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El gobierno lo hizo otra vez: gritó gol, invadió la cancha y festejó -como siempre- hiperbólico. Pero la pelota había pegado en el travesaño y sólo entró el botín. El oficialismo, en una carrera desaforada, se tropezó con los cordones y pateó mal. La subrepticia inclusión del artículo 44 (Título VII) dentro de la tullida Reforma Laboral referido a licencias por accidentes o enfermedades ocurridos fuera del ámbito laboral, puso en jaque a la norma luego de la media sanción en el Senado.
Digo "tullida" porque el Gobierno pasó del enfático "no se va a cambiar ni una coma del proyecto original" a conceder, antes de su tratamiento en el Congreso, no menos de 28 modificaciones. Algunos celebran la practicidad. Otros hablan de aprendizaje. Yo, que soy literal y le doy valor a la palabra - sobre todo la de quienes decían "que negociar era 'tranzar'" y prometieron "no negociar con la 'casta'"-; veo "casta" y veo impericia e improvisación. Pasó con la Ley Bases, con la Ley de Discapacidad, con la Ley Educativa; y ahora con esta "Ley de Modernización Laboral". Modernización que no contempla trabajos en plataformas, billeteras virtuales, cambios laborales por la Inteligencia Artificial ni nada -nada- que "huela" a siglo XXI.
El apuro era por llegar con este trofeo a la apertura de sesiones para poder seguir autoproclamándose "el gobierno más reformista de la historia". Para ser justos, el trofeo es sensible; es la primera vez que un gobierno no peronista logra sancionar una reforma laboral. No es algo menor; algo está cambiando.
Pero el tema del Artículo 44 desnuda la pulsión por destruir el sistema antes que corregirlo. Cuando duele la cabeza, su primer instinto es cortarla. La modificación establecía que, si un trabajador sufría una enfermedad o un accidente fuera del ámbito laboral, cobraría el 50% o el 75% de su salario -mientras durara su ausencia-; según circunstancias arbitrarias difíciles de determinar, en especial sobre cómo medir el grado de responsabilidad del trabajador. La lógica, decían, es desalentar las "licencias eternas".
La intención puede sonar razonable; el método no. Hay mil maneras de combatir abusos antes que castigar indiscriminadamente a quien se enferma o se accidenta -sin querer- en su vida privada. Porque hay vida más allá del trabajo; una vida que forma parte de la salud integral de las personas. Hago deporte -actividad sugerida por cualquier médico- y me quiebro; mitad de sueldo. Me chocan: lo mismo. Sufro de un ataque de pánico; o una depresión; igual. Me detectan cáncer; un recorte del 25%. Sobre llovido, escupido. Yo no elijo enfermarme ni accidentarme. Nadie lo hace. No entiendo qué falta de empatía hace que por sobre el infortunio quieran, además, castigar.
Dicen que el diablo está en los detalles y es exactamente aquí donde mostraron la hilacha. Porque para que el sistema funcione como ellos lo imaginan, debemos aceptar que "una enorme mayoría" se quiebra a propósito para no ir a trabajar. Que "muchos" simulan enfermedades psiquiátricas graves o tener cáncer. Y que existe una conspiración de "una gran cantidad" de profesionales dispuestos a extender certificados falsos. Pero no mostraron estadísticas; sólo vaguedades como "muchos" y "un montón". Así no se hacen políticas públicas.
Según Chequeado, "los datos oficiales muestran que, en 2025, el ausentismo sobre la dotación total fue del 12,6%; una de las marcas más bajas desde que hay registro". Si ese 12,6% era un problema tan grave, ¿por qué no auditar cada ausencia y cada licencia? ¿Por qué no controlar al sistema de salud? ¿Por qué no perseguir al que miente en lugar de castigar al que no? La solución a los abusos no es nivelar hacia abajo; ni hacer pagar a justos por pecadores. Cuando el Estado no sabe distinguir, simplifica. Y cuando simplifica demasiado, termina siendo cruel. Ya lo fue con la Ley de Discapacidad.
La nueva legislación contempla, entre otras cosas, la creación de un fondo para indemnizaciones administrado por manos privadas bajo control de la CNV a costa de desfinanciar la Seguridad Social (¿la versión libertaria de las anteriores AFJPs?); la eliminación del pago obligatorio de horas extras, la creación de un "banco de horas"; la posibilidad de extensión de las jornadas de trabajo; cambios en las vacaciones y la limitación del derecho a huelga al establecer coberturas mínimas del 75% para sectores esenciales: salud, educación, transporte, energía y agua.
Se insiste en que estas medidas mejorarán la empleabilidad. No lo creo. El empleo genuino no nace de un recorte de derechos ni de un ajuste sobre quienes están lastimados o enfermos. Nace del crecimiento económico y de la inversión. La reforma laboral no va a crear trabajo per-se; eso es poner el carro delante del caballo. Y no se llega lejos así. Además, persiste un problema conceptual: las leyes no pueden hacerse a las apuradas para esgrimir trofeos en discursos de tablón.
Pero, al final del día, con la aprobación de esta ley y de la sanción de la Ley Penal Juvenil, el gobierno se abrochó los botines y esta vez sí anotó un par de goles. Ahora queda ver cuánto empleo real creará esta "revolucionaria" modernización laboral. Y cuánto bajará el delito tras la disminución de edad de imputabilidad. Caso contrario, no quiero imaginar qué nuevas aberraciones querrán implementar.