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El hombre, un caso, las consecuencias. Este cronista pensó que ese era un buen orden para exponer ideas que pueden ser controversiales. Se propuso empezar por el hombre y así decir que el objeto principal de esta nota es el doctor Alexandre de Moraes, actual ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Es un sitial que comparte con otros diez jueces de la misma jerarquía, al que llegó en el año 2017, durante la presidencia de Michel Temer. Si bien ocupó distintos cargos en el Poder Ejecutivo de su país, la justicia ha ocupado la mayor parte de su carrera, tanto en el Ministerio Público, como Fiscal, como en la judicatura propiamente dicha.
El caso que tiene en sus manos por estos días, muy agitados para él, es de naturaleza penal y el principal imputado es el ex presidente Jair Bolsonaro. El juez investiga el ataque a las instituciones que se hizo en la ciudad capital, Brasilia, en el año 2023, con el objetivo de impedir la asunción del presidente electo, LuizInácio "Lula" da Silva. Con más detalles, se intenta reconstruir un golpe de Estado y todas las acciones u omisiones llevadas a cabo para el alzamiento y la sublevación, además de establecer quienes financiarontan compleja operación. Casi un año después, como un ejemplo de hasta dónde se proponían llegar los gestores de la turba que invadió las principales sedes del gobierno federal, un hombre se suicidó activando un chaleco cargado de explosivos, justo frente a la sede del tribunal que integra el juez de Moraes.
Entre el ex presidente Bolsonaro y el actual presidente de los Estados Unidos de América, señor Donald Trump, hay ciertas afinidades ideológicas y la simpatía que puede generarse en torno del poder. Desde hace tiempo, se dice que uno de los hijos de Bolsonaro, que reside en el gran país del Norte, es un operador incansable de una causa que pretende eximir a su padre de toda responsabilidad penal en el caso que investiga de Moraes.
La extrema gravedad de la acusación contra Bolsonaro, que bien podría traerle consigo una condena estimada en cuarenta años de prisión, junto a una actividad política que no ha detenido, salvo por alguna contingencia derivada de su quebrantada salud, hizo que el juez de Moraes le impusiera ciertas reglas limitativas de su circulación y exhibición pública. El ex presidente tiene colocada una tobillera electrónica y no puede usar redes sociales; tampoco puede participar en las redes de terceros, porque si lo hace, el juez le había anticipado que lo dejaría detenido en su casa. Finalmente, ante un incumplimiento comprobado, de uso de redes sociales de terceros, así fue. Está con prisión domiciliaria, con tobillera, en su domicilio.
Poco después de estas medidas, el presidente Trump tomó decidido partido por Bolsonaro y se puso en contra del juez; también de Brasil. Algunas medidas tienen nombre y apellido: la cancelación de la visa de él y sus familiares; el embargo de propiedades que pudiera tener en los Estados Unidos,por ejemplo. Otra fue contra el país en el que el juez ejerce: el aumento de los aranceles a todos los productos que Brasil exporta a los Estados Unidos.
Eso no fue todo, porque mediante el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el juez de Moraes fue incluido en la llamada Ley Magnitsky, vigente desde el año 2012, que permite sancionar a ciudadanos sospechosos de graves violaciones de derechos humanos, corrupción a gran escala, lavado de dinero y narcotráfico. También habilita para aplicar sanciones económicas y migratorias por actos ilegales. La ley lleva el nombre de un abogado ruso, presuntamente víctima de un homicidio en el cuallos responsables serían ciudadanos de la misma nacionalidad.
Concretamente, el juez deMoraes es considerado responsable de una campaña de censura y detenciones arbitrarias, que violan los derechos humanos, y de conducir procesos judiciales politizados -como el de Bolsonaro, por ejemplo-.
