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Los Juicios por Jurados están consagrados en la Constitución Nacional para delitos graves (arts. 24, 75, inc. 12 y 118) Se trata de un mecanismo según el cual un grupo de gente común decide sobre la culpabilidad o inocencia del acusado.
Los jurados populares permiten la participación ciudadana en la administración de justicia, funcionan en nuestro país en determinadas causas criminales. Esa posibilidad de que un grupo de personas de la misma comunidad pueda decidir respecto a la culpabilidad de imputados por delitos graves tiene un importante efecto institucional: revalorizan a la Justicia, al sistema republicano y a la democracia ante los ojos de la gente, y aumentan la sensación de legitimidad y la confianza de la ciudadanía en los procesos criminales.
En el juicio por jurados los ciudadanos no letrados determinan, de acuerdo con su leal saber y entender si el hecho en cuestión es delito y si el imputado es autor o no del mismo. El veredicto está a cargo de la gente mientras que la sentencia, es decir, la pena a aplicar sigue estando a cargo de los magistrados.
Aunque solo doce provincias aplican el sistema, el juicio por jurados para los conflictos penales está consagrado en nuestra Constitución de 1853.
En general, se trata de que un jurado conformado por doce personas y al menos dos suplentes, elegidos luego de una audiencia de selección, con paridad de género, emita un veredicto que, si es absolutorio, no puede ser impugnado, y en caso de condena, debe ser unánime.
En algunos casos resonantes registrados en el país, los jurados despejaron dudas nacidas de la ambigüedad de las leyes, sobre todo, en casos de legítima defensa en las que un mal interpretado garantismo parece convertir al agresor en víctima y a quien se defiende o defiende a terceros, en criminal.
Inquietud académica
En nuestra provincia existe una creciente inquietud a favor de esta modalidad. Investigaciones desarrolladas desde la Corte de Justicia y de ambas universidades así lo ponen en evidencia.
El pasado 20 de agosto, la Universidad Católica de Salta (UCASAL) se convirtió en el epicentro de un evento académico de gran envergadura: el Seminario de Juicio por Jurados, organizado en colaboración por las Facultades de Ingeniería y Ciencias Jurídicas. Bajo la dirección del Dr. José Aráoz Fleming y los Ingenieros Manuel Zambrano, Angélica Arenas, Juan Francisco Linares y quien escribe, el seminario superó todas las expectativas, congregando a más de 200 asistentes, entre ellos reconocidos profesionales del ámbito jurídico y numerosos estudiantes. Este evento fue declarado de interés provincial por la Cámara de Diputados de Salta, bajo la resolución número 449, Expediente 91-50.644/24.
El seminario fue inaugurado por los decanos de ambas facultades, el Mg. Ing. Néstor Lesser, en representación de la Facultad de Ingeniería, y el Dr. Eduardo Romani, por la Facultad de Ciencias Jurídicas. En sus discursos, ambos destacaron la importancia de actividades como esta para el fortalecimiento de una educación integral y la vinculación con el ámbito profesional que colabore con la sociedad en diversos temas como lo es, en este caso, poner en debate que salta cuente con el sistema de juicios por jurado como aporte al fortalecimiento de la Justicia. La jornada destacó por la participación de la Facultad de Ingeniería, especialmente de la carrera de Ingeniería Industrial, y la sinergia lograda entre esta disciplina y el derecho, una colaboración ejemplificada por el Instituto de Derecho de Nuevas Tecnologías de UCASAL (IDeNTec). Esta integración de conocimientos fue clave en el análisis multidisciplinario, esencial para formar profesionales capaces de enfrentar los desafíos del mundo actual.
El seminario contó con además con la participación de destacados disertantes como los Dres. José Araoz Fleming, Sebastián Lipari (proveniente de Catamarca), Fabián Vittar, Eduardo Barrionuevo, Miguel Ángel Medina, las Dras. Verónica Simensen de Bielke y Pamela Calletti quienes compartieron sus experiencias y conocimientos, enriqueciendo el debate y ofreciendo valiosas perspectivas sobre el sistema de juicio por jurados en Argentina.
La primera disertación estuvo a cargo del suscripto y del equipo de trabajo, compuesto por el Ing. Gonzalo Cortez y el Mg. Lic. Marcos Campos, con la presentación de los resultados de la encuesta realizada a ciudadanos de Salta sobre percepciones respecto de incorporar el sistema de juicios por jurados en Salta.
El estudio presentado en el evento reflejó que, en la provincia de Salta, la percepción de la justicia ha permanecido estancada en una valoración predominantemente negativa. La encuesta revela que el 42,5% de la población considera al sistema judicial como negativo, mientras que el 39,4% lo califica como regular y apenas un 11,3% tiene una opinión positiva. Estos resultados, reflejo de una tendencia sostenida a lo largo de los años, no son exclusivos de Salta, sino que se replican en gran parte del país.
Para comprender las raíces de esta imagen negativa y evaluar posibles soluciones, se ha investigado cómo la ciudadanía salteña percibe la incorporación del sistema de juicios por jurado. La implementación de este sistema, ya en vigor en otras provincias, podría ser una vía para mejorar la percepción de imparcialidad en la justicia. Entre los salteños familiarizados con el concepto de juicios por jurado, el 37,1% cree que este sistema mejoraría significativamente la imparcialidad en comparación con el sistema actual, mientras que un 22,5% piensa que no haría una diferencia significativa, y un 9,1% teme que empeoraría la situación.
Estas cifras reflejan un fenómeno interesante: aquellos que tienen un mayor conocimiento del sistema de juicios por jurado son más propensos a ver su valor. Como ha señalado el Dr. Lípari de Catamarca, donde este sistema ya está en funcionamiento, la incorporación de juicios por jurado ha contribuido a mejorar la imagen de la justicia. Además, el Dr. Fabián Vittar destaca que involucrar a ciudadanos comunes en el proceso judicial fortalece la democracia, al integrar voces representativas de la comunidad en la toma de decisiones judiciales.
La encuesta también reveló que el 69% de los entrevistados valora la participación ciudadana en el sistema judicial. Sin embargo, persisten dudas sobre si la ciudadanía está preparada para este desafío. Un 58% cree que, en alguna medida, Salta está lista para implementar los juicios por jurado. Los principales temores giran en torno a la capacidad de los jurados para comprender los casos, las posibles influencias externas, y la selección de personas verdaderamente imparciales. A pesar de estas preocupaciones, los expertos aseguran que un riguroso proceso de selección del jurado puede mitigar estos riesgos.
Cuando se preguntó sobre la disposición a participar como jurado, el 30,9% de los encuestados afirmó estar dispuesto, el 36,7% lo haría con ciertas condiciones, y un 32,4% no participaría. Este dato es revelador: aunque existe una inclinación hacia la participación, la obligatoriedad sigue siendo un tema de debate. El 35,4% de los entrevistados considera que la participación debería ser obligatoria, mientras que el 55,8% se opone a esta idea.
El estudio muestra que, aunque la imagen de la justicia en Salta es predominantemente negativa, la implementación de juicios por jurado es vista como una oportunidad para mejorar la percepción de imparcialidad y fortalecer la participación ciudadana. Sin embargo, para que este sistema prospere, será crucial abordar los temores y las dudas que persisten en la población.
El evento concluyó con las palabras del Rector de la Universidad Nacional de Salta, Ingeniero Daniel Hoyos, quien resaltó la importancia de este tipo de actividades académicas como motores del desarrollo profesional y de la formación de estudiantes comprometidos con la realidad social y jurídica del país.