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El Estado lleva 31 años incumpliendo un mandato constitucional: sancionar una nueva ley de Coparticipación. Y todo indica que podemos seguir así por mucho tiempo. En primer lugar, ni la nación ni las provincias están dispuestas a ceder nada, lo cual es bastante lógico dentro de lo que el pensamiento dominante en la política argentina acerca de lo que significa el poder y el gobierno. Pero, sobre todo, porque ninguna de las fuerzas que hegemonizan el poder, los libertarios y los restos desmembrados del peronismo, tienen un proyecto de desarrollo humano y sustentable. Y tiene que ser humano, porque la sociedad entera es la base del Estado y si el poder no responde, tarde o temprano, estalla o se desmorona. Y sustentable, porque las normas del comercio internacional así lo exigen.
La falta de objetivos nacionales compartidos, obstruida ahora por dogmatismos destructivos, impide abordar otro déficit en el cumplimiento del mandato constitucional: la igualdad de derechos. No es que "donde hay una necesidad hay un derecho", una generalización ambigua que obligaría al Estado a dar trabajo, casas y vacaciones pagas. La igualdad de derechos se refiere a una economía que genere empleo genuino, a servicios hospitalarios de excelencia accesibles a todos los habitantes; a una educación pública (de gestión estatal o privada) que no excluya a nadie; a una jubilación digna y proporcional a los servicios prestados por cada persona.
En la Argentina, el desequilibrio económico y poblacional es muy grave y obedece a distintas causas. La centralización del sistema tributario y la coparticipación permiten distribuir la recaudación con un criterio un poco más equitativo, pero insuficiente. Si los impuestos nacionales, tal como están hoy, fueran recaudados por las provincias, y estas a su vez, lo coparticiparan a la Nación, se profundizarían los desequilibrios.
Hoy, el gobierno libertario manipula los ingresos reteniendo los fondos correspondientes a obras públicas, impuesto a los combustibles y ATN de manera de lograr el superávit fiscal.
Por otra parte, la doble o triple imposición. Con una economía no registrada que merodea el 50% del total y con las urgencias que se generan en las provincias el sistema tributario es un caos, y el futuro de la paz social, sombrío. Lo cierto es que, desde el 10 de diciembre de 2023 -no antes, porque el gobierno de Alberto Fernández fue una agonía- Javier Milei debió vociferar un poco menos y ahorrarse el lenguaje escatológico y convocar a un acuerdo técnico y político para una reforma tributaria, previsional, laboral y previsional, y de ahí avanzar hacia una nueva coparticipación. Una convención representativa con la participación de los colegios profesionales, las universidades, el gobierno, las provincias, los partidos con representación parlamentaria y demás entidades idóneas para reformar la estructura del país. Claro, eso no lo hacen la ley del mercado ni el mesianismo chavista.
Y esa reforma, convertida en un cuerpo de proyectos de ley, debería ser sancionada por el Congreso.
Porque en esa reforma debe considerar los desequilibrios que hoy existen entre las regiones, las alternativas para garantizar el desarrollo; la depuración y supervisión de las auditorías para comenzar a eliminar el sistema feudal que prospera de la mano de la Coparticipación actual; sanear el régimen de recaudación, que hoy cierra los ojos ante los "paraísos fiscales" que abundan en cada punto del país.
Un programa que contemple las obras de infraestructura con una visión nacional y federal y no solo como la oportunidad de que los presidentes, gobernadores e intendentes se saquen fotos anunciando proyectos.
Demasiados. Imaginar un acuerdo en tiempos de virulencia política, cuando unos y otros se desconocen como miembros de una misma nación, hasta niveles de odio, suena a utopía. Parece más probable un acuerdo entre los verdaderos gorilas y mandriles, los de la selva, que entre nuestros líderes. Pero, no es una utopía: es el único camino posible para frenar la decadencia.