Las mayores repercusiones a esta clase de medidas dirigidas claramente a un juez en pleno ejercicio de sus funciones y a cargo de ciertas causas, fueron duramente criticadas, dentro y fuera de su país. Mientras tanto el juez ha mantenido su actitud prudente. Como no es fácil de llevar ni de permanecer en silencio, no se privó de decir que tanto él como el tribunal no cederán ante sanciones ni presiones extranjeras, orientadas a influir en el caso Bolsonaro; que decidir ese caso está en la agenda de la oficina y que será resuelto antes de fines de este año; y que existe un compromiso de todos con el Estado de Derecho, con la soberanía nacional y la independencia del Poder Judicial. Toda una verdadera declaración de principios.
Después de conocerse la orden de prisión domiciliaria para Bolsonaro, senadores de su grupo político anunciaron que pedirán la destitución del juez de Moraes. Ya hubo una sesión tumultuosa en el Congreso, como consecuencia de la misma decisión.
Hace ya muchos años, en el mismo país que aplicó una ley contra el crimen organizado a un juez de un país ubicado en el antes denominado "patio trasero" -n. del a.: expresión de los tiempos del gran garrote, asociada con el presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, quien la utilizó como parte de su política exterior-, hubo un juez que hizo historia. Se llamó Jhon Marshall, cuyos padres tuvieron quince hijos en total; un hombre que vivió los horrores de la guerra de la independencia; que se graduó como abogado y que bien podría haberse destacado en el ejercicio profesional. Menos mal que fue invitado a formar parte de un gobierno en el área de Justicia y que un día fue nombrado Presidente de la Suprema Corte de los Estados Unidos, cargo que honró durante treinta y cuatro años, entre 1801 y 1835.
Un juez fundacional, literalmente. Los padres fundadores, redactores de la Constitución de 1787, habían diseñado un país con tres funciones muy bien delimitadas en el papel. La realidad siempre es más difícil.
Este hombre singular se propuso instalar la idea base de una república en serio, en el cual el poder judicial debía ser un baluarte de justicia. Nada más pero nada menos. Baluarte, en concreto, significa enfrentar a los poderosos de siempre. Supone un compromiso existencial para impedirles que pasen por alto la Constitución, sólo por la fuerza de su época.
Las luchas de los buenos jueces son muy parecidas en todas las latitudes. La estatua de Marshall, sentado, como Abraham Lincoln, recibe a todos los visitantes de la sede de la Suprema Corte, en Washington D.C.El caso más emblemático en el que intervino se conoció como "Marbury vs Madison". La denominación completa fue "Willliam Marbury v. James Madison, SecretaryofStateoftheUnitedStates, FebruaryTerm, 1803". En uno de los párrafos más elocuentes de su voto, escribió para la posteridad: "…Cuando la gente adopta una Constitución, es porque está imponiendo límites que no pueden ser soprepasados. Por lo tanto, es un principio fundamental de nuestra sociedad, que cualquier ley en conflicto con la Constitución sea anulada. Si fuera lo contrario, mantener en vigor una Constitución sería un absurdo atentado de la gente que establece esos límites. Es, enfáticamente, de la competencia y deber del departamento judicial indicar qué son las leyes, debiendo siempre decir a favor de la Constitución y borrar cualquier ley que cause conflictos, Una ley opuesta a la Constitución, debe ser anulada…" -la cita proviene de un pequeño y gran libro, escrito por John R. Cúneo: "John Marshall, juez incorruptible", página 79; traducción de Ana Silvia Villegas; Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos; México, 1975-. Dicho sea de paso, con ese fallo se sentaron las bases del control constitucional de los asuntos de Estado, que haría el Poder Judicial.
Las sanciones personales y el etiquetamiento que se aplicó mediante una ley del Congreso en contra de un juez del máximo tribunal de un país soberano, con el que los Estados Unidos mantiene relaciones diplomáticas y un gran intercambio comercial, difícilmente pasaría por un filtro como el del juez Marshall. Haciendo lo que él cree que debe hacer, en un lugar que queda muy lejos de la Casa Blanca, de Moraes es un Señor Juez.