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En los últimos días, el debate sobre la educación argentina se ha colado en la agenda pública no por los aprendizajes, las trayectorias escolares o los desafíos pedagógicos del siglo XXI, sino por un contrato administrativo. El Ministerio de Capital Humano, a través de la empresa estatal Educ.ar, firmó un convenio por 78,6 millones de dólares con la firma OCP Tech S.A., del empresario Leonardo Scatturice, para renovar licencias de software Cisco Meraki en más de 40.000 escuelas públicas de todo el país.
Scaturicce es el propietario del avión que trajo once misteriosas valijas, que eludieron control aduanero y sobre las que no existe explicación oficial. Hace poco, el empresario adquirió la mayoría de las acciones de Flybondi, la aerolínea low cost que se vendía como emblema de la libertad de volar y que ahora tiene de principal accionista a un empresario que viene del mundo de los vuelos privados, pero también del espionaje.
Las noticias educativas de innovación tecnológica suelen pasar de largo para buena parte de la ciudadanía, especialmente cuando los términos técnicos –como "licencias de software", "gestión de redes Wi-Fi" o "canales Gold"– parecen asuntos de ingenieros, y no de educadores, familias o estudiantes. Sin embargo, este contrato no es solo una compra de tecnología, sino una decisión política y educativa de gran magnitud. Y, como especialista en educación y transformación digital, creo necesario abrir este debate más allá de las redes sociales o los tecnicismos.
¿Qué se compró y por qué es relevante? Para comprender el impacto del contrato, es importante conocer qué son las licencias Cisco Meraki. Se trata de permisos anuales que habilitan el funcionamiento de routers y dispositivos de red en las escuelas. En palabras simples, son el "cerebro digital" que controla, filtra y monitorea el acceso a internet en los establecimientos educativos.
Cisco Meraki permite:
- * Encender o apagar puntos de acceso Wi-Fi a distancia.
- * Filtrar contenidos inapropiados (juegos, redes sociales, violencia, etc.).
- * Medir el uso de red, alertar sobre fallos o ataques, y generar reportes centralizados.
En otras palabras, sin estas licencias, los dispositivos instalados en las escuelas no funcionan. El Wi-Fi escolar –clave para cualquier programa educativo digital, como el reciente Programa Argentino de Innovación de la Educación con Inteligencia Artificial (PaideIA)– queda inhabilitado.
En este contexto, la renovación del contrato garantiza continuidad operativa para el ecosistema digital escolar. En un país donde muchas veces la conectividad es frágil, discontinuar el sistema actual habría significado una crisis inmediata: miles de escuelas desconectadas, suspensión de plataformas de gestión escolar, retroceso en las pruebas Aprender digitales y freno a cualquier innovación pedagógica basada en tecnología.
Ahora bien, que la continuidad tecnológica sea necesaria no implica que toda contratación pública esté libre de objeciones. En este caso, los cuestionamientos son múltiples, y no solo desde sectores opositores al gobierno actual. Veamos los puntos más problemáticos:
- Contratación directa y sobreprecio. En 2021, el mismo sistema de licencias se contrató mediante licitación pública, a un valor promedio de US$26,6 por escuela por año. En 2024, se pagará US$70,3 por escuela por año. Esto representa casi el triple del precio anterior, y un valor que supera incluso los precios internacionales de referencia (estimados entre US$30 y US$50 por escuela, para compras en volumen). La explicación oficial alude a la urgencia de renovar licencias próximas a vencer, y a que OCP Tech es canal Gold de Cisco (uno de los niveles más altos de certificación). Sin embargo, esto no justifica:
- - Que se haya evitado una licitación competitiva.
- - Que no se haya negociado directamente descuentos por volumen.
- - Que no se haya planteado una estrategia pública para reducir el costo, como hicieron otros países de la región.
