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A los 85 años, con un cáncer de pulmón en tratamiento y un impedimento legal derivado de una condena judicial que tendrá que eludir para legalizar su postulación, el exmandatario peruano Alberto Fujimori (1990-2000) anunció su intención de presentarse como candidato en las elecciones de 2026, fecha de expiración del interinato de la presidenta Dina Boluarte, sucesora de Pedro Castillo, destituido por el Parlamento en 2022.
La decisión de Fujimori fue anticipada por su hija Keiko, líder de Fuerza Popular, el partido político con que el "fujimorismo" intentó conservar vigencia mientras su inspirador cumplía una sentencia de 25 años de cárcel por las violaciones contra los derechos humanos cometidas bajo su gobierno en la lucha contra la guerrilla izquierdista de Sendero Luminoso. "Está absolutamente lúcido aunque tenga enfermedades que viene arrastrando desde hace años, pero tiene una gran fortaleza", señaló Keiko.
Fujimori inauguró una regla no escrita de la historia peruana contemporánea: la presidencia es la antesala del procesamiento penal y en la mayoría de los casos de la cárcel. Exiliado en Japón, la tierra de sus ancestros, tras su renuncia en 2000, residió en Chile y fue extraditado a Perú en 2007. Una vez encarcelado, empezó un largo calvario judicial con una multiplicidad de sentencias y apelaciones sucesivas que incluyeron un indulto decretado en 2017 por entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, que también fue recurrido judicialmente y recién pudo efectivizarse con una sentencia del Tribunal Constitucional en 2022. Perú ostenta un verdadero récord mundial ex presidentes procesados y condenados judicialmente. Alejandro Toledo (2001-2006) fue extraditado de Estados Unidos y está en prisión. Alan García (2006-2011) se suicidó minutos antes de ser detenido en su domicilio por la policía. Ollanta Humala (2011-2016) también fue a la cárcel. Pedro Kuczynski, electo en 2016 y destituido en 2018, detenido y procesado por lavado de dinero, está hoy en libertad condicional. Martín Viscarra, su sucesor constitucional (2018-2020), fue juzgado por actos de corrupción. Castillo, electo en 2021 y derrocado en 2022, fue encarcelado tras un fallido intento de autogolpe de estado.
Ese vaciamiento de la autoridad presidencial generó la configuración de una "parlamentocracia". El Poder Legislativo adquirió más importancia que el Poder Ejecutivo y los diputados tienen mayor relevancia política que los ministros. La difusa expresión constitucional de "incapacidad moral permanente" como causal de destitución es una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de los presidentes de turno. Sin embargo, esa supremacía no está acompañada por la opinión pública. En las semanas previas a su caída Castillo tenía una imagen negativa del 61% y el Congreso que lo destituyó, un índice de rechazo del 86% . Semejante escenario justifica la célebre pregunta sobre "¿Cuándo se jodió Perú?", formulada en 1969 en su libro "Conversación en la Catedral" por el escritor peruano Mario Vargas Llosa, quien fue precisamente el candidato derrotado por Fujimori en la segunda vuelta de la elección presidencial de 1990. Pero en función de los acontecimientos del último cuarto de siglo, sería más apropiado interrogarse sobre "¿Cómo sobrevive Perú?" y, sobre todo, cómo se explica su crecimiento económico en medio de ese cuadro de inestabilidad política.
El "milagro peruano" está sustentado en la irrupción de una nueva clase media y un vigoroso empresariado, surgidos ambos de la base de la pirámide social, que en el curso de una generación transformó la estructura productiva. Esa nueva burguesía indígena está integrada por decenas de miles de pequeños empresarios provenientes de la economía informal, que en Perú es mucho más pujante que la economía formal. Este fenómeno, magistralmente descripto por el economista peruano Hernando de Soto en su libro "El otro sendero", comenzó en la década del '70 con las migraciones masivas de la población rural hacia los centros urbanos, en particular a la periferia de Lima. En esas nuevas barriadas populares, denominadas "pueblos jóvenes", totalmente carentes de infraestructura, surgió espontáneamente una actividad empresarial para satisfacer esa demanda que abarcaba desde el comercio minorista hasta la industria de la construcción y los servicios de transporte público.
Ese espíritu emprendedor expandió su radio de acción. Existen más de tres millones de microempresas. También surgieron grupos empresarios con inversiones en el exterior, sobre todo en el área gastronómica. Un ejemplo emblemático es Big-Cola, una gaseosa de origen local producida por la empresa AJE group, de la familia Añaños, radicó una planta en Tailandia para exportar desde allí a China, India, Malasia y Vietnam.
Una herramienta central para el desarrollo de ese "capitalismo popular" de origen indígena consistió en la regularización de los títulos de dominio en esos "pueblos jóvenes" y las zonas rurales. Esa legalización de la propiedad informal, impulsada con la participación del propio De Soto durante la primera etapa del gobierno de Fujimori, favoreció el auge de los microemprendimientos porque la posesión de esos títulos en regla permitió a los beneficiarios de esa reforma el acceso al crédito indispensable para financiar sus actividades. La estrategia orientada a aumentar el número de pequeños propietarios, que fue el secreto de ese "otro sendero" anticipado y preconizado por De Soto en la década del 80, se reveló más convincente que la retórica indigenista de la izquierda peruana y de los guerrilleros de Sendero Luminoso para responder a las antiguas reivindicaciones que subyacían después de cinco siglos de historia tras la caída del imperio incaico y enfrentó exitosamente al desafío ideológico del "socialismo del siglo XXI". La apertura económica "hacia adentro" fue acompañada por una audaz política de desregulación y apertura internacional. Perú construyó una economía abierta que incluyó la negociación de tratados bilaterales de libre comercio con EEUU y también con China y un activo protagonismo en la configuración de la Alianza del Pacífico, un bloque regional que nuclea a las economías más abiertas de América Latina e incluye a México, Colombia y Chile, en contraposición al proteccionismo en el Mercosur.
Otra característica del "modelo peruano" es su sistema bimonetario: el dólar es de libre circulación y puede emplearse como medio de pago en igualdad de condiciones con la moneda local en todas las transacciones. La segunda, garantizada constitucionalmente, es la independencia del Banco Central, cuyo presidente sobrevive a los cambios de gobierno. Su actual titular, Julio Velarde, que había sido miembro del directorio con Fujimori, fue nombrado presidente de la institución en 2006. Desde su despacho ha visto ya desfilar seis presidentes. Esa diferencia entre el poder de Velarde y la fragilidad de la institución presidencial retrata gráficamente la particularidad del caso peruano. Las apasionadas confrontaciones políticas de este siglo contrastan con el consenso implícito que sostiene el rumbo económico impuesto por Fujimori. Los presidentes que llegaron al poder como enemigos jurados del "modelo neoliberal", como ocurrió con García, con Humala y con el propio Castillo, experimentaron un shock de realismo que los llevó a conservarlo. Esa continuidad construyó una imagen de previsibilidad y confiabilidad internacional propicia para la atracción de inversiones extranjeras. En este escenario signado por un gigantesco vacío político, Fujimori apuesta ahora a compensar electoralmente las desventajas derivadas de su edad y de su estado de salud con su condición de "padre de la criatura". Apuesta a invertir la tendencia histórica: en vez de ir desde el poder a la cárcel, regresar desde la cárcel al poder.
* Vicepresidente de Instituto de Planeamiento Estratégico