El bono de $60.000 para los trabajadores de menores ingresos anunciado por el ministro Sergio Massa es una señal más del debilitamiento del Poder Ejecutivo frente a la áspera campaña electoral y el aumento imparable de la inflación.
Vale decir que con un 40% de la población bajo la pobreza, esta asistencia excepcional no resuelve nada y, es más bien, un simulacro. La situación de millones de personas es desesperante desde hace mucho tiempo, solo se resolverá con programas de largo plazo.
La ausencia de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner deja, en los hechos, al ministro de Economía en la función de candidato en ejercicio transitorio de la Presidencia. Y desde esa posición, adoptó una medida que intenta aminorar el efecto de la devaluación del peso en un 22% que él mismo dispuso apenas concluidas las PASO, y de la consecuente secuela inflacionaria.
El Estado nacional, para pagar esa suma a sus empleados, deberá apelar nuevamente a la emisión de moneda o deuda pública, un recurso que solo estimula la suba de los precios.
La decisión avanza sobre los derechos de las provincias y los municipios, que vienen acordando en paritarias con los gremios la adecuación a la inflación. De hecho, catorce gobernadores se negaron a otorgar este bono no remunerativo. otros informaron que habían acordado y pagado antes, e incluso más que lo ordenado por Massa; y la mayoría le hizo saber que la actualización laboral tiene otra vía legal, distinta del decreto promulgado el viernes.
El Estado no puede intervenir en las paritarias, ni de las provincias ni del sector privado. Y no es válido invocar situaciones extraordinarias que en realidad surgen de decisiones políticas adoptadas por el gobierno.
La administración de un presupuesto, sea de una provincia, un municipio o una empresa, grande o chica, se debe sostener en previsiones económicas, financieras y legales. Una avanzada como esta sobre el federalismo y sobre el sector privado es el ejemplo de que el poder central repite las distorsiones históricas que nos han traído a la actual situación social, que es límite.
Para las empresas, el escenario financiero, monetario y cambiario también es destructivo. La fluctuación de la cotización del dólar y la falta de reservas netas han llevado al Gobierno a regular y prohibir la importación de insumos esenciales para la industria y el agro, que empiezan a poner en riesgo la provisión, entre otras cosas, de medicamentos. El pago de este bono, que no estaba en ningún presupuesto porque se trata de una decisión esencialmente electoral, pone a las pequeñas y medianas empresas en una situación extrema. Y a esto se suma la intromisión que supone este anuncio en las economías de los hogares que cuentan con servicio doméstico.
El decreto no explicita sanciones y es por otra parte, ilegal y anticonstitucional. La legislación es clara: el Estado no puede fijar las remuneraciones privadas.
En nuestro país se cuadruplicaron los planes sociales y la mitad de la población depende del Estado para sus ingresos, pero la pobreza se duplicó en dos décadas; el salario informal perdió en seis años el 35% del poder adquisitivo y el formal cayó 18%. Entonces, nuestros funcionarios, aunque sean candidatos, deben respetar más que nunca la racionalidad de la ley.
En febrero pasado, Sergio Massa había afirmado, en un reportaje con CNN, que en la Argentina "es incompatible ser ministro y candidato a la vez". Y lo explicaba señalando que "la gestión no me permite ninguna distracción".
Lo que ocurre en estos días le da la razón: Massa, ya candidato, sigue siendo ministro, con un poder ampliado de hecho y obligado a privilegiar, absolutamente, la campaña sobre la gestión.