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La reforma constitucional sancionada en la provincia de Salta en 2021 introdujo significativos avances institucionales en materia de independencia judicial, limitación del poder y fortalecimiento de la democracia. Una de las disposiciones más emblemáticas fue la reforma del artículo 156 de la Carta Magna provincial, que estableció con claridad que los jueces de la Corte de Justicia duran diez años en sus funciones, sin posibilidad de reelección o renovación.
Este cambio normativo no fue menor. El constituyente salteño, atento a los riesgos de acumulación de poder en órganos que requieren máxima neutralidad e imparcialidad, diseñó un modelo de alternancia que garantice la oxigenación del sistema judicial. La periodicidad en el ejercicio del poder no solo es un principio republicano, sino un escudo frente a la personalización de la justicia y a la erosión del pluralismo institucional.
En este contexto, la situación del Dr. Pablo López Viñals vuelve a poner en tensión estos principios. Nombrado Procurador General de la Provincia el 27 de mayo de 2008, cumplió más de dos períodos en dicho cargo, para luego asumir como juez de la Corte de Justicia de Salta, función que también ha ejercido por un período. Actualmente, se encuentra en evaluación una eventual continuidad en dicho rol, lo que podría llevar a que una misma persona cumpla 28 años en las más altas esferas de la magistratura salteña.
Esta proyección temporal resulta manifiestamente contraria al espíritu de la reforma constitucional. La voluntad del constituyente fue inequívoca: impedir la perpetuación en funciones y garantizar la renovación institucional como mecanismo de control, legitimación y confianza pública. La norma no admite interpretaciones equívocas: la duración es limitada, improrrogable y no renovable.
La eternización, una amenaza institucional.
Permitir que una misma persona concentre durante casi tres décadas cargos de máximo nivel dentro de la órbita judicial, no solo transgrede el nuevo marco constitucional, sino que desnaturaliza la noción misma de alternancia, vaciando de contenido los valores republicanos que la sustentan.
La justicia, en su función esencial de contralor de los otros poderes, debe mostrar con el ejemplo su compromiso con la legalidad, la periodicidad del mandato y la transparencia. La eternización en el poder no sólo genera desconfianza ciudadana, sino que reduce la calidad institucional y favorece estructuras de poder permanentes, resistentes al control democrático.
En tiempos donde la legitimidad del sistema judicial está en debate, respetar los límites temporales establecidos en la Constitución no es solo una exigencia normativa, sino un imperativo ético e institucional.