Arce el adelantamiento de la fecha del censo poblacional previsto para 2024, a fin de que sus datos demográficos estén disponibles para la confección del padrón electoral de las elecciones presidenciales de 2025. Los dirigentes cruceños sostienen que el censo anterior, realizado durante la presidencia de Morales, abultó la población de los departamentos de Occidente para permitir el fraude electoral.
Desde antes de la colonización española, Bolivia está dividida geográfica y étnicamente entre Occidente y Oriente. El Occidente, al que pertenecen los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca, fue parte del imperio incaico. Su población es básicamente aimara y quechua. El Oriente, cuyo epicentro es Santa Cruz de la Sierra, está integrado también por los departamentos de Pando, Beni y Tarija y alberga una población de origen mayoritariamente guaraní.
Durante siglos, la región oriental representó un límite a la expansión incaica. Esa dicotomía entre el Altiplano y la "Media Luna" (llamada así por la forma de su geografía) se acentuó durante la era colonial. Esto derivó en un vínculo conflictivo y plagado de altibajos en la etapa independiente iniciada en 1825. La población del Oriente siempre mantuvo un sentimiento de superioridad cultural sobre sus compatriotas del Occidente.
El Oriente ocupa el 60% de la superficie boliviana, pero contiene apenas un tercio de su población, mientras que el 70% habita en la región occidental. Tradicionalmente, la explotación minera erigió al Occidente en la columna vertebral de la economía nacional. Pero en la década del 80 el declive de la minería, que en la región andina fue sustituida por las plantaciones de coca (primer eslabón de la cadena del narcotráfico), trasladó esa condición al Oriente, beneficiado por sus yacimientos de petróleo y gas y por el auge de la producción agropecuaria, incentivado por el boom de la soja.
La brecha cultural
La amenaza de la secesión del Oriente es una constante en la historia boliviana. En 2001 surgió Nación Camba, expresión del independentismo regional. En su manifiesto fundacional, con una nítida impronta racista, el movimiento estigmatizaba a la Bolivia andina: "Encerrada en sus montañas, una especie de Tibet sudamericano, constituido mayoritariamente por las etnias aimara y quechua, atrasado y miserable, donde prevalece la cultura del conflicto comunalista, irrepublicana, iliberal, sindicalista, conservadora, y cuyo centro burocrático (La Paz) practica un execrable centralismo colonial de Estado que explota a sus 'colonias internas', se apropia de nuestros excedentes económicos y nos impone la cultura del subdesarrollo, su cultura".
En 2006 el ascenso de Morales, un caudillo indigenista, fue una bofetada al Oriente. No obstante, tras una primera etapa de enfrentamientos, la habilidad política de Morales, ayudada por la bonanza económica, le permitió celebrar un acuerdo con las elites cruceñas que duraron hasta 2017, cuando su decisión de forzar la legalidad constitucional para lograr un cuarto mandato presidencial consecutivo precipitó la crisis institucional que provocó su derrocamiento. La asunción de Áñez, diputada por el Departamento de Beni, simbolizó el ascenso de una figura del Oriente al Palacio de Quemado.
Así como Donald Trump irrumpió en Estados Unidos como la antítesis de Barack Obama (primer presidente negro de su país), el perfil de Camacho, un empresario de la clase alta de Santa Cruz de la Sierra, formado en el tradicionalismo católico pero apoyado por el movimiento evangélico, es la perfecta contrafigura de Morales, quien se había autoproclamado "primer presidente indígena de América", en una aparatosa ceremonia celebrada en las ruinas precolombinas de Tiwanaku. Cuando Camacho enarbola la Biblia como estandarte, exalta el contraste entre las creencias ancestrales de los aimara y los quechua y el cristianismo de la región oriental.
Las movilizaciones que provocaron el derrocamiento de Morales fueron motorizadas por los "Comités Cívicos", organizaciones suprapartidarias conformadas por las organizaciones de la sociedad civil de los distintos departamentos (no sólo del Oriente) que levantan la bandera del federalismo y reivindican sus autonomías regionales.
Tras la restauración de la democracia en 1982, esos organismos, erigidos en instrumentos de representación de los factores de poder económico y de las clases medias urbanas, presionaron por la descentralización política y consiguieron primero la elección popular de los prefectos de las ciudades y luego de los gobernadores de los nueve departamentos.
El fantasma del separatismo
El protagonismo de los Comités Cívicos en las protestas contra Morales rebasó la estructura de los partidos tradicionales. Su idea originaria y su práctica política son típicamente cruceñas. La institución nació hace 70 años en Santa Cruz para enfrentar al centralismo ejercido desde La Paz.
La detención del gobernador de Santa Cruz de la Sierra, Luis Fernando Camacho, acusado de promover el levantamiento que en noviembre de 2019 desencadenó la renuncia del presidente Evo Morales, marcó un salto cualitativo en la crisis política que atraviesa Bolivia. La captura de Camacho es parte de un proceso judicial que ya llevó a la cárcel a la expresidenta interina Jeanine Áñez. Pero el episodio reabre también la histórica confrontación entre el gobierno central de La Paz y el Oriente boliviano y reaviva los fantasmas separatistas de esa región.
