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El Comité plantea, entre otras medidas de trabajo prioritarias para 2025: profundizar las acciones destinadas a erradicar las prácticas de tortura y malos tratos cometidos contra personas con privación o restricción de libertad, mediante medidas de prevención, así como la promoción de investigaciones y sanciones en caso de que se produzcan. Asimismo, se busca impulsar la modificación o derogación de la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario número 5639, para reemplazarla por una normativa que asegure el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos, en el marco de la acción de habeas Corpus colectivo correctivo que tramita ante la Corte de Justicia de Salta.
Se plantea también la constitución de una mesa de emergencia interpoderes, con participación del Ministerio Público y del Comité, que se aboque a implementar medidas para aliviar el hacinamiento en unidades penitenciarias y dependencias policiales, así como intensificar el monitoreo preventivo en comisarías y establecimientos policiales. Se buscará garantizar el traslado a centros penitenciarios de las personas condenadas alojadas en dependencias policiales y el traslado progresivo a alcaidías de quienes tengan dictada prisión preventiva, incluyendo la clausura o inhabilitación de las comisarías 3 y 4 de Tartagal.
Entre los objetivos también se incluyen avanzar en un sistema unificado y consolidado de estadísticas oficiales válidas y confiables, que incorpore datos desagregados; garantizar el acceso a la salud en tiempo oportuno y en condiciones dignas mediante articulaciones interministeriales o intersectoriales; y erradicar las prácticas de aislamiento violatorias de los Derechos Humanos, incluyendo la reforma del reglamento interno de unidades carcelarias y la clausura de sectores no aptos para alojamiento.
El Comité prevé profundizar la actuación en materia de Salud Mental, insistir en la reglamentación de la ley 8.323 para la constitución efectiva del órgano de revisión y promoción de derechos en este ámbito, y asegurar un abordaje integral de la situación de jóvenes en conflicto con la ley penal, promoviendo que los dispositivos a cargo dejen de depender del Servicio Penitenciario y pasen a órbitas especializadas. Se potenciará la formación del personal para erradicar prácticas de malos tratos y evitar la institucionalización de menores no punibles.
Se trabajará en la elaboración de un diagnóstico integral actualizado sobre educación en contexto de encierro y se reforzará la actualización y unificación de normativas relacionadas con procedimientos de visitas y requisas, bajo criterios respetuosos de los Derechos Humanos, con perspectiva de género y utilización de tecnologías que garanticen la dignidad de las personas privadas de libertad.
Finalmente, el Comité continuará promoviendo el cumplimiento pleno de medidas de salvaguarda en los momentos iniciales de detenciones o aprensiones, mediante campañas de difusión, diseño de cartelería, formación a personal policial y articulación con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público de la Defensa, así como manteniendo un sistema permanente de prevención durante protestas o movilizaciones sociales, para evitar actos de violencia institucional, tortura o malos tratos, y asegurar actuaciones tempranas y efectivas ante violaciones de derechos fundamentales.
En tanto, Solá expresó una preocupación que tienen desde el Comité, relacionada a su funcionamiento.
"Nosotros ya desde el inicio venimos planteando las cuestiones presupuestarias y de manejo autárquico, pero actualmente lo que nos inquieta es que nuestros mandatos se van a vencer en febrero del año que viene, faltan seis meses y no se han iniciado todavía los procesos de los concursos públicos para la renovación y que podamos tener una sucesión inmediata al término de nuestros mandatos", finalizó.
Hay más de 750 detenidos en comisarías
El informe dedica un apartado especial a la situación en dependencias policiales, que motivó la presentación del habeas corpus colectivo correctivo ante la Corte de Justicia de Salta el 1.º de agosto de 2024.
Desde febrero de 2022, el Comité realizó 18 visitas a comisarías de distintas localidades, constatando condiciones calificadas como "pésimas, insalubres e inhumanas": pisos, paredes y techos sucios, húmedos y agrietados; falta de iluminación y ventilación; olores nauseabundos; plagas de insectos; internos durmiendo en el piso y sin espacio suficiente; acumulación de pertenencias; riesgo para la salud física y mental; ausencia de comunicación con el exterior; atención médica casi nula; demoras en traslados por falta de móviles; y sin espacios de recreación, con encierro casi total.
"En este informe también algo destacable, hay un capítulo que trabajamos por primera vez que son las medidas de salvaguarda", indicó Solá.
"Son las acciones que debiera tomar la policía en los momentos iniciales de la detención de una persona: acceso a información de por qué se lo está deteniendo, posibilidad de contacto con familiares, con la defensa técnica y acceder a una revisión médica independiente. Hicimos una encuesta, un cuestionario en comisarías de toda la provincia y los números son alarmantes en relación al incumplimiento de estas medidas en las situaciones concretas".
Según consta en el estudio del Comité, de un informe realizado por las autoridades provinciales se da cuenta de la existencia de al menos 55 personas cumpliendo condenas, 583 con prisión preventiva y 113 detenidas, sumando 751 personas privadas de la libertad, alojadas en dependencias policiales.
El habeas corpus solicitó a la Corte de Justicia de Salta: visitas in situ, el traslado inmediato de condenados a unidades penitenciarias, el traslado progresivo a alcaidías de quienes tengan prisión preventiva, la clausura de las comisarías 3 y 4 de Tartagal, y la conformación de una mesa de emergencia interpoderes.
Organismos como el Colegio de Abogados de Salta, la Asociación Miguel Ragone, la Mesa de Derechos Humanos, el CELS y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura presentaron amicus curiae. El Procurador General sostuvo que la demanda impacta en la política penitenciaria y policial de toda la provincia. La Corte se declaró competente, inscribió la acción en el registro provincial de procesos colectivos y celebró una audiencia en 2025.