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El conflicto en la escuela primaria Rosario Vera Peñaloza, en Alto La Sierra, Santa Victoria Este, expone las tensiones entre las comunidades criolla y wichí en el Chaco salteño. La toma del establecimiento por parte de un grupo de mujeres wichí en protesta por la designación de una docente criolla derivó en enfrentamientos físicos y la suspensión del inicio del ciclo lectivo para más de 200 niños. Este episodio no solo refleja la compleja realidad de la educación intercultural en la provincia, sino que también pone en el centro del debate el papel del Estado, la discriminación y el uso de la violencia como herramienta de protesta.
Pero, ¿quién discrimina a quién?
Para la comunidad wichí, la designación de una docente criolla es vista como una imposición que ignora su identidad cultural y lingüística. Desde la otra vereda, la docente, que nació en Alto la Sierra y pertenece a una familia radicada desde hace mucho tiempo, podría sentirse rechazada por su origen étnico, viéndose también víctima de discriminación. Este dilema revela una falla estructural en el sistema educativo, que aún lucha por integrar de manera efectiva la diversidad cultural en sus prácticas y políticas.
Salta ha dado pasos importantes en la implementación de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB). La titulación de los primeros profesores en Primaria con orientación en EIB, muchos de ellos pertenecientes a comunidades indígenas, y la construcción de lineamientos curriculares específicos, como Ñandereko y Yachayninchej, son avances significativos. Sin embargo, la realidad en las aulas sigue presentando obstáculos: falta de recursos, docentes sin formación suficiente en contextos interculturales y una resistencia generalizada a modelos educativos más inclusivos.
Pero más allá de los desafíos administrativos, los conflictos como el de Alto La Sierra evidencian una carencia de espacios efectivos de diálogo. En un sistema educativo que debería unir, las disputas sobre quién enseña y en qué idioma terminan separando aún más.
El bloqueo de la escuela y la agresión física a una docente son expresiones de un problema más amplio: la normalización de la violencia como forma de reclamo. Más allá de cualquier reivindicación legítima, el costo de estos actos lo pagan los niños, quienes ven interrumpido su derecho a la educación y aprenden que la imposición puede más que el diálogo.
Estudios de UNICEF advierten que la exposición temprana a la violencia tiene consecuencias graves en el desarrollo infantil. Enseñarles que la violencia es una herramienta válida no solo daña su presente, sino que condiciona su futuro.
El Estado debe asumir la responsabilidad de garantizar una educación de calidad que contemple la diversidad cultural sin caer en imposiciones. Esto implica no solo designaciones docentes transparentes, sino también capacitación intercultural para educadores y espacios de diálogo real entre comunidades.
La fragmentación social es otro factor clave. Mientras la comunidad wichi siente que su identidad es ignorada, los docentes criollos perciben que su presencia es resistida. En este escenario de mutuas desconfianzas, nadie gana y los niños pierden.
Para colmo, en medio del conflicto, surge una denuncia aún más preocupante: la presencia de un docente bilingüe acusado de abuso que sigue en contacto con los niños. ¿Cómo puede pedirse confianza en el sistema educativo cuando situaciones así no se abordan con la urgencia y transparencia necesarias?
El conflicto en Alto La Sierra es una muestra clara de que la educación en Salta necesita más que discursos: requiere acciones concretas para integrar, respetar y dialogar. La violencia y los bloqueos no resolverán las diferencias ni construirán un futuro mejor. Como bien dijo Desmond Tutu: "No levantes la voz, mejora tu argumento". En la educación y en la vida, el verdadero cambio viene del entendimiento, no de la imposición.