inicia sesión o regístrate.
La causa judicial que investiga al exdiputado nacional por Salta Emiliano Estrada por la presunta creación de una supuesta usina de desinformación financiada con fondos del Congreso Nacional pasará a tramitar en los tribunales federales de Comodoro Py. La decisión fue adoptada por la Cámara Federal porteña, que resolvió que el expediente continúe en el Juzgado Federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello, con intervención del fiscal Guillermo Marijuán. Hasta ahora la causa estaba en el Tribunal Federal N° 2 de Salta.
El traslado de la causa se fundamenta en el origen de los recursos públicos involucrados y en el lugar donde, según la investigación, se habría montado la estructura para generar contenidos en redes sociales: las oficinas del entonces legislador salteño en la Cámara de Diputados. El juez Roberto Boico explicó en su resolución que, al tratarse de sueldos de asesores financiados por el presupuesto del Congreso y de actividades vinculadas al ejercicio de una función nacional, corresponde que la causa sea investigada en la justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el 16 de enero de 2025, en la que se acusó al exlegislador de utilizar fondos estatales para financiar la creación de cuentas anónimas, principalmente en TikTok, desde donde se habrían difundido contenidos difamatorios dirigidos contra funcionarios, empresarios y periodistas. Según la acusación, el material vinculaba al gobierno de Salta con el narcotráfico y buscaba influir en la opinión pública o generar intimidación.
La Fiscalía Federal de Salta, a cargo de Carlos Amad, sostuvo que estas maniobras habrían sido realizadas con fines políticos y que el uso de recursos del Estado para campañas de desprestigio constituiría una violación a la Ley de Ética Pública. En ese marco, tras finalizar su mandato en diciembre y quedar sin fueros, Estrada fue imputado por los delitos de abuso de autoridad y peculado de servicios.
El fiscal Amad sostuvo que no se cuestionaba el derecho a opinar ni el discurso político, sino el presunto abuso de autoridad al ordenar la creación de videos con "contenidos dudosos" que insinuaban vínculos del gobierno provincial con actividades delictivas. Según la hipótesis fiscal, el material fue encargado a empleados legislativos durante su jornada laboral, lo que implicaría la utilización de fondos del Estado Nacional.
Durante el trámite del caso se produjo un conflicto de competencia entre distintas jurisdicciones. Mientras la Justicia federal en Salta investigaba la producción de los contenidos y la participación de los asesores, en Comodoro Py se analizaba la eventual responsabilidad del diputado en la administración de los recursos del Congreso. El fiscal Marijuán pidió unificar los expedientes en Buenos Aires para evitar decisiones contradictorias y abordar el caso de manera integral.
El juez Casanello coincidió con ese criterio y solicitó que la jueza federal de Garantías N° 2 de Salta, Mariela Giménez, se inhibiera de continuar interviniendo. La magistrada rechazó inicialmente el pedido al sostener que los hechos investigados habían ocurrido bajo su jurisdicción y que su investigación había comenzado primero. La disputa llegó a la Cámara Federal porteña, que finalmente resolvió que el expediente sea remitido a Comodoro Py.