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Antes fue el kirchnerismo con su codicia de poder absoluto y de saqueo corrupto, y el atropello a las instituciones.
Ahora, sorpresivamente, porque la consigna electoral era la de demoler una casta que engendraba tales calamidades, en medio de un esfuerzo meritorio por erradicar una inflación que dinamitaba el poder adquisitivo y sumergía a una mayoría de la población en la pobreza, se contempla una ofensiva arrolladora contra la opinión pública y su vehículo genuino, la prensa libre, reveladora de una nueva versión de la concentración del poder, sumada a un embate manifiesto contra las instituciones que son la estructura legal de un sistema guardián de las libertades y los derechos individuales.
Por lo demás, hay un poder que se ejerce en las sombras, apoyado en una restricción a la obligación de publicar los actos de gobierno, como el decreto 780/24, y operado por un círculo áulico, encabezado por una especie de comisario político al mejor estilo soviético, calificado por el periodista Carlos Pagni como "el mago del Kremlin", con la suma de autoridad por sobre la de los propios ministros. Y en cuya oficina se originan los mensajes con los que, a través de las redes sociales, se promueve la exaltación de la personalidad del paladín de la libertad.
Es tal la gravedad del intento de destrucción de la institucionalidad, que constituye una amenaza para el sistema republicano de gobierno, es decir el arquetipo consagrado en los regímenes constitucionales modernos, con el que se ha querido garantizar ese supuesto designio básico pregonado por el presidente Milei, la libertad, que será mancillada si se radicaliza un poder que menosprecia y desdeña los principios de ese sistema, como la división de los poderes, la soberanía del pueblo, la renovación periódica de sus representantes, su derecho a participar en el gobierno a través del voto y del control de los gobernantes, la libertad y la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la consecución del bienestar general, la responsabilidad de los gobernantes, el imperio de la ley comenzando con la Constitución, que es la columna vertebral de ese sistema republicano. El intento, ya pretendido por el kirchnerismo, de colonizar el poder judicial con jueces que respondan a los intereses y directivas del poder político, se manifiesta ahora en el propósito de aposentar en la Corte Suprema de Justicia, definitivo y absoluto intérprete de la Constitución, a un juez caracterizado por su destreza para adecuar los tiempos procesales y las
resoluciones a esos intereses y que ha merecido la reprobación unánime de juristas y colegios profesionales del derecho.
La utilización de los DNU, decretos de necesidad y urgencia, que deberían ser recurso para casos de extrema emergencia nacional, no sólo fue la fórmula del populismo anterior para autorizar al presidente a adoptar medidas que corresponden al Congreso, sino que el actual gobierno, ante la escasez de legisladores propios y la oposición cerril en el Congreso está abusando de ese recurso.
Otra manifestación de la radicalización en la hegemonía del poder y el crecimiento del personalismo es la práctica asiduamente utilizada por este gobierno, de disponer purgas en los cargos públicos, como la más reciente en la cancillería, o en los casos de cesantías súbitas y expeditivas de funcionarios que se atrevieron a emitir órdenes o meras opiniones que disgustan al círculo áulico. Constituye una práctica semejante al sistema macartista de husmear y descubrir los casos de simpatías disimuladas o encubiertas, por ideas que contraríen los mandatos de una ideología radicalizada, expresión del pensamiento único.
La zancadilla inventada para eludir la responsabilidad de los funcionarios públicos que exige el sistema republicano, con el otorgamiento de un poder de decisión superlativo a un sujeto que, a pesar de esa máxima facultad, no ostenta cargo alguno, pero toma resoluciones de altísima trascendencia, como lo es el supremo asesor presidencial, es otro medio de socavar el sistema republicado de gobierno y de evidenciar el desprecio al mandato de la ley suprema que es la Constitución.
Todo ese desinterés por la legalidad y la institucionalidad, confronta con el propósito loable y esencial de un desarrollo económico sustentable, para revertir el estado catastrófico que dejó el régimen kirchnerista a la economía del país, y por consiguiente al flagelo de una pobreza y una indigencia indignante en un país opulento. Pero el bienestar, el desarrollo y el progreso de la nación, no se limita a la imprescindible condición de la prosperidad económica de la comunidad. Existen otros derechos tan importantes, aunque menos apremiantes, que tienen relación con su desarrollo intelectual, cultural, social y todo lo que hace a su trascendencia como ser humano. Los pueblos no pueden vivir ni deben aceptar, la coartación de sus derechos civiles, la prerrogativa como seres humanos de contar con la oportunidad de procurar la superación personal. Para ello es imprescindible garantizarle los derechos civiles y las libertades, entre otros, los que se enumeran en los artículos 14 al 19 de la Constitución Nacional.
Y en ello está de por medio el derecho irrestricto, indeclinable y sagrado, de que todo gobernante haga un culto por el respeto a la afirmación del sistema republicano de gobierno y al acatamiento inflexible de la Constitución.
No es posible concebir la dicotomía de una política liberal para el desarrollo económico, por una parte y por otra la radicalización de una política autoritaria y populista en lo institucional. Cierto es que hoy predominan en casi todo el planeta, los regímenes fundados en democracias de origen, por haber sido elegidos sus gobernantes en elecciones libres, pero que no son democracias en ejercicio, ya que se radicalizaron en regímenes que, si bien procuran el progreso económico, con el fin de captar los votos que los afiancen en el poder, conculcan las libertades de los ciudadanos.
Cabe preguntarse, dónde reside la razón y el fundamento de tal aberración y la falta de reacción por parte de la ciudadanía ante tal menoscabo de sus derechos fundamentales. Tales regímenes autocráticos, con gobernantes que han sido elegidos por el pueblo, han podido prosperar y afianzarse, por una falta tan grave de interés y conocimiento de sus derechos y sus leyes, que me atrevo a calificarla como un analfabetismo cívico.
Si eso ocurriera en la Argentina hoy, será justificada la euforia que está desplegando el presidente Milei, ante los indudables logros que su gobierno está alcanzando en lo económico, pero también será una alarmante preocupación para un ciudadano que, imbuido de un fervor y una elemental erudición cívica, y esperanzado como estuvo en la superación de un populismo corrupto y degradante, le entregó su voto, creyendo en el cumplimiento de la promesa de erradicar ese régimen, al que denominó la "casta", pero con la que hoy parece haber comenzado a congeniar y negociar.
En el mundo existen democracias autocráticas, como lo fue el kirchnerismo, y sus gobiernos se consolidan y perduran por la pasividad cívica de sus ciudadanos.