* Modelo de dependencia tecnológica
El sistema Cisco Meraki tiene una ventaja evidente: control centralizado. Desde un panel nacional, se puede administrar el acceso a internet de todas las escuelas del país. Pero esta eficiencia técnica tiene una contracara peligrosa: dependencia absoluta del proveedor.
Si el Estado no paga las licencias, el sistema se apaga. No hay una "versión gratuita" o funcional sin licencia. Además, no se trata de un software de código abierto, ni de un modelo interoperable. Es, en términos técnicos y políticos, un sistema cerrado.
Este modelo debilita la soberanía tecnológica. Las decisiones sobre conectividad, accesos, filtros o mejoras dependen de una empresa extranjera (Cisco), intermediada por una firma nacional (OCP Tech), y no de un sistema público diseñado con estándares propios.
* Ausencia de planificación estratégica
Más allá del episodio puntual, lo que preocupa es la ausencia de una política de conectividad educativa con visión de largo plazo. ¿Cómo se articula esta compra con el plan PaideIA? (*) ¿Qué infraestructura requiere la integración de la inteligencia artificial en las aulas? ¿Cuánto invertirá el Estado en capacitación docente, infraestructura local, soporte técnico y sostenibilidad digital?
La tecnología educativa no es solo una cuestión de "hardware" o "software". Es, sobre todo, una cuestión pedagógica: cómo se integra al currículum, cómo mejora la calidad educativa, cómo acorta brechas y garantiza equidad. Y para eso, no alcanza con tener routers encendidos: se necesita un Estado inteligente.
* Soberanía digital: el debate que falta
La palabra "soberanía" suele invocarse para temas geopolíticos, pero en el siglo XXI también se aplica a la infraestructura digital. Hoy, una escuela puede estar cerrada físicamente, pero seguir funcionando a través de plataformas virtuales. En ese contexto, la conectividad es tan estratégica como la electricidad o el agua.
Varios países latinoamericanos ya avanzan en esta dirección. Chile desarrolla redes educativas públicas con software libre y soluciones propias. Uruguay, a través del Plan Ceibal, diseña su propia infraestructura digital. Incluso en Europa, la Unión Europea promueve soluciones interoperables que reduzcan la dependencia de gigantes tecnológicos.
Argentina, en cambio, parece repetir un patrón peligroso: grandes compras centralizadas, dependencia de proveedores extranjeros, y poca transparencia en los procesos. La innovación no debería depender de un contrato específico, sino de una estrategia nacional de soberanía tecnológica para la educación.
¿Y ahora qué? No se trata de suspender contratos que garantizan la continuidad del sistema. Sería irresponsable cortar la conectividad de miles de escuelas por una polémica técnica. Pero sí se trata de exigir transparencia, planificación y alternativas. Algunas propuestas urgentes:
- * Auditar el contrato vigente, con participación de universidades públicas, expertos y organizaciones de la sociedad civil.
- * Desarrollar una estrategia de transición, que permita diversificar proveedores, adoptar soluciones abiertas y reducir costos.
- * Capacitar a equipos técnicos para no depender de terceros.
- * Establecer estándares nacionales de conectividad, basados en el acceso universal, la interoperabilidad, la seguridad de datos y la protección de la infancia.
La inteligencia artificial, los sistemas de gestión en la nube, la educación híbrida o los campus virtuales no son conceptos futuristas. Son parte del presente educativo y deben construirse sobre bases sólidas. Una de ellas es la conectividad. Pero no cualquier conectividad: debe ser accesible, abierta, segura y gestionada con criterios de soberanía.
Este contrato, como muchos en el ámbito estatal, mezcla necesidades legítimas con decisiones controvertidas. Evita un colapso tecnológico en el corto plazo, pero consolida un modelo costoso, centralizado y dependiente.
Argentina necesita discutir más seriamente cómo construye su infraestructura educativa digital. La educación del futuro exige mucho más que redes Wi-Fi encendidas: exige Estados inteligentes, decisiones éticas y pedagogías conectadas con el bien común.