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La de ayer fue una jornada elocuente para el Gobierno, la oposición y, sobre todo, para la ciudadanía, que fue testigo de episodios de violencia causados por el extremismo de sectores sin proyecto ni credibilidad.
El debate sobre la reforma laboral acordada por el gobierno de Javier Milei con los bloques dialoguistas, que desde la mañana se encaminaba hacia una segura sanción en el Senado, mostró el éxito del diálogo y el acuerdo en política, por parte del oficialismo, y los notables límites del justicialismo para vertebrar una dirigencia y una estrategia que le permitan recuperar su antigua representatividad.
La CGT, símbolo del peronismo originario, que se sostuvo por décadas como una organización protagónica y de enorme peso político, ayer no pudo realizar el acto que tenía programado. La movilización que convocó fue cooptada por activistas violentos. Resulta muy difícil establecer con seguridad la identidad política de esas personas, que utilizaron bombas molotov y destruyeron las veredas a mazazos para apedrear a los policías. Lo seguro es que no representan ni a los trabajadores ni al sentimiento y el pensamiento de la inmensa mayoría de los argentinos.
Pero el balance, que una mirada ingenua describiría como una victoria política de Milei, debe ser más bien una advertencia. El único triunfo genuino sólo va a producirse cuando una sólida gestión de los tres poderes del Estado, armónicamente, pueda comenzar a recomponer un sistema laboral fracturado y el consecuente deterioro de la calidad de vida en el país.
Este proceso viene ocurriendo desde hace décadas y ningún gobierno logró detenerlo. La que se trata en estos días más que una reforma laboral, es solo un retoque.
Según un informe de la consultora IDESA, publicado en noviembre pasado, más de la mitad de los trabajadores (52%) está en la informalidad o el cuentapropismo, con ingresos que promedian la mitad de la remuneración en un empleo formal. Solo el 31% de la fuerza laboral tiene empleo privado registrado y el 17% restante trabaja en el sector público. El 22% de las personas en edad de trabajar no tiene empleo ni lo busca.
Los datos hablan por sí solos. La retórica política suele disfrazar con espejismos la falta de proyectos con objetivos claros y la impotencia para generar cambios profundos. Eso es el "relato". Y esa narrativa hueca puede tener la forma mesiánica del estatismo bolivariano o la visión antagónica, el culto al poder mágico de la voluntad y del mercado.
La gran reforma que necesita el país para recuperar cierta prosperidad debe abarcar el sistema impositivo, la construcción de un régimen federal genuino en la distribución de recursos y apuntar a un desarrollo equilibrado en todo el territorio. Eso no lo garantizan ni el Estado solo ni el mercado por su propia dinámica.
Milagros no hace nadie, pero el desarrollo no es una utopía.
En dos años, el gobierno libertario logró éxitos por la vía del acuerdo y fracasó cuando se encandiló con devaneos ideológicos. La inflación, su gran trofeo, todavía no está garantizada, ni lo va a estar mientras las opciones financieras pesen más que las urgencias económicas.
El país necesita instituciones estables y partidos políticos que las garanticen, para generar confianza en los inversores.
Por eso, queda muy claro que la idoneidad política y la armonía entre los tres poderes del Estado es nuestro flanco más débil, y la crisis más difícil de resolver.