Emergencia en salud mental

En la página de la Cámara de Diputados de la Nación se puede leer un proyecto de ley propuesto por la diputada Marcela Campagnoli, que aspira a declarar la emergencia en salud mental en Argentina por el término de dos años. El texto, lejos de ser una fórmula más en el mar legislativo, está sostenido por fundamentos duros y precisos que convierten esta iniciativa en un llamado de atención urgente y necesario.

La Ley Nacional de Salud Mental 26.657, vigente desde 2010, establece principios claros: el respeto por los derechos humanos, el abordaje interdisciplinario y la desmanicomialización. Pero ha faltado -y sigue faltando- la voluntad política para proveer recursos humanos suficientes y especializados, así como también hubo un incumplimiento sistemático del presupuesto mínimo del 10% para Salud Mental que debió ser destinado al tratamiento de las urgencias y en programas de prevención. Esta "emergencia" no es nueva; es crónica, porque la salud en serio implica disminuir factores de riesgo, evitar el progreso de la enfermedad y reducir las consecuencias de esta una vez establecida.

Los datos no admiten interpretaciones ambiguas: la salud mental de los argentinos atraviesa una de sus peores crisis históricas. Según cifras oficiales citadas en el proyecto, 1 de cada 3 personas presenta síntomas compatibles con trastornos de ansiedad o depresión. En paralelo, se estima que más del 50% de quienes padecen trastornos mentales no reciben ningún tipo de tratamiento.

La falta de atención primaria y de guardias, la eliminación de hospitales y clínicas monovalentes para atender consultas de salud mental han dejado a los pacientes y a sus familiares literalmente abandonadas a su suerte.

Las consecuencias están a la vista: el suicidio se ha convertido en la segunda causa de muerte entre niños y jóvenes de 10 a 19 años, y los consumos problemáticos siguen creciendo sin un abordaje estatal integral. Mientras tanto, los equipos de salud trabajan al límite, con recursos escasos, salarios insuficientes y condiciones laborales precarias.

Iniciativa

El proyecto también señala una paradoja alarmante: el 60% de quienes acceden a tratamiento lo hacen en el sector privado, aun cuando gran parte de ellos carece de una cobertura adecuada o recursos económicos estables. Esta dependencia del ámbito privado se da, en muchos casos, por la saturación del sistema público y la falta de dispositivos accesibles y sostenidos en el tiempo.

La pandemia de COVID-19 no hizo más que agravar un escenario ya frágil. Las consultas

por angustia, ataques de pánico, fobias, insomnio y violencia intrafamiliar aumentaron de forma exponencial, y como bien señala el texto del proyecto, las secuelas emocionales de esa experiencia colectiva no desaparecieron con las vacunas: persisten y se profundizan, especialmente en los sectores más vulnerables.

Así es cómo crecen las cifras de consumos problemáticos: en nuestro país alrededor de 1.300.000 personas (3,08% de la población total) padecía de trastornos de consumo de sustancias en 2019, cerca de 1.000.000 de alcohol y 320.000 drogas ilícitas. La cocaína es la primera droga ilícita generadora de dependencia en el país, con un 0,31% de la población total, siendo que en ningún país de las Américas y en ninguna región del mundo esta droga es la principal responsable de casos de dependencia. A la cocaína la siguen el cannabis (0,24%), los opioides (0,11%) y las anfetaminas (0,09%).

Se suma a esta larga lista, la Ludopatía, adicción que afecta a adolescentes entre 12 y 16 años capturados por el impulso incontrolable de apostar sin límites en un "juego" perfectamente diseñado para que el ganador sea el que está del otro lado de la pantalla.

Juego

El proyecto propone, entre otras medidas: a) Relevar y fortalecer la red pública de salud mental, incluyendo servicios hospitalarios, centros de salud comunitarios y dispositivos intermedios. b) Implementar programas de formación, capacitación y contratación de profesionales especializados en salud mental. c) Crear unidades móviles de intervención en zonas rurales, periurbanas y barrios vulnerables. d) Ampliar y mejorar los dispositivos residenciales de internación. e) Garantizar el acceso a psicofármacos esenciales y a tratamientos interdisciplinarios. f) Promover estrategias de inclusión social, educativa y laboral de personas con trastorno mental y/o adicciones.

¿Puede una ley declarar la emergencia cuando el problema es estructural y anterior?

Sí, si esa ley es una solución y no un parche. Sí, si esa ley tiene en cuenta a las Organizaciones de enfermos y/o adictos y familiares de pacientes, a las Sociedades científicas del ámbito de la salud mental, a los hospitales y a las Universidades públicas.

Declarar la emergencia no es sólo reconocer la gravedad de la situación. Es también, asumir que la salud mental debe ser una política de Estado y no una respuesta tardía a una tragedia anunciada. Porque "el enfermo mental -dice un adicto en recuperación- está dentro de un pozo profundo donde tiene dos cosas: una pala y una escalera. Y elige la pala".