Previamente, una ola de movilizaciones de protesta, originadas en Santa Cruz de la Sierra pero extendidas a nivel nacional, exigió al gobierno de Luis Arce el adelantamiento de la fecha del censo poblacional previsto para 2024, a fin de que sus datos demográficos estén disponibles para la confección del padrón electoral de las elecciones presidenciales de 2025. Los dirigentes cruceños sostienen que el censo anterior, realizado durante la presidencia de Morales, abultó la población de los departamentos de Occidente para permitir el fraude electoral.
Desde antes de la colonización española, Bolivia está dividida geográfica y étnicamente entre Occidente y Oriente. El Occidente, al que pertenecen los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca, fue parte del imperio incaico. Su población es básicamente aimara y quechua. El Oriente, cuyo epicentro es Santa Cruz de la Sierra, está integrado también por los departamentos de Pando, Beni y Tarija y alberga una población de origen mayoritariamente guaraní.
Durante siglos, la región oriental representó un límite a la expansión incaica. Esa dicotomía entre el Altiplano y la "Media Luna" (llamada así por la forma de su geografía) se acentuó durante la era colonial. Esto derivó en un vínculo conflictivo y plagado de altibajos en la etapa independiente iniciada en 1825. La población del Oriente siempre mantuvo un sentimiento de superioridad cultural sobre sus compatriotas del Occidente.
El Oriente ocupa el 60% de la superficie boliviana, pero contiene apenas un tercio de su población, mientras que el 70% habita en la región occidental. Tradicionalmente, la explotación minera erigió al Occidente en la columna vertebral de la economía nacional. Pero en la década del 80 el declive de la minería, que en la región andina fue sustituida por las plantaciones de coca (primer eslabón de la cadena del narcotráfico), trasladó esa condición al Oriente, beneficiado por sus yacimientos de petróleo y gas y por el auge de la producción agropecuaria, incentivado por el boom de la soja.
La brecha cultural
La amenaza de la secesión del Oriente es una constante en la historia boliviana. En 2001 surgió Nación Camba, expresión del independentismo regional. En su manifiesto fundacional, con una nítida impronta racista, el movimiento estigmatizaba a la Bolivia andina: "Encerrada en sus montañas, una especie de Tibet sudamericano, constituido mayoritariamente por las etnias aimara y quechua, atrasado y miserable, donde prevalece la cultura del conflicto comunalista, irrepublicana, iliberal, sindicalista, conservadora, y cuyo centro burocrático (La Paz) practica un execrable centralismo colonial de Estado que explota a sus 'colonias internas', se apropia de nuestros excedentes económicos y nos impone la cultura del subdesarrollo, su cultura".
En 2006 el ascenso de Morales, un caudillo indigenista, fue una bofetada al Oriente. No obstante, tras una primera etapa de enfrentamientos, la habilidad política de Morales, ayudada por la bonanza económica, le permitió celebrar un acuerdo con las elites cruceñas que duraron hasta 2017, cuando su decisión de forzar la legalidad constitucional para lograr un cuarto mandato presidencial consecutivo precipitó la crisis institucional que provocó su derrocamiento. La asunción de Áñez, diputada por el Departamento de Beni, simbolizó el ascenso de una figura del Oriente al Palacio de Quemado.
Así como Donald Trump irrumpió en Estados Unidos como la antítesis de Barack Obama (primer presidente negro de su país), el perfil de Camacho, un empresario de la clase alta de Santa Cruz de la Sierra, formado en el tradicionalismo católico pero apoyado por el movimiento evangélico, es la perfecta contrafigura de Morales, quien se había autoproclamado "primer presidente indígena de América", en una aparatosa ceremonia celebrada en las ruinas precolombinas de Tiwanaku. Cuando Camacho enarbola la Biblia como estandarte, exalta el contraste entre las creencias ancestrales de los aimara y los quechua y el cristianismo de la región oriental.
Las movilizaciones que provocaron el derrocamiento de Morales fueron motorizadas por los "Comités Cívicos", organizaciones suprapartidarias conformadas por las organizaciones de la sociedad civil de los distintos departamentos (no sólo del Oriente) que levantan la bandera del federalismo y reivindican sus autonomías regionales.
Tras la restauración de la democracia en 1982, esos organismos, erigidos en instrumentos de representación de los factores de poder económico y de las clases medias urbanas, presionaron por la descentralización política y consiguieron primero la elección popular de los prefectos de las ciudades y luego de los gobernadores de los nueve departamentos.
El fantasma del separatismo
El protagonismo de los Comités Cívicos en las protestas contra Morales rebasó la estructura de los partidos tradicionales. Su idea originaria y su práctica política son típicamente cruceñas. La institución nació hace 70 años en Santa Cruz para enfrentar al centralismo ejercido desde La Paz.