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El Gobierno nacional avanzó este jueves con una medida clave y polémica: desreguló por completo el mercado del gas envasado, un insumo esencial para miles de hogares en Salta y el norte del país. Aunque en la provincia existe la red de gas natural, muchos salteños -especialmente en zonas, localidades rurales y barrios periféricos- no cuentan con acceso y dependen exclusivamente de las garrafas para cocinar y calefaccionarse.
La decisión se formalizó mediante el Decreto 446/2025, publicado en el Boletín Oficial, que establece que el Estado abandona la intervención en los precios, la oferta y la demanda del gas licuado de petróleo (GLP), limitándose exclusivamente a controlar parámetros de seguridad.
Hasta ahora, la Secretaría de Energía regulaba el precio y supervisaba la distribución del gas envasado para evitar aumentos bruscos y garantizar el abastecimiento en sectores vulnerables. Sin embargo, con la nueva normativa, los precios quedarán completamente liberados y regidos por el mercado, lo que podría traducirse en fuertes subas para los consumidores, especialmente en regiones donde la logística encarece el producto.
En provincias como Salta, donde la red de gas natural no cubre a toda la población, la garrafa sigue siendo la única alternativa. Hoy, una garrafa de 10 kilos subsidiada ronda los $15.500, pero en localidades alejadas el costo puede superar los $25.000 por los gastos de transporte. Con la desregulación, esos valores podrían incrementarse aún más y poner en jaque la economía familiar.
El Gobierno justificó la medida afirmando que busca “reducir la sobrerregulación y fomentar un mercado dinámico y eficiente”, apostando a que el sector privado amplíe la oferta y optimice la calidad del servicio. Entre los principales cambios se destacan la eliminación de la autorización previa para instalar o ampliar plantas de fraccionamiento y la flexibilización del régimen de marcas y envases, permitiendo a los fraccionadores operar con cualquier proveedor y marca.
Además, se habilitó la importación libre de GLP, sin necesidad de aprobación previa, siempre y cuando se garantice primero el abastecimiento del mercado interno.
El decreto sostiene que el nuevo esquema permitirá “más competencia y menores costos”. Sin embargo, organizaciones de consumidores y especialistas advierten que la eliminación de controles puede derivar en aumentos abruptos, sobre todo en zonas donde el transporte y la distribución representan un alto porcentaje del precio final.
Con esta decisión, el Ejecutivo profundiza su política de liberación de precios y retiro del Estado como regulador, trasladando la responsabilidad al mercado. En Salta, donde el gas envasado sigue siendo esencial para miles de hogares, la preocupación crece ante la posibilidad de que la garrafa se convierta en un bien inaccesible para muchos.