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La polémica iniciativa de Donald Trump de convertir a Canadá en el 51° estado de la Unión y su áspera controversia con el primer ministro Mark Carney, agravada por las medidas arancelarias estadounidenses contra las exportaciones canadienses, generaron un inédito clima de tensión entre Washington y Ottawa que otorgó una inesperada trascendencia política al movimiento separatista de la provincia de Alberta, sobre todo a partir de la confirmación de que algunos de sus promotores habían mantenido contactos con la Casa Blanca.
En Alberta, una próspera provincia del Canadá británico situada en la frontera con Montana en Estados Unidos y dueña de gigantescas reservas petrolíferas, se está incubando un fenómeno secesionista cuyos líderes equiparan con el Brexit o el independentismo catalán. No se trataría de convertirse en estadounidenses, pero sí de erigirse en un estado soberano, en un reclamo similar al que desde hace décadas lleva adelante el movimiento separatista de Quebec, epicentro del Canadá francés.
Alberta produce más del 80% del petróleo canadiense y el 60% de su gas natural. Su territorio alberga reservas de las denominadas "tierras raras", cada vez más demandadas internacionalmente. La producción de energía y su nivel de exportaciones son la causa de su éxito económico. Al mismo tiempo, diversificó su estructura productiva, expandiéndose hacia otros sectores como la aviación, los alimentos, el turismo y la alta tecnología.
La provincia se ha transformado en el destino preferido por muchos canadienses que buscan escapar del alto costo de vida. Desde hace tres años lidera la recepción de inmigrantes internos, en particular jóvenes. Las proyecciones sugieren que en 2030 superará a la Columbia Británica como la tercera provincia más poblada de Canadá. Calgary, su principal ciudad, se ha consolidado como un centro de primer nivel.
Esta corriente independentista ganó fuerza con el ascenso al poder de la primera ministra de Alberta (cargo que en Canadá tiene funciones equivalentes a gobernador), Danielle Smith, del Partido Conservador Unido, abiertamente enfrentada con Carney y su Partido Liberal. A pesar de que Smith niega toda intención secesionista, su gobierno impulsó la sanción de una ley que redujo del 20% al 10% de los votantes el requisito mínimo de firmas necesarias para la convocatoria a una consulta popular en la que se pondría a consideración la propuesta separatista.
Con ese aliciente, Dennis Modry y Mitch Sylvestre, las dos figuras más relevantes del Alberta Prosperity Project (APP), lanzaron una intensa campaña para recolectar antes del 2 de mayo las 177.732 firmas exigidas para forzar un referéndum en octubre de este año. Si bien los sondeos de opinión indican que el voto por el "sí" no superaría el 30% del electorado, los independentistas confían en que el rechazo ampliamente mayoritario de la población de Alberta al gobierno de Carney podría inclinar la balanza de la consulta popular.
Modry, médico cirujano, es un apasionado defensor del independentismo. Sostiene que la historia de Alberta no comenzó con una adhesión voluntaria a un proyecto común sino como una anexión, fechada en 1905, cuando el gobierno central constituyó a ese territorio del oeste canadiense, con una población predominantemente indígena y notorias similitudes con el "viejo oeste" estadounidense, en una nueva provincia de Canadá.
Según Modry, la Confederación canadiense no fue producto de un pacto sino de una absorción. Suele citar una declaración de Clifford Sifton, entonces ministro del Interior, quien en 1904 sostuvo: "Deseamos que el gran comercio de las praderas del oeste sirva para enriquecer a nuestra gente en el este y para levantar nuestras fábricas y lugares de trabajo".
Para Modry "cada año Alberta entrega unos 75.000 millones de dólares a Ottawa y recibimos de vuelta unos 30.000 millones". Añade que la provincia sobrefinancia con sus aportes el sistema nacional de pensiones y el seguro de desempleo. Describe este esquema fiscal como "confiscatorio", diseñado para drenar recursos desde el oeste hacia el este. Estima que a lo largo de su historia Alberta ya transfirió a Ottawa alrededor de un billón de dólares.
¿Un caballo de Troya?
Pero detrás de las reivindicaciones económicas aflora una cuestión de identidad cultural. Para Modry existe una "brecha filosófica" entre el este y el oeste de Canadá: "La cultura de Alberta cree que si cuidas los derechos individuales, cuidarás los derechos de la sociedad. Y en el este del país hay gente que piensa que es al revés, pero eso no funciona".
En su interpretación, Ottawa encarna una "visión colectivista" que colisiona con el individualismo propio de Alberta. En esa diferenciación ocupan un lugar destacado la defensa personal y el alcance del derecho de propiedad. Sus quejas vinculan la cuestión de la portación de armas con la autonomía política: "en Canadá no tenemos derecho a poseer armas de fuego".
La retórica altisonante de Trump obliga empero a los dirigentes separatistas a una aclaración constante. Aunque algunas encuestas sugieren que el 70% de sus partidarios más convencidos estarían predispuestos a considerar su anexión a Estados Unidos, sus líderes buscan permanentemente despegarse de esa idea: "Convertirse en Estados Unidos ni siquiera está bajo la mesa", enfatiza Modry.
Sin embargo, esos desmentidos conviven con una realidad bastante más ambigua. El "Financial Times" de Londres reveló que en los últimos meses dirigentes separatistas mantuvieron reuniones secretas con funcionarios del Departamento de Estado, en las que los visitantes habrían sondeado la posibilidad de un respaldo financiero de Washington de US$ 500.000 millones en caso de que prosperara el referéndum independentista.
El malestar en Ottawa se agravó después de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, describiera a Alberta como "un socio natural de Estados Unidos", destacara el valor de sus recursos energéticos y elogiara el espíritu "muy independiente" de su población.
Aún con un hipotético pronunciamiento favorable en el referéndum, la secesión de Alberta aparece legalmente muy complicada. El veredicto de las urnas no tendría un carácter vinculante. La Ley de Claridad Federal, sancionada a raíz del ajustado resultado del referéndum independentista de Quebec de 1995, faculta al Parlamento canadiense decidir si la pregunta formulada fue suficientemente "clara" y si el escrutinio establece una "mayoría clara", una expresión ambigua que no estipula un umbral concreto de aprobación.
Pero las dificultades para la separación tampoco terminarían con la admisión parlamentaria del resultado de la consulta. La salida de Alberta de la Confederación necesitaría, además, la aprobación de la mayoría de ambas cámaras legislativas y el respaldo de al menos siete de las doce provincias, que encima representen más del 50% de la población del país.
Esa carrera de obstáculos, sumada al hecho objetivo de que Alberta carece de una salida propia al mar, al que solo puede acceder a través de México o en su defecto de Estados Unidos, parecerían condenar irremisiblemente al fracaso las tentativas independentistas. Pero un eventual triunfo del "sí" en una consulta popular podría desencadenar una crisis institucional de enormes dimensiones, cuya superación exigiría trabajosas negociaciones entre las partes involucradas.
Allí podría estar la apuesta política de la primera ministra Smith cuando facilitó legalmente la convocatoria al referéndum: Alberta y eventualmente otras provincias dominadas por la oposición conservadora podrían aprovechar la oportunidad para lograr una reforma constitucional de neto corte "federalista" que incremente sensiblemente sus autonomías y reduzca drásticamente el poder de Ottawa.
En el gobierno canadiense existe una creciente preocupación por un que lleve a Alberta a negociar un tratado de integración económica con EEUU abierto a la posterior adhesión de otras provincias canadienses, que Trump festejaría por sus propósitos anexionistas.